Casi una semana de protestas sacudieron a Santander, Boyacá, Norte de Santander, Casanare, Cundinamarca, Cesar y Risaralda, con bloqueos de corredores logísticos, vehículos de carga pesada inmovilizados, alcaldes distanciándose del Gobierno nacional y congresistas de todos los partidos exigiendo la suspensión del proceso. Las protestas, desencadenadas por la Resolución 2057 de 2025 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), afectaron 13 carreteras, pero Antioquia permaneció al margen de este mapa de conflictividad. La razón reside en un detalle técnico crucial: de los 527 municipios cuyo avalúo catastral rural fue ajustado automáticamente por la resolución del IGAC, ninguno pertenece a Antioquia.
El departamento, simplemente, no figuraba en esa lista. Esta situación se explica por la estrategia que Antioquia ha implementado durante años en materia catastral, permitiéndole actualizar los predios sin generar el impacto abrupto que afectó a regiones como Santander, Arauca o Boyacá.
La Resolución 2057 del IGAC, expedida el 30 de diciembre de 2025, buscaba corregir un rezago histórico en predios rurales que no habían tenido su valor catastral revisado en más de cinco años. La norma aplicó incrementos automáticos y únicos a estas propiedades, con el objetivo de acercar el avalúo a la realidad del mercado y fortalecer las finanzas de los municipios más pobres del país.
Sin embargo, la magnitud de los aumentos generó la crisis. El texto de 227 páginas de la resolución contenía incrementos del avalúo de hasta 2,5 millones por ciento en algunas zonas de Saravena, y de 1,5 millones y 518.000 por ciento en otros sectores del municipio de Arauca. Cuando estas cifras se tradujeron en las facturas del impuesto predial, el estallido social fue inevitable.
El presidente Gustavo Petro defendió la medida en su cuenta de X, argumentando que el aumento de los avalúos era necesario para cumplir con la ley y el acuerdo de paz, y que el objetivo del gobierno era que los más ricos paguen impuestos. Asimismo, señaló que la situación del impuesto la determinan los alcaldes y concejos municipales, quienes establecen la tasa. No obstante, esta aclaración llegó tarde y el daño político ya estaba hecho. Sectores clave como el lácteo, avícola y de transporte de carga y pasajeros reportaron afectaciones directas debido a los bloqueos.
La solución se materializó con la Resolución 0384 de 2026, que facultó a los directores territoriales del IGAC para ajustar los porcentajes de incremento de los avalúos en casos excepcionales. Ante esta situación, la Federación Colombiana de Municipios, liderada por Gilberto Toro, propuso implementar esta resolución de manera inmediata en todo el territorio nacional, estableciendo un cronograma hasta el 30 de junio de 2026, y solicitó al gobierno dejar de responsabilizar a los mandatarios locales. Colombia necesita soluciones, no acusaciones ni amenazas sin sentido , enfatizó el gremio.
Para comprender por qué Antioquia se mantuvo al margen del conflicto, es fundamental analizar el sistema de gestión catastral que el país ha construido desde la Ley 1995 de 2019. Actualmente, existen 45 gestores catastrales en operación en Colombia, 39 de ellos habilitados por el propio IGAC. Estos gestores son entidades, municipales, departamentales o privadas, que asumen la función catastral en su territorio con mayor autonomía técnica y capacidad de actualización continua.
Antioquia concentra el mayor número de estos gestores. La Gerencia de Catastro Antioquia opera como gestor catastral delegado del IGAC para 113 municipios del departamento. Además, Medellín cuenta con su propia Subsecretaría de Catastro, mientras que Envigado, Sabaneta, Rionegro y Marinilla tienen gestores independientes. El Área Metropolitana del Valle de Aburrá agrupa a cinco municipios más, y seis municipios del Altiplano del Oriente, agrupados bajo MASORA, también tienen su propio esquema.
En total, Antioquia es el departamento con la mayor cobertura de gestión catastral autónoma del país. Esta estructura institucional permitió que 88 municipios antioqueños actualizaran su catastro entre 2024 y 2025 mediante procesos técnicos progresivos, sin recurrir al mecanismo de ajuste automático que provocó las protestas en otras regiones.
El valor catastral agregado de los 929.703 predios en estos 88 municipios pasó de 57,2 billones a 108,1 billones de pesos, prácticamente duplicándose. Aunque esta situación podría haber generado una crisis tributaria similar a la de Santander, no ocurrió así, y la explicación reside en un análisis realizado por Juan Carlos Muñoz Mora, investigador de Valor Público del Centro de Estudios e Incidencia de la Universidad Eafit, en colaboración con la Gobernación de Antioquia y Catastro Antioquia.
El estudio, basado en la base de datos R1-PRO, la más completa disponible para medir el impacto de una actualización de esta escala en el país, reveló que la tasa efectiva mediana en el primer decil de la distribución de avalúos, es decir, los predios más modestos, es de 9,5 por mil. En el décimo decil, los predios de mayor valor, la tasa es de 10,0 por mil.
En otras palabras, en Antioquia, el propietario de una finca de 100 millones de pesos paga prácticamente la misma tasa proporcional que el de una finca de mil millones de pesos. Lo que la Ley 44 de 1990 diseñó como un impuesto progresivo, en la práctica funciona como una tarifa plana.
Muñoz, en su columna publicada en La Silla Vacía, Colombia protesta por el predial, pero la culpa no es del catastro , precisa que el problema fundamental no es la actualización de los avalúos por parte del IGAC, sino que la mayoría de los concejos municipales de Colombia no han modificado sus acuerdos del impuesto predial en los últimos 36 años. Los rangos de valor que determinan la tarifa a pagar para cada predio fueron fijados en pesos de la década de 1990 y nunca se han ajustado. Hoy en día, estos rangos son tan estrechos que cualquier predio, independientemente de su valor real, cae automáticamente en el tramo más alto. El resultado es una tarifa plana disfrazada de progresividad.
Cuando esta tarifa plana se aplica sobre un avalúo que casi se ha duplicado, la factura se dispara. Sin embargo, la solución no implica suspender el catastro ni reformar el Congreso, ya que la Ley 44 de 1990 otorga a los concejos municipales la potestad de redefinir los tramos de valor y las tarifas por uso antes del 1 de enero de cada año fiscal.
Según Muñoz, un acuerdo bien diseñado puede redistribuir la carga impositiva, reduciendo la presión sobre la vivienda y los predios agropecuarios, y aumentándola sobre el suelo comercial, industrial y especulativo. Estos ajustes no requieren autorización del IGAC ni modificaciones al catastro. Además, recuerda que la Ley 1995 de 2019 estableció topes explícitos al incremento anual del predial por contribuyente: solo el IPC para los estratos 1 y 2 o predios menores a 135 salarios mínimos; el IPC más ocho puntos para predios sin actualización reciente; y un máximo del doble para predios rurales grandes.
El analista explica que estos topes operan por predio, no por tarifa. Por lo tanto, aunque el avalúo aumente, ningún contribuyente puede recibir un incremento superior al que la ley permite. El catastro actualizado y la protección al contribuyente no son incompatibles, siempre y cuando los concejos municipales cumplan con su tarea.
El representante a la Cámara Óscar Darío Pérez, del Centro Democrático y autor de la Ley 1995, indica que más de 400 municipios en Colombia están en proceso de actualización catastral, incluyendo más de 50 en Antioquia. La actualización ha tardado tanto que se está culpando a los contribuyentes por la falta de cuidado del Estado , afirmó el congresista, quien insistió en que la regla de oro debería ser que el impuesto no crezca de un año a otro más del IPC para los estratos 1, 2 y 3, ni más del IPC más ocho para el resto.
Por su parte, Diego Carrero, economista, magíster en Finanzas y exsubdirector general del IGAC, presenta cifras que demuestran por qué la actualización catastral es una necesidad fiscal, no una decisión burocrática. Calcula que en Colombia, 952 municipios recaudan apenas el 7% del impuesto predial de todo el país. El índice de Gini del recaudo es 0,94, superior al Gini de la tierra, que es de 0,89. Bogotá sola recauda cinco veces más predial que esos 952 municipios de sexta categoría sumados.
La raíz del problema, según Carrero, es que 905 municipios tenían un avalúo catastral por debajo del 19% de su valor comercial. Algunos, incluso, por debajo del 4%. Ese abismo entre el precio real de la tierra y su valor oficial le ha costado al país entre 3 y 5 billones de pesos al año en recaudo perdido. De los 11 billones de pesos recaudados por predial en 2023, 7,6 billones los generaron los municipios que ya habían actualizado su catastro. La actualización no empobrece a los municipios, los financia , detalla.
Tras la implementación del artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo, que orientó a reducir el rezago catastral mientras se avanza en la actualización, los datos del IGAC muestran que el 75,7% de los predios del país quedó con un avalúo inferior a 50 millones de pesos, y el 93,7% por debajo de los 200 millones. Solo 3.990 predios en todo el país pagarían impuesto al patrimonio, el 0,19% del total, cifra consistente con la distribución real de la riqueza inmobiliaria , concluye Carrero.
