La Corte Constitucional ordenó a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) devolver cerca de 200.000 millones de pesos recaudados a través del Decreto Legislativo 1474 de 2025, el cual implementó medidas tributarias como parte del estado de emergencia económica decretado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. La decisión se basa en la inexequibilidad del decreto, declarada por la Sala Plena de la Corte, como consecuencia de la Sentencia C-075 de 2026.
La Corte determinó que los impuestos directos modificados o generados por la activación del decreto no pueden ser objeto de declaración, liquidación o cobro por parte de la DIAN. Adicionalmente, los impuestos que ya fueron pagados anticipadamente deberán ser reembolsados a los contribuyentes. Esta orden impacta directamente las finanzas del Gobierno, que había contado con estos recursos para financiar el Presupuesto General de la Nación.
El impacto más significativo de la decisión se centra en la devolución de los impuestos indirectos pagados durante la vigencia del Decreto 1474. La Corte especificó que estos pagos deben ser devueltos a los sujetos pasivos que materialmente hayan realizado la transacción y puedan acreditarlo. Para ello, la DIAN dispone de un plazo de 30 días, contados a partir de la notificación de la sentencia, para implementar los mecanismos legales necesarios para efectuar los reembolsos. Si no existen mecanismos adecuados, la DIAN deberá adoptar uno específico para este fin.
Según un comunicado del Ministerio de Hacienda del pasado 31 de enero, los recursos recaudados a través de las medidas tributarias del decreto alcanzaron los 23.800 millones de pesos en impuesto de estabilidad fiscal, 1.200 millones de pesos por importaciones de licores, y casi 165.000 millones de pesos provenientes de la venta de licores nacionales, el IVA aplicado a los juegos de suerte y azar operados por internet, y el impuesto sobre la primera venta de carbón o hidrocarburos en el mercado interno. La suma total de estos recaudos asciende a aproximadamente 200.000 millones de pesos, la cantidad que ahora deberá ser devuelta a los contribuyentes.
La Corte Constitucional, sin embargo, dejó en firme las situaciones jurídicas de aquellos contribuyentes que cumplieron con los requisitos para acceder a los beneficios tributarios establecidos en el Decreto 1474 mientras este estuvo en vigor. Esto significa que aquellos que ya se acogieron a las ventajas ofrecidas por el decreto no se verán afectados por la decisión de la Corte.
La votación sobre la inexequibilidad del decreto fue de ocho a cero, lo que demuestra un amplio consenso entre los magistrados. Los magistrados Vladimir Fernández y Hector Carvajal, quienes son considerados cercanos al Gobierno, aclararon su voto, aunque no se opusieron a la decisión final. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar no participó en la votación debido a una recusación previa.
Este revés para el Gobierno Petro se produce apenas cinco días después de que la Corte Constitucional declarara la inexequibilidad de la primera emergencia económica decretada por su administración, tras el rechazo de la ley de financiamiento. Con la caída de esta primera emergencia, otras resoluciones expedidas a través del Decreto 1390 de 2025 también han comenzado a ser cuestionadas y, en este caso, declaradas inexequibles.
La decisión de la Corte Constitucional representa un desafío significativo para las finanzas públicas del Gobierno Petro, que ahora deberá buscar alternativas para compensar la pérdida de estos recursos. La DIAN, por su parte, se enfrenta a la tarea de implementar un proceso eficiente y transparente para la devolución de los impuestos recaudados, cumpliendo con el plazo establecido por la Corte. La situación plantea interrogantes sobre la estrategia fiscal del Gobierno y su capacidad para generar ingresos sin recurrir a medidas que puedan ser consideradas inconstitucionales. El cumplimiento de la orden de la Corte y la gestión de la devolución de los fondos serán cruciales para mantener la confianza de los contribuyentes y la estabilidad económica del país.
