El oficialismo avanza con su agenda reformista, impulsando una ley de inviolabilidad de la propiedad privada que ha encendido las alarmas en diversas organizaciones no gubernamentales. Estas advierten que la normativa, tal como está redactada, podría dejar jurídicamente desprotegidas a más de 5 millones de personas, generando una crisis social de gran magnitud. El debate en comisión del Senado se reanuda este miércoles, con un panorama de tensiones y posibles modificaciones a la letra chica del proyecto.
La preocupación central radica en el impacto que la ley tendría sobre la Ley 27.453, sancionada en 2018 por unanimidad, que declara de interés público la integración socio-urbana de los barrios populares registrados en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). Organizaciones como TECHO, Cáritas, UTEP, CELS, La Garganta Poderosa y Hábitat para la Humanidad Argentina advierten que la reforma representa un retroceso profundo en materia de derechos sociales y pone en riesgo el acceso a la propiedad, la vivienda y los servicios básicos de más de un millón de familias que habitan en estos barrios.
TECHO, en particular, ha advertido que la iniciativa podría dejar a 2 millones de niños en situación de calle, una cifra alarmante que refleja la gravedad de la situación.
El proyecto, defendido por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, durante una sesión en el Senado la semana pasada, busca fortalecer la propiedad privada introduciendo cambios en la Ley de Tierras, la Ley de Manejo del Fuego y, fundamentalmente, en la Ley 27.453. El argumento central del gobierno de Javier Milei es que la implementación de la Ley 27.453 ha sido un fracaso, ya que, tras más de 7 años de vigencia, solo un 0,08% del suelo de los barrios populares ha sido titulado, lo que demuestra la ineficacia de la normativa.
Sin embargo, las ONG cuestionan este argumento y señalan que la demora en la implementación de la ley no se debe a fallas en la normativa en sí, sino a la falta de inversión en obras de infraestructura y a la paralización de la obra pública. Argumentan que antes de otorgar escrituras a los vecinos, es necesario avanzar en la planificación urbana de los barrios, creando manzanas, abriendo calles, resolviendo situaciones de hacinamiento y reubicando familias. Todo este proceso requiere tiempo y recursos, que el gobierno actual parece dispuesto a recortar.
La reforma propuesta por La Libertad Avanza busca modificar el rol del Estado Nacional en el proceso de regularización dominial, otorgando mayor preponderancia a las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Juan Maquieyra, director Ejecutivo de TECHO, explica que, en el esquema actual, el Estado Nacional tiene el mandato de suspender desalojos, entregar certificados de vivienda como primer paso y procurar avanzar en la regularización dominial con las provincias y municipios. Con la reforma, esta responsabilidad quedaría a discreción de los gobiernos locales, lo que podría poner en riesgo el impulso que ha dado el Estado Nacional, con la entrega de 800.000 certificados de vivienda familiar y la prohibición de desalojos.
Las organizaciones advierten que la reforma elimina tres pilares fundamentales de la Ley 27.453: la declaración de utilidad pública y expropiación, la suspensión de desalojos por 10 años y la participación de cooperativas y economía popular en las obras de infraestructura. La eliminación de la declaración de utilidad pública y expropiación le quitaría al Estado la capacidad de intervenir sobre inmuebles incluidos en el Renabap, mientras que la supresión de la suspensión de desalojos podría generar una ola de expulsiones de familias de sus hogares. La eliminación de la participación de cooperativas y economía popular en las obras de infraestructura afectaría a las comunidades locales y limitaría su capacidad de participar en el proceso de integración socio-urbana.
El Ministerio de Desregulación justifica la eliminación de la suspensión de desalojos argumentando que genera un incentivo perverso , ya que, al no haber desalojos, el Estado no se ve obligado a expropiar terrenos. Sin embargo, las ONG sostienen que la suspensión de desalojos es una condición indispensable para garantizar la estabilidad de las familias y permitirles acceder a una vivienda digna.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ha defendido la iniciativa argumentando que busca combatir el flagelo nacional de los okupas , proponiendo modificaciones al Código Procesal Civil y Comercial y al Código Civil y Comercial para agilizar los procesos de desalojo y restituir los inmuebles a sus propietarios en menos de 5 días.
El debate en el Senado se presenta complejo, con la incertidumbre de si el oficialismo estará dispuesto a aceptar modificaciones al proyecto. La postura de la UCR y el PRO, que en 2018 impulsaron la Ley 27.453, será clave para determinar el futuro de la reforma. Las ONG, por su parte, se preparan para defender su postura en el Senado, alertando sobre las graves consecuencias que podría tener la sanción de la ley para millones de personas en situación de vulnerabilidad. La discusión pone de manifiesto la tensión entre la defensa de la propiedad privada y el derecho a la vivienda, un debate central en el contexto social y político actual.
