La senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, enfrenta cuatro indagaciones previas ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, en medio de un creciente escándalo por presuntas irregularidades en la cárcel de Itag í y presiones a exfuncionarias. Las investigaciones se derivan de la polémica rumba vallenata con jefes de bandas del Valle de Aburrá, denuncias de la exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, y los hechos relacionados con el tarimazo en Medellín.
El presidente de la Corte Suprema, magistrado Mauricio Lenis, confirmó la apertura de las indagaciones, que complican aún más la situación de la senadora, quien ya había sido objeto de críticas por la fiesta del 8 de abril que llevó a la suspensión de la mesa de paz con el Gobierno.
La exministra Buitrago, en declaraciones a EL COLOMBIANO, solicitó que las autoridades avancen con las investigaciones sobre las presuntas presiones ejercidas por la senadora Zuleta en relación con beneficios otorgados a internos de la cárcel de Itag í, tanto durante su gestión como funcionaria pública como en el contexto de la reciente fiesta con el cantante Nelson Velásquez. Buitrago enfatizó que cualquier proceso de paz debe ajustarse estrictamente a la ley y a las normas penitenciarias, argumentando que solo así adquiere valor real.
Un proceso de paz tiene que hacerse dentro de la ley y respetando las disposiciones carcelarias y las condenas proferidas por los jueces; es ahí donde realmente adquiere valor , recalcó Buitrago. Subrayó la importancia de cumplir con los protocolos del sistema carcelario, como las requisas, la verificación de elementos dentro de los centros de reclusión y la prevención de conductas no permitidas.
Según la exministra, fue precisamente el cumplimiento de estos protocolos lo que generó incomodidades y cuestionamientos por parte de la senadora Zuleta. Se presentaron afirmaciones de que yo no quería la paz, de que era enemiga de la paz e incluso que iba a acabar con el proceso , reveló Buitrago, insistiendo en que para ella cumplir la ley no es una opción, sino una regla de vida .
Buitrago rechazó cualquier tipo de trato diferencial dentro de los centros penitenciarios, como quedó en evidencia con la fiesta realizada en la cárcel de Itag í con el cantante Nelson Velásquez. A su juicio, es imposible pensar en privilegios o excepciones en un sistema carcelario, más aún cuando se trata de personas condenadas , destacando que el principio de igualdad debe prevalecer sin excepciones.
La exministra se refirió a situaciones puntuales relacionadas con la cárcel de Itag í, aunque evitó mencionar nombres propios. Indicó que varios de los hechos están vinculados a dinámicas alrededor de espacios como la mesa sociojurídica de paz, donde, según explicó, el contexto exige incluso mayores niveles de control.
Este entorno obliga a una mayor severidad en las disposiciones, porque pueden generarse vacíos de control o escenarios de riesgo, incluso para las mismas personas privadas de la libertad , advirtió Buitrago. Alertó sobre irregularidades en el ingreso de personas y objetos al centro penitenciario que venía alertando desde el año pasado, lo que desató el malestar de la senadora Zuleta, delegada del gobierno para ese proceso con las bandas del Valle de Aburrá.
Se veía cómo entraban personas sin registro claro, así como materiales y paquetes de todo tipo, lo que evidencia que el riesgo es latente , afirmó. Buitrago aseguró que todos los hechos fueron puestos en conocimiento de las autoridades desde el año pasado y forman parte de las investigaciones en curso, incluyendo la que adelanta la Corte Suprema.
Ante la pregunta sobre si la senadora Zuleta se ha comunicado con ella desde la fiesta del 8 de abril, Buitrago respondió afirmativamente, pero aclaró que ese es un tema de investigación y yo no lo puedo contar .
Paralelamente, la Fiscalía abrió una indagación contra el cantante Nelson Velásquez por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, en el marco de las investigaciones por la rumba en la cárcel de Itag í. También se investigan posibles hechos de prevaricato por omisión relacionados con el ingreso del artista y su equipo al establecimiento penitenciario. La Dirección Especializada contra el Crimen Organizado compulsó copias a la Dirección contra las Finanzas Criminales para profundizar sobre el origen de los recursos utilizados para el evento, bajo la hipótesis de que podrían provenir de actividades ilícitas de estructuras criminales del Valle de Aburrá.
La situación de la senadora Zuleta se agrava en un contexto de creciente debate sobre la política de paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro, quien ha defendido la necesidad de dialogar con todos los grupos armados, pero ha advertido que no tolerará la corrupción ni los abusos de poder. El mandatario, de hecho, ha anunciado que sacará a los de la fiestica de la cárcel de Itag í y los trasladará a Bogotá, una decisión que ha generado controversia y críticas de la oposición.
La investigación judicial y las denuncias de la exministra Buitrago ponen en tela de juicio la transparencia y el control en los procesos de paz con las bandas criminales del Valle de Aburrá, y podrían tener importantes implicaciones políticas y jurídicas para la senadora Isabel Zuleta y su participación en estos diálogos. El cumplimiento estricto de la ley y las normas penitenciarias se presenta como un requisito fundamental para garantizar la legitimidad y el éxito de cualquier proceso de paz en Colombia.
