Diputados de la oposición buscan darle una nueva oportunidad al proyecto de Ficha Limpia , una iniciativa que busca impedir que personas condenadas por delitos de corrupción y otros crímenes graves puedan presentarse como candidatos a cargos electivos. A casi un año de su fracaso en el Senado, la presidenta del bloque Provincias Unidas, Gisela Scaglia, presentó este martes una nueva versión del proyecto, respaldada por María Inés Zigarán, Carolina Basualdo y José Nuñez.
La propuesta, que modifica la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, establece la inhabilitación para ocupar cargos públicos a quienes hayan sido condenados con sentencia confirmada por delitos como corrupción, fraude contra el Estado, lavado de activos, abuso, trata de personas, delitos vinculados al narcotráfico, contra la vida, la integridad física y el orden constitucional. Además, se extiende la prohibición a quienes figuren como deudores alimentarios, ampliando el concepto de responsabilidad pública más allá de las condenas penales. Esta última inclusión replica una normativa ya vigente en la provincia de Santa Fe, donde fue incorporada a la constitución provincial.
Según el texto del proyecto, la inhabilitación se aplicará una vez que exista una condena confirmada por un tribunal de alzada, incluso si la sentencia no es firme. La restricción se mantendrá durante el tiempo que dure la pena y hasta diez años después de su cumplimiento. La Justicia Nacional Electoral tendrá la tarea de verificar el cumplimiento de estos requisitos por parte de los candidatos al momento de oficializar las postulaciones. El Registro Nacional de Reincidencia se encargará de mantener un registro público y actualizado de las sentencias alcanzadas por la ley.
Gisela Scaglia enfatizó la necesidad de reglas más claras para recuperar la confianza en la Argentina, destacando el éxito del modelo implementado en Santa Fe, donde la normativa fue sancionada como ley y posteriormente incorporada a la Constitución Provincial como política de Estado . Eso demuestra que se puede, ahora le toca a la Argentina , afirmó la diputada, quien insistió en que en este tema no hay grises, las instituciones se defienden con reglas claras y la política tiene que dar el ejemplo .
Desde Provincias Unidas sostienen que, en una democracia representativa, quienes aspiran a cargos públicos no solo deben cumplir con los requisitos legales, sino también demostrar un compromiso inequívoco con la legalidad y la integridad institucional .
Los fundamentos del proyecto argumentan que el derecho a ser elegido no es absoluto y puede ser restringido de manera razonable cuando se pone en juego la idoneidad para el ejercicio de la función pública. En este sentido, se citan antecedentes internacionales, como la Ley de Ficha Limpa en Brasil y regulaciones similares en Italia y España, como respaldo a la legitimidad de este tipo de restricciones.
La iniciativa de Ficha Limpia ha sido objeto de varios intentos de aprobación en la última década, impulsada principalmente por el PRO, la Coalición Cívica y un sector de la UCR.
En 2024, una versión del proyecto impulsada por el PRO obtuvo dictamen favorable en comisión, pero su debate en la Cámara de Diputados se vio frustrado en dos ocasiones por falta de quórum. En ese momento, el núcleo libertario expresó su desacuerdo con la iniciativa. Sin embargo, a fines del mismo año, el entonces ministro Luis Petri y el abogado Alejandro Fargosi, junto al presidente Javier Milei, redactaron una versión propia que obtuvo media sanción en Diputados.
El proyecto finalmente llegó al Senado, donde obtuvo 36 votos afirmativos y 35 negativos, insuficientes para alcanzar la mayoría absoluta necesaria (37) para su sanción. El debate se vio envuelto en especulaciones sobre una posible candidatura de Cristina Kirchner, ya que la Corte Suprema de Justicia aún no había ratificado la condena en su contra.
Tras el rechazo, La Libertad Avanza (LLA) criticó duramente la situación, acusando al kirchnerismo de operar para garantizar la impunidad de sus líderes y a un sector del PRO de buscar una victoria política antes de las elecciones.
Por su parte, el PRO denunció una maniobra del Gobierno, asegurando que dos senadores misioneros habían cambiado su voto a último momento, inclinando la balanza en contra del proyecto. Los macristas afirmaron que la Casa Rosada no quería que la ley fuera aprobada para permitir la candidatura de Cristina Kirchner y beneficiarse de la polarización que esto generaría.
