El presidente Gustavo Petro aceptó la renuncia de Bernardo Camacho como superintendente de Salud, cargo que ocupaba desde octubre de 2025. La salida del funcionario se produce en medio de crecientes tensiones con el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y en un contexto de controversia por la intervención estatal en las Empresas Promotoras de Salud (EPS).
Según el senador electo Andrés Forero, Camacho perdió la pelea con el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo después de continuos insultos y humillaciones . Forero añadió que Camacho sale tras una pésima gestión, pero al menos no se prestó a acolitar la criminal liquidación improvisada de EPS .
La renuncia de Camacho se suma a un panorama de cambios y desacuerdos dentro del gobierno Petro en materia de salud. Días antes, se había designado al exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, como interventor de la Nueva EPS, la EPS con mayor número de afiliados en el país. Ospina, cercano al presidente Petro incluso fue nombrado embajador en Palestina, aunque no llegó a asumir el cargo , ha protagonizado un abierto enfrentamiento con el ministro Jaramillo.
El choque entre Ospina y Jaramillo se desencadenó por la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del sistema de salud. Ospina manifestó que la UPC actual no es suficiente, lo que provocó una fuerte crítica por parte del ministro Jaramillo. El doctor no es la persona adecuada para decir si hay suficiencia o no , declaró Jaramillo a Caracol Radio, insistiendo en que el análisis de la UPC corresponde a los equipos técnicos especializados del Ministerio de Salud. Jaramillo también instó a Ospina a trabajar y administrar adecuadamente la Nueva EPS en lugar de hacer declaraciones que, según el ministro, no le corresponden.
Este conflicto público entre el interventor de la Nueva EPS y el ministro de Salud pone de manifiesto las divisiones internas dentro del gobierno Petro en relación con la reforma del sistema de salud y la gestión de las EPS intervenidas. La renuncia de Camacho, en medio de este clima de tensión, podría interpretarse como una consecuencia de estas diferencias.
Durante su gestión, Camacho no estuvo exento de controversias. En noviembre pasado, realizó cambios en las direcciones de las ocho EPS que se encontraban bajo intervención estatal. Además, debido a que previamente había sido interventor de la Nueva EPS (entre noviembre de 2024 y agosto de 2025), se vio obligado a declararse impedido para tomar decisiones relacionadas con esta aseguradora, que cuenta con 11,5 millones de afiliados.
La salida de Camacho plantea interrogantes sobre el futuro de la Superintendencia de Salud y la dirección que tomará la política de salud del gobierno Petro. La designación de un nuevo superintendente será clave para determinar si se mantendrá la línea actual o si se producirán cambios significativos en la regulación y supervisión del sistema de salud.
La situación de la Nueva EPS, en particular, es de especial preocupación. Con 11,5 millones de afiliados, la EPS es fundamental para el funcionamiento del sistema de salud colombiano. La intervención estatal y la designación de Ospina como interventor han generado incertidumbre entre los usuarios y los profesionales de la salud. Las declaraciones de Ospina sobre la UPC y la respuesta del ministro Jaramillo han exacerbado esta incertidumbre.
El gobierno Petro enfrenta el desafío de estabilizar la Nueva EPS y garantizar la continuidad de los servicios de salud para sus afiliados. La gestión de Ospina y la definición de una política clara sobre la UPC serán cruciales para lograr este objetivo.
La renuncia de Camacho y el enfrentamiento entre Ospina y Jaramillo son síntomas de una crisis más profunda en el sector salud colombiano. La reforma del sistema de salud, impulsada por el gobierno Petro, ha generado fuertes debates y controversias. La intervención estatal en las EPS y la gestión de la Nueva EPS son temas centrales en este debate.
La opinión pública está dividida sobre la reforma del sistema de salud. Algunos sectores apoyan la iniciativa del gobierno Petro, argumentando que es necesaria para garantizar el acceso universal a la salud y mejorar la calidad de los servicios. Otros sectores se oponen a la reforma, advirtiendo que podría generar ineficiencia, corrupción y desabastecimiento de medicamentos.
En este contexto, la renuncia de Camacho y el enfrentamiento entre Ospina y Jaramillo son un llamado de atención para el gobierno Petro. Es fundamental que el gobierno dialogue con todos los actores del sector salud y busque soluciones consensuadas que permitan garantizar el derecho a la salud de todos los colombianos. La estabilidad del sistema de salud y la confianza de los usuarios dependen de ello.
