La semana en curso ha estado marcada por diversas controversias que involucran al gobierno del Presidente José Antonio Kast, desde cuestionamientos por un almuerzo en La Moneda hasta investigaciones por presuntas irregularidades en la Fundación Procultura, pasando por ausencias en el Congreso y anuncios sobre la construcción de viviendas sociales en comunas de alta zona de Santiago.
La Contraloría General de la República (CGR) ha solicitado a Presidencia un informe detallado sobre el almuerzo que el Presidente Kast compartió el pasado viernes con excompañeros de universidad en el Palacio de La Moneda. El requerimiento, impulsado por los diputados Daniel Manouchehri y Nelson Venegas, y la senadora Daniella Cicardini (todos del Partido Socialista), busca esclarecer el financiamiento del evento. La CGR ha pedido la nómina de los asistentes, las dependencias utilizadas, el personal destinado al evento, los costos asociados, la imputación presupuestaria correspondiente y la eventual existencia de reembolsos particulares.
Desde el Ejecutivo, la vocera de gobierno, Mara Sedini, ha asegurado que el almuerzo, al que asistieron alrededor de 70 personas, fue pagado por el propio Presidente Kast con sus propios medios . Sin embargo, la oposición insiste en la necesidad de una investigación exhaustiva para descartar cualquier irregularidad en el uso de fondos públicos. El diputado Manouchehri publicó en su cuenta de X detalles del requerimiento, generando mayor atención mediática al caso.
En otro frente, el Juzgado de Garantía de Antofagasta ha programado para el próximo 25 de mayo una audiencia de formalización para el director de la Fundación Procultura, Alberto Larraín, y la representante legal de la organización, María Constanza Gómez. Ambos son acusados de la presunta participación en seis delitos consumados de apropiación indebida, en el marco de una investigación que involucra al Gobierno Regional (GORE) de Antofagasta, Procultura y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los hechos, según la Fiscalía Regional de Antofagasta, habrían ocurrido entre 2022 y 2024.
La investigación también se extiende a un convenio de más de $1.600 millones que el GORE Metropolitano traspasó a Procultura para la ejecución de un programa de prevención del suicidio. Larraín y Gómez ya fueron formalizados en febrero pasado por este caso, aunque el tribunal rechazó la solicitud de prisión preventiva presentada por el Ministerio Público, determinando la medida cautelar de arraigo nacional.
Las ausencias de la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, y del subsecretario, Andrés Jouannet, a la Comisión de Hacienda del Senado también han generado críticas. La ministra había sido invitada para discutir el proyecto que busca modernizar a Carabineros, pero se excusó por compromisos previos. Jouannet, quien debía reemplazarla, tampoco asistió a la citación. La Comisión, tras 22 minutos de espera, declaró finalizada la reunión.
El senador Rodolfo Carter, de la bancada republicana, calificó la situación como un error impresentable y lamentó la falta de coordinación del gobierno en un tema tan sensible como la modernización de Carabineros y la dignificación de sus funcionarios. El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, se presentó ante la Comisión para ofrecer disculpas y asegurar que se fijará una nueva fecha para la sesión, garantizando la presencia de la ministra Steinert. García Ruminot explicó que la ministra se encontraba en una actividad de la PDI junto al Presidente Kast al momento de la reunión.
Por último, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, anunció que el gobierno construirá viviendas sociales en comunas de la Región Metropolitana, específicamente en Las Condes, La Reina, La Dehesa, Lo Barnechea y Peñalolén. El secretario de Estado detalló que se utilizarán terrenos propiedad del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) y que estas viviendas forman parte del plan de las 400 mil que prometió el Ejecutivo durante su gestión.
Poduje explicó que en La Dehesa se construirán viviendas para 500 familias del Cerro 18 y el Movimiento por la Dignidad, cerca del colegio Nido de Águilas. En La Reina, se construirán viviendas para miembros del Ejército y comités de allegados. En Lo Barnechea, se planean casas con patio y parrón, junto con edificios de cuatro a siete pisos. En Las Condes, los inmuebles alcanzarán los 12 a 15 pisos, a través del modelo de integración social como el subsidio DS19, aunque para acceder al beneficio, los postulantes deberán ser vecinos de la comuna. La iniciativa busca abordar el déficit habitacional en zonas tradicionalmente de altos ingresos, generando debate sobre la pertinencia y el impacto de estas construcciones en el entorno urbano.
