La Comisión de Postulación para Fiscal General enfrenta una creciente presión legal en la recta final de su trabajo, con denuncias y acciones de amparo que buscan influir en el proceso de selección, según denunciaron comisionados y analistas. La secretaria de la comisión, Patricia Gámez, calificó las denuncias presentadas por Ricardo Méndez Ruiz, de la Fundación Contra el Terrorismo, como un acto de coacción destinado a intimidar a los miembros de la comisión antes de definir la lista de candidatos.
Lo tomo como un acto de coacción, no solo contra mi persona sino contra la comisión. El código penal sanciona a quienes, sin estar legítimamente autorizados, utilicen la intimidación para obligar a otro a hacer lo que la ley no le prohíbe , declaró Gámez durante la sesión del martes 14 de abril. La comisionada enfatizó que ha actuado con independencia y que la instrumentalización del derecho penal es inaceptable.
Méndez Ruiz, por su parte, defiende sus acciones como necesarias para asegurar un proceso transparente y legal, evitando posibles conflictos de interés. La denuncia se centra en el debate ocurrido el lunes 13 de abril, donde la comisión discutió si la experiencia como juez es equivalente a la experiencia como abogado, un punto crucial considerando los requisitos para aspirar al cargo de Fiscal General.
Para ser considerado, los aspirantes deben tener al menos un período como magistrado de Corte de Apelaciones o un tribunal de igual categoría, o contar con al menos 10 años de ejercicio como abogado. La falta de mención explícita del ejercicio de juez en los requisitos ha generado dudas entre algunos comisionados sobre cómo calificar la experiencia profesional de los aspirantes.
La denuncia presentada por Méndez Ruiz contra Gámez y otros comisionados incluye cargos como asociación ilícita, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, nombramientos ilegales, resoluciones violatorias a la Constitución y violación a la Constitución. Méndez Ruiz argumenta que Gámez y algunos comisionados estarían omitiendo requisitos legales para favorecer a ciertos aspirantes, afectando la integridad del proceso.
Además de la denuncia, la Fundación Contra el Terrorismo presentó un amparo contra el presidente Bernardo Arévalo, cuestionando su idoneidad para nombrar al próximo Fiscal General. Méndez Ruiz argumentó en un video publicado en su red social X que el presidente Arévalo, debido a señalamientos penales en su contra y su confrontación con el Ministerio Público, representa un conflicto de interés.
El presidente Arévalo ha sido mencionado en el Caso Corrupción Semilla, una investigación que atribuye ilegalidades en el proceso de constitución del partido político que lo llevó a la presidencia.
Alejandro Solórzano, observador independiente, considera que estas acciones legales buscan generar temor entre los comisionados para influir en sus votos en las decisiones clave de esta semana: calificar a los aspirantes y elaborar la lista de seis candidatos. La calificación requiere una puntuación mínima de 75 puntos para ser considerado en la nómina final.
Solórzano advierte que la denuncia y el amparo, presentados en medio del proceso de calificación y antes de la votación final, tienen un mensaje claro de intimidación. Son intimidaciones claras con intentos de querer influir en las votaciones. Un proceso penal le causa miedo a cualquiera, ellos como abogados saben como se aplica el Derecho en Guatemala, entonces algunos podrían sentirse intimidados , explicó.
El debate que desencadenó las denuncias fue propuesto por Luis Aragón Solé, secretario suplente de la comisión y decano de derecho de la Universidad San Pablo. Aragón Solé sugirió realizar una votación para definir el caso de la equiparación entre la experiencia de juez y abogado, lo que generó resistencia entre algunos comisionados.
En este contexto, existe un amparo pendiente en la Corte de Constitucionalidad (CC) sobre el tema, que aún no ha sido resuelto a pocos días de la integración de la nómina. Tres de los cinco magistrados titulares de la CC han solicitado a la magistrada Anabella Morfín, presidenta de la corte, que programe la resolución de este amparo.
Solórzano considera crucial que la CC se pronuncie antes de la etapa de integración de la nómina para evitar que el trabajo realizado sea anulado por un posible amparo provisional. Es un momento crucial para que la CC emita su resolución y servirá para proyectarla. Se habla de dos o tres votos progresistas, pero eso se evaluará con la toma de decisiones , señaló.
El analista enfatizó la importancia de conocer el caso, pero expresó su esperanza de que la CC no afecte el derecho a la igualdad de los jueces. Sería prudente mantener el derecho de los jueces y mantener ese derecho de igualdad con los fiscales de carrera y los abogados de carrera .
La situación actual plantea serias interrogantes sobre la independencia y transparencia del proceso de selección del Fiscal General, en un momento crítico para el sistema de justicia guatemalteco. La resolución de la Corte de Constitucionalidad sobre el amparo pendiente y la respuesta de la Comisión de Postulación a las presiones legales serán determinantes para el futuro del Ministerio Público y la confianza en las instituciones del país. La calificación de los aspirantes y la elaboración de la nómina de seis candidatos se perfilan como momentos clave en los próximos días, donde la influencia de las acciones legales podría ser decisiva.
