El magistrado suspendido del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, argumentó que el juicio político en su contra carece de legalidad, ya que el Estado de Honduras fue previamente advertido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la necesidad de reformar la ley de juicio político. Morazán realizó estas declaraciones el 13 de abril, tras comparecer ante la comisión especial del Congreso Nacional (CN) en el inicio del proceso en su contra.
Según el magistrado, la CIDH había solicitado al Estado hondureño reformar la ley debido a que no garantizaba aspectos fundamentales como el debido proceso, el derecho a la defensa y la independencia judicial. Es claro que el proceso es ilegal, no porque lo diga yo, sino porque lo dijo la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que le pidió al Estado de Honduras que reformara la Ley de juicio político. El Estado estaba advertido y aun así nos hizo estos juicios políticos , afirmó Morazán.
El proceso de juicio político contra Morazán se inició tras acusaciones de faltar a sus obligaciones como funcionario del TJE. Durante su comparecencia, Morazán expuso detalladamente los eventos ocurridos durante el proceso electoral de noviembre de 2025, negando rotundamente haber conspirado para atrasar el conteo especial de las elecciones.
Morazán calificó la acusación presentada en su contra como una mera narrativa que no soporta el peso de los hechos . Explicó que la problemática en el TJE se originó por una inscripción que estaba prohibida por ley, y que en ese contexto se produjo una presunta colusión entre representantes del diputado Jorge Cálix y la presidencia del ente electoral.
El magistrado suspendido también presentó un amparo contra el juicio político ante la Secretaría del CN, buscando proteger sus derechos legales. Su defensa se centra en la argumentación de que el proceso actual viola las garantías constitucionales y las recomendaciones de la CIDH.
La comparecencia de Morazán ante la comisión especial del CN se llevó a cabo en un ambiente tenso, con el magistrado insistiendo en su inocencia y denunciando lo que considera una persecución política. Morazán reiteró que actuó en cumplimiento de la ley y que cualquier irregularidad en el proceso electoral fue resultado de acciones ajenas a su voluntad.
La situación de Morazán ha generado debate en el ámbito político y jurídico de Honduras. Sectores de la oposición han criticado el juicio político como una herramienta para desestabilizar el TJE y controlar el proceso electoral. Mientras tanto, el oficialismo defiende la legalidad del proceso y argumenta que Morazán debe responder por sus acciones.
La advertencia de la CIDH sobre la necesidad de reformar la ley de juicio político añade un elemento crucial al caso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado en repetidas ocasiones su preocupación por la falta de garantías procesales en los juicios políticos en Honduras, señalando que estos procesos pueden vulnerar los derechos a la defensa, el debido proceso y la independencia judicial.
El futuro del juicio político contra Mario Morazán es incierto. La comisión especial del CN deberá analizar las pruebas presentadas y determinar si existen elementos suficientes para continuar con el proceso. Sin embargo, la advertencia de la CIDH y la defensa de Morazán plantean serias dudas sobre la legalidad y la legitimidad del juicio.
La resolución de este caso podría tener importantes implicaciones para el sistema electoral de Honduras y para la protección de los derechos humanos en el país. La comunidad internacional observa de cerca el desarrollo del juicio político, esperando que se respeten las garantías procesales y se garantice el debido proceso.
El magistrado Morazán ha insistido en que está dispuesto a colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos, pero exige que se respeten sus derechos y se le permita defenderse de las acusaciones en un proceso justo y transparente. Ha manifestado su preocupación por el impacto que este juicio político podría tener en la credibilidad del TJE y en la confianza de los ciudadanos en el sistema electoral.
La defensa de Morazán ha anunciado que presentará pruebas adicionales para demostrar la inocencia del magistrado y refutar las acusaciones en su contra. También ha solicitado la intervención de organismos internacionales para garantizar la transparencia y la imparcialidad del proceso.
El caso de Mario Morazán se suma a una larga lista de controversias en torno al sistema electoral de Honduras. En los últimos años, se han denunciado irregularidades en los procesos electorales, falta de transparencia en el financiamiento de las campañas y presiones políticas sobre el TJE. La reforma del sistema electoral se ha convertido en una demanda urgente de la sociedad civil y de la comunidad internacional.
