La Superintendencia Nacional de Salud ordenó una nueva toma de posesión e intervención forzosa administrativa sobre la Nueva EPS, a través de la resolución 10 de abril de 2026. Esta medida, que se extenderá por un año, responde a las continuas fallas financieras, operativas y en la atención a los usuarios que persisten en la entidad. La decisión se toma debido al incumplimiento reiterado de las causales que originaron la intervención inicial, iniciada el 3 de abril de 2024.
La resolución establece explícitamente la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar a NUEVA EPS S.A. , otorgando al Gobierno la dirección de la EPS con el objetivo de corregir sus fallas estructurales. El presidente Gustavo Petro designó recientemente al médico y exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, como interventor de la entidad.
Ospina enfatizó la necesidad de capitalizar la EPS antes de recibir nuevos usuarios. Antes de recibir más usuarios, nosotros tenemos que darnos a la tarea de capitalizar, de hacer todo el recorrido apropiado para que los estados contables sean justos, adecuados y reflejen la realidad financiera de la empresa , declaró en Caracol Radio.
La intervención busca determinar si la Nueva EPS debe ser liquidada o si es posible colocarla en condiciones de desarrollar adecuadamente su objeto social. La resolución deja abierta la posibilidad de un eventual cierre si no se logran mejoras significativas.
Los hallazgos técnicos de la Superintendencia evidencian problemas graves en la prestación del servicio. Persisten fallas en la atención al afiliado, especialmente en la entrega de medicamentos, el acceso a especialistas y la continuidad de los tratamientos. El informe revela un crecimiento anual del 14,25% en las solicitudes radicadas, lo que refleja las persistentes dificultades en la oportunidad y disponibilidad de los servicios, deteriorando la experiencia de los afiliados.
La situación financiera de la Nueva EPS tampoco muestra signos de recuperación. La falta de procesamiento de la información impide conocer con certeza el pasivo real y la razonabilidad de los estados financieros. Esta situación genera riesgos en la aplicación adecuada de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, impactando no solo a la entidad sino a toda la red de prestadores.
A pesar del crecimiento en el número de afiliados, la Superintendencia concluye que esto no se traduce en mejoras verificables en el acceso, la oportunidad ni la continuidad de los servicios. El aumento en la afiliación no ha resuelto los problemas estructurales que aquejan a la EPS.
Como parte de las órdenes, la Superintendencia impuso nuevas obligaciones al interventor, Jorge Iván Ospina. El artículo octavo de la resolución establece que Ospina deberá entregar informes periódicos a la entidad de control, los cuales serán evaluados por la Dirección de Medidas Especiales. Estos informes deberán presentarse dentro de los primeros veinte días calendario de cada mes y deberán incluir análisis financiero, jurídico, técnico y administrativo de la EPS.
Además, Ospina deberá implementar un plan de trabajo dentro de los treinta días calendario siguientes a su posesión. Este plan será evaluado, discutido y aprobado por la Dirección de Medidas Especiales para EPS. El plan de trabajo deberá abordar las fallas identificadas por la Superintendencia y proponer soluciones concretas para mejorar la prestación del servicio y la situación financiera de la entidad.
La intervención forzosa administrativa es una medida drástica que busca proteger los derechos de los afiliados y garantizar la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud. La Superintendencia Nacional de Salud espera que, con la dirección de Jorge Iván Ospina y el cumplimiento de las obligaciones impuestas, la Nueva EPS pueda superar sus dificultades y brindar una atención de calidad a sus afiliados.
La situación de la Nueva EPS es un reflejo de los desafíos que enfrenta el sistema de salud colombiano. La Superintendencia Nacional de Salud continuará vigilando de cerca la evolución de la EPS y tomará las medidas necesarias para proteger los derechos de los usuarios y garantizar la sostenibilidad del sistema. El futuro de la Nueva EPS pende de un hilo, y su eventual liquidación tendría un impacto significativo en miles de afiliados y en la red de prestadores de salud. La capitalización y la corrección de las fallas estructurales son claves para evitar este desenlace.
