El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, declaró la emergencia hospitalaria en toda la ciudad debido a la crítica situación que atraviesan los centros asistenciales, exacerbada por una deuda de 2,157 billones de pesos que las EPS tienen con el sistema de salud local. La decisión se tomó tras una reunión con directores de clínicas y hospitales públicos y privados, así como con representantes de los usuarios, donde se evidenciaron niveles de ocupación alarmantes y la inminente crisis humanitaria.
Según el mandatario local, las áreas de urgencias operan a niveles superiores al 100%, alcanzando el 191% en el Hospital La María, 163% en Incodol, y superando el 150% en instituciones como San Vicente Fundación y Pablo Tobón Uribe. La situación en las áreas de observación es igualmente preocupante, con pacientes atendidos en los corredores del Hospital General (más de 100), Pablo Tobón (83), La María (55) y San Vicente Fundación (41). Esto ya tocó fondo , advirtió Gutiérrez, enfatizando la gravedad de la situación.
La crisis se ha manifestado de manera tangible con la suspensión de servicios por parte de Cardiovid a usuarios de Nueva EPS, debido a la falta de contrato y la ausencia de pagos desde el 2 de febrero. El director de la institución informó al alcalde que actualmente hay 30 pacientes que han sido sometidos a intervenciones quirúrgicas y a quienes Nueva EPS no les está proporcionando los medicamentos necesarios. La advertencia fue contundente: sin los medicamentos, estos pacientes podrían morir.
El Hospital Alma Mater también se ha visto obligado a cancelar más de 2.000 atenciones, incluyendo cirugías y atenciones domiciliarias, para usuarios de la misma EPS.
La raíz del problema reside en la elevada deuda que las EPS tienen con el sistema de salud. A nivel nacional, la deuda acumulada supera los 33 billones de pesos, de los cuales 8 billones corresponden a Antioquia y 2,157 billones a Medellín. El Hospital General acumula una deuda impaga de más de 270.000 millones de pesos, distribuida entre ADRES (22.900 millones de pesos), Savia Salud (190.000 millones de pesos) y Nueva EPS (48.000 millones de pesos).
El alcalde Gutiérrez señaló que el 86% de la deuda en Medellín corresponde a las EPS intervenidas por el gobierno de Gustavo Petro: Nueva EPS (914.000 millones de pesos), Savia Salud (713.000 millones de pesos) y COOSALUD (217.000 millones de pesos).
Ante este escenario, la administración distrital ha invertido 480.000 millones de pesos desde 2024 para sostener la red pública, compuesta por el Hospital General, Metrosalud y el Hospital Infantil Concejo de Medellín. Sin embargo, Gutiérrez insistió en que la ciudad no puede asumir indefinidamente una responsabilidad que corresponde al Gobierno nacional.
Lo que está pasando con el sistema de salud en Medellín y en Colombia no tiene nombre ni perdón de Dios. Antes decíamos que estábamos en cuidados intensivos, y ya ni siquiera eso; estamos frente a un colapso real, una crisis humanitaria y un Gobierno nacional que politiza el sistema mientras que la gente muere esperando atención , declaró el alcalde.
Además de la declaración de emergencia hospitalaria, Gutiérrez anunció acciones legales. Se envió una solicitud al Tribunal Administrativo de Antioquia para que aplique la máxima sanción posible al Ministro de Salud, al Ministro de Hacienda, al Superintendente de Salud, a la ADRES y a los agentes interventores involucrados, por incumplir el fallo judicial que, desde el 11 de julio de 2025, les ordenaba ponerse al día con las obligaciones financieras del sistema de salud de la ciudad.
Tras el vencimiento del plazo el 26 de agosto de 2025 sin cumplimiento, el tribunal resolvió el 2 de febrero de 2026 dar trámite a un incidente de desacato, requiriendo el pago inmediato y la garantía del flujo de recursos a hospitales, clínicas y EPS intervenidas.
Gutiérrez también solicitó la intervención urgente de la Procuraduría, la Contraloría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo para garantizar el cumplimiento de la orden judicial. Adicionalmente, se envió una comunicación a la Fiscalía General de la Nación sobre el incumplimiento de órdenes judiciales, con posible incidencia penal, para iniciar investigaciones por presunto fraude a resolución judicial y prevaricato por omisión. Esto debe sancionarse. Nadie está por encima de la ley , enfatizó.
Finalmente, el alcalde hizo un llamado a los candidatos presidenciales para que presenten propuestas concretas para resolver la crisis del sistema de salud, advirtiendo que la situación actual es insostenible para las ciudades, la red pública y privada, y los pacientes. Es una de las prioridades que tiene Colombia y con eso tienen que entrar a tomar decisiones , concluyó Gutiérrez.
