Santiago de Chile La portavoz del gobierno chileno, Mara Sedini, confirmó este lunes que el almuerzo ofrecido por el presidente José Antonio Kast a un centenar de excompañeros universitarios el pasado viernes en el Palacio de la Moneda fue costeado íntegramente por el propio mandatario. Sin embargo, la declaración no disipó las interrogantes sobre el uso de recursos y espacios institucionales durante el evento, generando una creciente polémica que ha llegado al Congreso.
En declaraciones a la prensa tras su comparecencia ante el Parlamento, Sedini se limitó a asegurar que la controversia será abordada a través de los canales institucionales correspondientes, sin ofrecer detalles inmediatos. Como bien dije hace unas horas atrás, la respuesta a la polémica del almuerzo se responderá vía instituciones en la forma y el tiempo correspondiente. Ahora, sí quiero dejar una cosa muy clara: les puedo asegurar que ese almuerzo fue financiado por el Presidente de la República con sus medios propios , afirmó la portavoz.
Sedini reiteró que el presidente Kast utilizó sus propios recursos para financiar el almuerzo y que los detalles adicionales serán entregados a la Controloría General de la República en tiempo y forma establecidos . Esta declaración busca acallar las críticas de la oposición, que exige una investigación exhaustiva para determinar si se utilizaron fondos públicos y si se vulneraron protocolos al utilizar instalaciones del Palacio de la Moneda para un evento de carácter privado.
El almuerzo, que cobró notoriedad tras ser compartido por los invitados en redes sociales, desató una ola de críticas y cuestionamientos. El diputado Daniel Manouchehri, del Partido Socialista, enfatizó la gravedad de utilizar recursos públicos para celebraciones privadas. Utilizar recursos públicos para celebraciones privadas es grave , declaró Manouchehri, quien junto a la senadora Daniella Cicardini ya había denunciado a la primera dama, María Pía Adriasola, por presuntas irregularidades en la entrega de almuerzos a los trabajadores de La Moneda, específicamente por no cumplir con los protocolos sanitarios establecidos.
La denuncia anterior se centraba en la falta de uso de elementos de protección como guantes, mascarillas y cubrecabezas durante la preparación y distribución de los alimentos.
Por su parte, el oficialismo ha argumentado la necesidad de establecer un marco regulatorio claro para este tipo de situaciones, señalando la falta de precedentes recientes en la residencia presidencial. Guillermo Ramírez, presidente del partido Unión Democrática Independiente (UDI), al que pertenece Kast, recordó que el último presidente que residió en La Moneda fue Carlos Ibáñez del Campo, entre 1952 y 1958, lo que evidencia la ausencia de normativas específicas para este tipo de eventos.
No hay que olvidar que el Presidente vive en La Moneda y, por lo tanto, si vienen a verlo sus hijos y vienen a comer con él, hay que tener claro qué salón van a ocupar y cuáles son las reglas para que no se utilicen fondos públicos , explicó Ramírez.
La decisión de Kast de residir en el Palacio de la Moneda, justificada bajo el argumento de la austeridad y el ahorro, ha sido objeto de debate. El mandatario ha defendido su elección argumentando que busca evitar gastos adicionales al Estado, como el arriendo de una vivienda o los costos de desplazamiento desde su residencia particular en Paine, localidad ubicada a 50 kilómetros de Santiago. Kast ha denunciado la situación económica heredada de la administración anterior, describiéndola como arruinada .
Según sus declaraciones, reside en La Moneda durante la semana y regresa a su casa los fines de semana para no generar más gasto al Estado . Esta medida, aunque presentada como un acto de ahorro, ha generado interrogantes sobre la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos, especialmente en relación con eventos como el almuerzo en cuestión.
La controversia se suma a otras polémicas que han marcado los primeros meses de la administración Kast, poniendo en el centro el debate sobre la ética y la transparencia en el uso de los recursos estatales. La oposición ha anunciado que continuará presionando para obtener una respuesta clara y contundente de la Controloría General de la República, exigiendo una investigación exhaustiva que determine si se cometieron irregularidades y si se vulneraron las leyes vigentes.
El gobierno, por su parte, se mantiene firme en su postura de colaborar con la investigación y de aclarar cualquier duda que pueda surgir, insistiendo en que el presidente Kast ha actuado siempre dentro del marco de la ley y con total transparencia. Sin embargo, la presión pública y las exigencias de la oposición sugieren que este caso podría prolongarse y generar nuevas tensiones en el panorama político chileno. La resolución de esta controversia dependerá en gran medida de los resultados de la investigación de la Controloría y de la capacidad del gobierno para ofrecer una explicación convincente a la ciudadanía.
