Un mes después de asumir, el gobierno de José Antonio Kast evalúa positivamente su gestión inicial, enfocándose en la reactivación económica y el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (pymes). El subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler, anticipa el pronto ingreso de dos proyectos de ley destinados a aliviar la carga financiera de las pymes y fortalecer la Ley de Pago a 30 días.
Koehler describió el primer mes como “intenso”, destacando la conformación de un equipo de excelencia tanto en el Ministerio de Economía como en la Subsecretaría. A pesar de las contingencias externas, como la guerra, el gobierno está trabajando en su agenda principal: transformar al Estado chileno en un facilitador para la inversión, buscando atraer capitales y reactivar la economía.
Los dos proyectos de ley que se presentarán al Congreso Nacional tienen como objetivo principal apoyar a las pymes. El primero busca extender el plazo para el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Actualmente, las pymes disponen de 60 días para realizar este pago, y la propuesta es ampliar este plazo, brindando un respiro financiero a las empresas. Además, la iniciativa contempla incentivos para acelerar la formalización de las pymes, facilitando la obtención de una patente provisoria. El objetivo es establecer un estándar mínimo que permita a las pymes obtener rápidamente una patente provisoria, lo que les permitiría emitir boletas o facturas y formalizar su actividad mientras completan los requisitos para la patente definitiva.
El segundo proyecto de ley se centra en fortalecer la Ley de Pago a 30 días, una normativa que busca asegurar que las pymes reciban el pago de sus facturas en un plazo máximo de 30 días. Sin embargo, la ley ha enfrentado dificultades en su implementación. La propuesta del gobierno busca mejorar el mecanismo para liquidar las moras, es decir, los retrasos en el pago de las facturas, conjuntamente con los saldos adeudados. Se busca implementar un sistema que permita liquidar, junto con la obligación de pagar la factura, los intereses y las comisiones establecidas en la ley.
Esta medida se aplicará tanto al sector público como al privado. En el caso del sector público, se buscará mejorar la Ley de Compras Públicas, identificando los organismos que presentan mayores demoras en el pago de las facturas. Se implementará un sistema de trazabilidad que permita a las pymes conocer los plazos promedio de pago de los diferentes servicios públicos, lo que les permitirá gestionar mejor sus finanzas y tomar decisiones informadas. Además, se realizarán gestiones administrativas para mejorar los procesos de pago en los organismos públicos más lentos.
En cuanto a la Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo (Afide), una iniciativa de la administración anterior que no logró ser aprobada, el gobierno actual está revisando su continuidad. Koehler señaló que si bien la Afide tiene aspectos interesantes, algunas de sus funciones se superponen con las de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo). Por ello, se han mantenido reuniones con la nueva dirección ejecutiva de la Corfo para analizar cómo se efectúa el financiamiento en ambas instituciones y determinar si es necesario continuar con el proyecto de ley de la Afide.
Respecto a la Ley de Permisos Sectoriales, aprobada el año pasado para acelerar la inversión, la implementación está en curso. La Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales y la Oficina de Inversión están trabajando para transformar más de 91 permisos en declaraciones juradas. Esta ley representa un cambio de paradigma, ya que traslada la responsabilidad de verificar el cumplimiento de la normativa al inversor privado, quien debe declarar si cumple o no con los requisitos para realizar la inversión.
En la primera etapa, se espera que 91 autorizaciones sectoriales se transformen en declaraciones juradas. Posteriormente, se identificará un nuevo paquete de 90 permisos para su conversión. El gobierno afirma que ya se han reunido con todos los ministerios para realizar un levantamiento de las autorizaciones sectoriales que deben ser transformadas, y se espera tener listo el primer paquete antes del 29 de junio.
Por el momento, no se planean realizar cambios a la Ley Marco de Permisos Sectoriales, pero se considera la posibilidad de realizar mejoras en el futuro. El enfoque actual es la implementación de la ley, pero se reconoce que siempre existe la posibilidad de perfeccionarla. El gobierno busca crear un entorno más favorable para la inversión, simplificando los trámites y reduciendo los tiempos de espera para la obtención de permisos. La meta es convertir a Chile en un país atractivo para los inversores, impulsando el crecimiento económico y la creación de empleo.
