La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ratificó la expropiación de 41 fincas ubicadas en Isla Margarita, Colón, que pertenecían a Panama Colon Container Port (PCCP), la anterior concesionaria del puerto y patio de contenedores en esa área, crucial para el acceso Atlántico del Canal de Panamá. La decisión pone fin, al menos en instancias nacionales, a la batalla legal emprendida por PCCP y sus antiguos socios para evitar la expropiación ordenada por el gobierno del presidente José Raúl Mulino.
El pleno de la CSJ declaró inadmisibles tanto un amparo de garantías constitucionales como una demanda de inconstitucionalidad presentadas contra el Decreto Ejecutivo No. 90 del 20 de octubre de 2025, emitido por el Ministerio de la Presidencia, que dispuso la expropiación de las propiedades. La resolución del amparo, con la magistrada Miriam Cheng Rosas como ponente, contó con el respaldo unánime de los magistrados. La demanda fue interpuesta por la firma T&T Despacho Legal, representando a Landbridge Port Services (Hong Kong) Limited, una antigua socia de PCCP que reclama la propiedad del 50% de las acciones de la empresa.
Landbridge mantiene litigios y arbitrajes tanto en Panamá como en Estados Unidos, específicamente en Delaware, buscando formalizar su reclamo de titularidad sobre la mitad de las acciones de PCCP. La decisión de la CSJ fue comunicada oficialmente a través del Edicto No. 505, divulgado el pasado 8 de abril en la sede de la secretaría de la Corte.
PCCP también intentó impugnar la expropiación mediante una demanda de inconstitucionalidad dirigida contra los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 del Decreto Ejecutivo No. 90 de 2025. Sin embargo, esta acción legal tampoco prosperó ante la CSJ. La magistrada Maribel Cornejo, quien actuó como ponente en este caso, argumentó que la demanda carecía de la pertinencia y especificidad necesarias para ser admitida.
La expropiación de las 41 fincas fue ordenada por el presidente Mulino en octubre de 2025, basándose en “motivos de interés social urgente”. El objetivo declarado es permitir al Estado panameño iniciar la construcción de una nueva instalación portuaria en el lugar. El mandatario ha expresado en repetidas ocasiones su descontento con la gestión de la concesión anterior, que ha permanecido paralizada de manera intermitente durante los últimos años.
Las fincas expropiadas son colindantes a dos concesiones de fondo marino otorgadas a PCCP en 2013 por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) para el desarrollo del proyecto portuario. Estas concesiones fueron posteriormente canceladas debido a múltiples incumplimientos contractuales por parte de PCCP, incluyendo retrasos en el cronograma de la obra, la falta de vigencia de las fianzas y el incumplimiento de los pagos correspondientes a la AMP, entre otras irregularidades.
Es importante destacar que, desde junio de 2025, las fincas expropiadas ya estaban sujetas a un embargo como parte de la demanda civil presentada por Landbridge contra PCCP. Este embargo complicaba aún más la situación legal y financiera de la concesionaria.
El Decreto Ejecutivo No. 90 de 2025, firmado también por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, justifica la medida de expropiación alegando la necesidad de atender intereses sociales urgentes y facilitar el desarrollo de una nueva infraestructura portuaria estratégica para el país.
La historia de estas tierras es significativa, ya que anteriormente formaron parte de las bases militares de Estados Unidos en la antigua Zona del Canal, y posteriormente fueron transferidas a la jurisdicción panameña. Durante el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024), la concesión de PCCP estuvo a punto de ser revocada debido a la certificación de incumplimientos, atrasos y el vencimiento de las fianzas por parte de la Contraloría General de la República. La decisión de la CSJ consolida la posición del gobierno actual en su intento de retomar el control de esta área estratégica y avanzar con el desarrollo de un nuevo proyecto portuario que se espera impulse la economía nacional y fortalezca la posición de Panamá como un centro logístico global. La batalla legal, sin embargo, podría continuar en los tribunales de Estados Unidos, donde Landbridge mantiene sus reclamos.
