El Torno, Santa Cruz Un juez mixto del municipio de El Torno, Santa Cruz, dictaminó este sábado una medida cautelar que prohíbe a la red televisora Unitel difundir encuestas o estudios de opinión sobre la intención de voto, especialmente en relación con el debate electoral y la segunda vuelta para la gobernación de Santa Cruz. La decisión, tomada por el juez Diego Campero García, busca proteger el derecho de los ciudadanos a elegir libremente, en un contexto de creciente desconfianza pública hacia las encuestas electorales.
La medida cautelar, que se aplica también a cualquier otro medio de telecomunicación (televisivo, informático o radiofónico), ordena la suspensión inmediata de la difusión de cualquier encuesta o estudio de opinión antes, durante y después del debate entre los candidatos Juan Pablo Velasco y Otto Ritter, programado para la noche de este domingo 12 de abril de 2026.
La acción popular que originó esta determinación fue presentada por María Aramayo Quintetos en contra de Gustavo Avila Mercado, presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Aramayo argumenta que las encuestas difundidas por los medios de comunicación tienen el potencial de confundir a la población y solicita la prohibición de su publicación hasta que se resuelva la presentación de la acción popular.
En el requerimiento, la accionante señala que en los últimos procesos electorales se ha evidenciado una profunda desconfianza pública respecto de ciertas encuestas difundidas por distintos medios de comunicación, debido a sus notorias discrepancias con los resultados finalmente expresados en las urnas . Esta desconfianza, según Aramayo, justifica la necesidad de una medida cautelar para evitar un posible perjuicio al proceso electoral.
La argumentación de la acción popular se centra en la percepción de que las encuestas pueden manipular la opinión pública y afectar la decisión de los votantes. La accionante considera que la difusión de encuestas, especialmente en momentos clave como el debate electoral y la recta final de la campaña, puede influir indebidamente en el resultado de la elección.
El debate entre Velasco y Ritter, organizado por Unitel, se considera un momento crucial en la campaña para la gobernación de Santa Cruz. La medida cautelar del juez Campero García busca garantizar que los ciudadanos puedan formarse su propia opinión sobre los candidatos, sin la influencia de encuestas que podrían estar sesgadas o ser inexactas.
La segunda vuelta electora para la definición de los gobernadores se llevará a cabo el próximo domingo 19 de abril, y los votantes de cinco departamentos acudirán a las urnas. La prohibición impuesta a Unitel se centra específicamente en la cobertura del debate y la intención de voto en relación con la elección de gobernador de Santa Cruz.
La decisión del juez Campero García ha generado debate entre expertos en comunicación política y derecho electoral. Algunos argumentan que la medida puede ser considerada una restricción a la libertad de expresión y al derecho a la información, mientras que otros la defienden como una medida necesaria para proteger la integridad del proceso electoral.
La red Unitel aún no ha emitido una declaración oficial sobre la medida cautelar. Sin embargo, se espera que la televisora presente recursos legales para impugnar la decisión del juez.
La acción popular de María Aramayo Quintetos ha puesto de manifiesto la creciente preocupación de la ciudadanía por la credibilidad de las encuestas electorales. En los últimos años, se han registrado casos de encuestas que no se ajustaron a los resultados oficiales, lo que ha generado dudas sobre su metodología y objetividad.
La prohibición impuesta a Unitel podría sentar un precedente para futuros procesos electorales en Bolivia. Si la medida cautelar se mantiene, podría abrir la puerta a la presentación de acciones populares similares en otros departamentos, con el objetivo de regular la difusión de encuestas y proteger el derecho de los ciudadanos a elegir libremente.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aún no se ha pronunciado oficialmente sobre la medida cautelar. Sin embargo, se espera que el TSE se pronuncie en los próximos días, una vez que haya recibido la notificación formal de la decisión del juez Campero García.
La prohibición de difundir encuestas durante el debate y en los días previos a la elección de gobernador de Santa Cruz representa un desafío para los medios de comunicación y los candidatos. Los medios deberán encontrar otras formas de informar a la ciudadanía sobre las propuestas y el desempeño de los candidatos, mientras que los candidatos deberán buscar estrategias alternativas para influir en la opinión pública.
La decisión del juez Campero García ha generado un clima de incertidumbre en la campaña electoral de Santa Cruz. Los analistas políticos coinciden en que la prohibición de difundir encuestas podría tener un impacto significativo en el resultado de la elección.
La ciudadanía de Santa Cruz espera con expectativa el debate entre Velasco y Ritter, y la prohibición de difundir encuestas podría aumentar el interés por el evento. Los votantes tendrán la oportunidad de escuchar directamente a los candidatos y formarse su propia opinión sobre quién es el más adecuado para gobernar el departamento.
La medida cautelar del juez Campero García es un recordatorio de la importancia de proteger la integridad del proceso electoral y garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto de manera libre e informada. La decisión del juez ha abierto un debate sobre el papel de las encuestas en la política y la necesidad de regular su difusión para evitar la manipulación de la opinión pública.
