La Sala Constitucional condenó al Ministerio de Hacienda por no transferir 11.521 millones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) correspondientes al año 2025 a las universidades públicas del país. La decisión se basa en un recurso de amparo presentado por el Consejo Nacional de Rectores (Conare), el cual reclamaba el giro pendiente del presupuesto del año pasado, específicamente el 2% adicional del FEES.
Si bien la Sala IV falló a favor de Conare, el tribunal aclaró que, debido al principio de anualidad presupuestaria, no es posible ordenar el pago de estos recursos para el ejercicio económico de 2025, ya que dicho periodo ha finalizado. No obstante, el fallo es contundente al ordenar al ministro de Hacienda, Rudolf L cke Bolaños, y al viceministro Luis Antonio Molina Chacón, o a quienes ocupen esos cargos, que tomen las medidas necesarias para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. Esto implica coordinar acciones y ejecutar las medidas dentro de sus competencias para garantizar el cumplimiento del giro de estos fondos.
Además, la Sala Constitucional condenó al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios derivados del caso, los cuales serán determinados en una etapa posterior del proceso judicial.
El FEES es el principal mecanismo de financiamiento estatal para las universidades públicas en Costa Rica. Su asignación se negocia anualmente y cuenta con respaldo constitucional. Estos recursos son vitales para cubrir una amplia gama de gastos, incluyendo gastos operativos, inversiones en infraestructura, investigación científica, programas de acción social y becas para estudiantes. Los beneficiarios directos de estos fondos son la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional (UNA), el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y la Universidad Técnica Nacional (UTN).
El incremento presupuestario del 2%, equivalente a los 11.521 millones adicionales, fue aprobado por la Asamblea Legislativa en 2024, luego de que la Comisión de Enlace integrada por representantes del Poder Ejecutivo, los rectores de las universidades y representantes estudiantiles no lograra alcanzar un acuerdo sobre el porcentaje de aumento. En las negociaciones, el Gobierno inicialmente propuso un ajuste no mayor al 1%, mientras que los rectores universitarios solicitaron un incremento del 4,06%. Ante la imposibilidad de llegar a un consenso, la decisión final fue trasladada al Congreso.
Posteriormente, la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa aprobó la moción que otorgó el aumento del 2% al FEES, con un voto de siete diputados a favor y cuatro en contra. Esta decisión significó un incremento de 11.521 millones adicionales al presupuesto base de 587.608,75 millones.
En septiembre de 2025, el ministro de Hacienda, Rudolf L cke, declaró a CR Hoy que el giro de estos recursos estaba condicionado a la aprobación del proyecto de emisión de eurobonos. En ese momento, L cke afirmó que no es posible garantizar el otorgamiento de más recursos sin la autorización legislativa para emitir deuda en los mercados internacionales.
El ministro explicó que, de no lograr acceso a financiamiento en los mercados internacionales, el país se enfrentaría a un aumento en las tasas de interés, lo que obligaría a destinar una mayor proporción de los recursos públicos al pago de la deuda, reduciendo así la disponibilidad de fondos para otros programas prioritarios, como la educación superior.
El fallo de la Sala Constitucional representa un revés para el Ministerio de Hacienda y una victoria para las universidades públicas, que han argumentado que la falta de financiamiento adecuado afecta la calidad de la educación superior y la capacidad de investigación del país. Si bien el pago de los 11.521 millones no se realizará para el ejercicio 2025, la orden de la Sala Constitucional de evitar futuros incumplimientos podría sentar un precedente importante para las negociaciones presupuestarias de los próximos años. La determinación de las costas, daños y perjuicios aún está pendiente y podría implicar un costo adicional para el Estado. Este caso pone de manifiesto la importancia del FEES como mecanismo de financiamiento para las universidades públicas y la necesidad de garantizar su asignación oportuna y suficiente para el desarrollo del sistema de educación superior en Costa Rica.
