Panama Ports Company (PPC), la empresa que operó los puertos de Balboa y Cristóbal por más de 25 años, ha iniciado un arbitraje internacional contra Maersk. La decisión se produce tras la entrega por parte de la Autoridad Marítima de Panamá a Maersk de la operación transitoria de las terminales, luego de que una sentencia judicial anulara el contrato de concesión de PPC.
PPC basa su reclamo en un contrato de largo plazo con Maersk, que establecía un enfoque colaborativo de negocio a través del uso exclusivo de las operaciones portuarias de PPC en Panamá y acceso a sus instalaciones e información. La empresa acusa a Maersk de “socavar” este acuerdo al alinearse con el gobierno panameño en lo que describe como una “campaña estatal” para reemplazar a PPC. Según PPC, esta campaña culminó en una “toma” de los puertos y la instalación de nuevos operadores.
Maersk confirmó el inicio del procedimiento arbitral, pero declaró a CNN que “no considera que sea responsable de las reclamaciones y las abordará en el foro correspondiente”. El arbitraje se llevará a cabo en Londres.
PPC también enfatizó que este arbitraje es independiente de los pasos que ya está tomando para responsabilizar a Panamá por lo que considera una conducta “anticontrato y antiinversionista”. La empresa ha denunciado la anulación de su contrato como una “toma ilegal” y estima que los daños superan los 2.000 millones de dólares.
El canciller de Panamá, Javier Martínez Acha, respondió a la decisión de PPC afirmando que la empresa tuvo la oportunidad de buscar una solución amistosa, pero optó por “agotar el proceso jurídico”. Martínez Acha defendió la decisión del gobierno de acatar la sentencia de la Corte Suprema de Panamá, argumentando que, en un país democrático, las sentencias judiciales deben ser respetadas.
La Corte Suprema de Panamá ratificó a fines de enero un fallo que anuló el contrato de PPC, un fallo que involucra una significativa participación de capital chino. El gobierno del presidente José Raúl Mulino, según el canciller, simplemente ha cumplido con la sentencia judicial.
Martínez Acha también denunció un aumento en las inspecciones y detenciones de barcos con bandera panameña en los puertos de China, lo que atribuyó a represalias por la suspensión de los contratos con PPC. El canciller instó a Beijing a “respetar la soberanía jurídica de Panamá”.
Tras el fallo de la Corte Suprema, APM Terminals, filial de Maersk, se ofreció a asumir la operación temporal de los puertos para “mitigar los riesgos que pueda afectar los servicios esenciales para el comercio regional y global”. La empresa subrayó que no es parte de los procesos legales en curso ni participa en decisiones sobre la estructura y administración futura de los puertos.
La disputa por el control de los puertos del Canal de Panamá se desarrolla en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China. La vía fluvial, por donde transita aproximadamente el 40% del tráfico de contenedores de Estados Unidos, es considerada un punto estratégico clave.
Estados Unidos ha criticado las acciones de China, acusándola de detener buques con bandera panameña como represalia por la suspensión de los contratos con PPC. China ha rechazado estas acusaciones, calificándolas de “infundadas” y acusando a Estados Unidos de intentar controlar el canal.
El expresidente Donald Trump ha criticado repetidamente la supuesta influencia de China en el Canal de Panamá. Además, China impidió la venta de las terminales panameñas a un consorcio liderado por BlackRock, un gestor de activos estadounidense.
La situación actual plantea interrogantes sobre el futuro de la operación portuaria en Panamá y el impacto en el comercio internacional. El arbitraje internacional entre PPC y Maersk, junto con las tensiones geopolíticas subyacentes, sugieren que la disputa podría prolongarse en el tiempo. La respuesta de China a las denuncias de Panamá y Estados Unidos también será crucial para determinar el curso de los acontecimientos. El gobierno panameño se mantiene firme en su posición de acatar la sentencia judicial, pero enfrenta la presión de las posibles represalias comerciales y la necesidad de garantizar la continuidad de las operaciones portuarias.
