Un informe preliminar de la Contraloría General de la República, hecho público el 15 de junio de 2026, ha puesto bajo la lupa la llegada de 105 niños y niñas haitianos a Chile durante el año 2025. El documento destacó diversas irregularidades y una marcada falta de coordinación entre los organismos del Estado, revelando que los menores arribaron en vuelos chárter, en algunos casos con grupos de 20 o más niños bajo la responsabilidad de un solo adulto.
La difusión de este informe generó una ola de alarma inmediata. Autoridades y diversos medios de comunicación alertaron sobre la desaparición de 64 de estos menores, sugiriendo escenarios críticos como el tráfico de personas o incluso el tráfico de órganos. No obstante, la tensión disminuyó pocos días después, cuando diversas municipalidades confirmaron que todos los niños habían sido ubicados, contaban con un estatus migratorio regular y ya habían sido integrados a los sistemas de salud y educación del país.
Ante este escenario, surge una pregunta fundamental: ¿por qué estas familias recurrieron a vuelos chárter para trasladar a los menores? Una investigación académica realizada por Lindsey Carte, Rémy Eliazer, Luciana Polanco Pino y Teresita Rocha Jiménez aporta una respuesta basada en datos. El estudio, que incluyó encuestas y entrevistas a 625 inmigrantes —entre ellos 157 haitianos—, sostiene que el uso de estos vuelos no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de años de políticas migratorias restrictivas que han obstaculizado la reunificación familiar por vías regulares.
Según los investigadores, la situación cambió drásticamente a partir de 2018. Mientras que en 2015 Chile permitía el ingreso de haitianos como turistas para luego regularizar su residencia mediante contratos laborales, el Estado implementó posteriormente visas específicas que exigen autorización previa al viaje. Entre los nuevos requisitos destaca la presentación de un certificado de antecedentes penales, un documento que resulta casi imposible de obtener debido a la profunda crisis política y social que atraviesa Haití. A esto se suman los prolongados tiempos de espera generados por el rezago institucional del antiguo Departamento de Extranjería y Migración y el actual Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG).
El costo humano de esta burocracia se refleja en testimonios como el de Richard, un padre de tres hijos que, tras seis años esperando su permanencia definitiva, no ha podido traer a su familia. "Estoy obligado a vivir la vida de un prisionero", relató durante la investigación. Por su parte, Marie, quien pasó siete años separada de sus hijas, explicó la frustración de no poder obtener nuevamente un certificado de antecedentes penales a pesar de haberlo presentado previamente, asegurando que el Estado chileno es consciente de la dificultad para conseguir tales documentos en el contexto haitiano.
La investigación subraya que el endurecimiento de las políticas migratorias no detiene el flujo de personas, sino que lo vuelve más precario. Cuando las vías regulares se vuelven inviables, las familias buscan rutas alternativas. El uso de vuelos chárter es una respuesta a esta desesperación y a la nula conectividad aérea comercial. El Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture en Haití permanece cerrado desde hace más de un año debido a la escalada de violencia de bandas criminales que controlan más del 80% de la zona metropolitana.
Desde 2018, la conectividad regular entre Chile y Haití decayó por la suspensión de permisos de vuelo. Esto obligó a muchos a viajar vía República Dominicana, con costos elevados. Ante esto, surgieron los vuelos chárter desde el Aeropuerto Internacional de Cabo Haitiano, organizados por emprendedores y agencias de viaje que arriendan aeronaves y gestionan los permisos.
Es importante destacar que estos vuelos son financiados íntegramente por los padres y madres haitianos en Chile, quienes a menudo sacrifican sus necesidades básicas para cubrir los costos, que incluyen la tarifa del avión y pagos adicionales a las agencias. El proceso exige que los pasajeros presenten la resolución de su visa; en el caso de los menores, se designa un adulto responsable y se tramitan autorizaciones notariales.
Para los autores de la investigación, el debate público no debería centrarse únicamente en las irregularidades de los vuelos, sino en el tiempo de separación familiar. Con esperas de seis o siete años, las familias recurren a cualquier recurso disponible para reunirse, evidenciando que cuando la ley se vuelve impracticable, la migración simplemente cambia de ruta, volviéndose más vulnerable.
