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TRANSPORTE IGNORADO: Galicia excluye a transportistas de ayudas por guerra en Irán

TRANSPORTE IGNORADO: Galicia excluye a transportistas de ayudas por guerra en Irán

Los transportistas gallegos han expresado su profundo malestar y preocupación tras ser excluidos de las reuniones mantenidas por el Ejecutivo gallego con los sectores económicos más afectados por la guerra en Irán. El Comité Galego do Transporte denuncia que la Xunta de Galicia considera que las empresas de transporte de mercancías por carretera no se ven afectadas por las consecuencias del conflicto en Oriente Próximo, a pesar del significativo incremento de los costes operativos que están sufriendo.

La Xunta de Galicia aprobó la semana pasada un plan de 157 millones de euros destinado a mitigar los efectos económicos de la guerra en Irán. Según declaraciones del conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, este plan se elaboró tras mantener encuentros con los sectores más perjudicados. Sin embargo, los transportistas afirman que no fueron incluidos en estas consultas, lo que ha generado una fuerte sensación de abandono y falta de consideración.

El plan de ayudas destina el 70% de los fondos a empresas, el sector primario y el turístico, a través de créditos del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape). No existe ninguna línea de apoyo específica para el sector del transporte, lo que ha provocado la indignación de los transportistas, quienes argumentan que son una parte fundamental de la economía gallega.

Los empresarios del sector no comprenden cómo el Gobierno gallego pudo haber mantenido reuniones con los sectores más afectados para evaluar el impacto del aumento de los costes energéticos sin incluir a los representantes del transporte de mercancías por carretera. El Comité Galego do Transporte considera que esta omisión es incomprensible y demuestra una falta de sensibilidad hacia las dificultades que están enfrentando las empresas del sector.

El principal problema que enfrentan los transportistas es el aumento del precio del gasóleo, que actualmente representa cerca del 40% de los costes de cada kilómetro recorrido por un camión de transporte pesado de mercancías. A pesar de la rebaja del IVA aplicada por el Gobierno central a los carburantes, el incremento de precios ha sido significativo, lo que ha generado un sobrecoste de aproximadamente 2.400 euros para un vehículo pesado que transporta mercancías a nivel nacional.

Los transportistas argumentan que, en la actual situación, el sector debería ser considerado como especialmente afectado por las consecuencias de la guerra en Oriente Próximo. Denuncian que la Xunta de Galicia les está dando la espalda en un momento crítico, ignorando la importancia de las más de 6.600 empresas del sector en la comunidad gallega. Según datos del Comité Galego do Transporte, estas empresas tienen un impacto en el Producto Interior Bruto (PIB) gallego superior al 5%.

Ante esta situación, el Comité Galego do Transporte ha acordado exigir una rectificación inmediata a la Xunta de Galicia. Solicitan ser convocados de forma urgente, como órgano de representación del transporte gallego, para que se incluyan actuaciones específicas para el sector en el plan de ayuda para mitigar los efectos del conflicto en Oriente Próximo.

Los transportistas consideran que es fundamental que el Gobierno gallego reconozca la importancia de su sector y tome medidas para paliar los efectos del aumento de los costes operativos. Temen que, si no se les proporciona un apoyo adecuado, muchas empresas del sector se vean obligadas a reducir su actividad o incluso a cerrar, lo que tendría un impacto negativo en la economía gallega.

La exclusión del sector del transporte de las ayudas destinadas a mitigar los efectos de la guerra en Irán ha generado una profunda crisis de confianza entre los transportistas y el Gobierno gallego. El Comité Galego do Transporte ha advertido que, si sus demandas no son atendidas, tomarán medidas adicionales para defender los intereses de las empresas del sector. La situación actual plantea un desafío importante para el Ejecutivo gallego, que deberá encontrar una solución que satisfaga las necesidades de los transportistas y garantice la estabilidad del sector.

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