El gobierno chileno, tras el reciente asesinato de una inspectora escolar en Calama, acelerará la implementación de medidas de seguridad y disciplina en los establecimientos educacionales a través de dos nuevos proyectos de ley. La iniciativa, que ya se encontraba en la agenda del Ejecutivo, fue impulsada por el trágico evento en el norte del país, según fuentes gubernamentales.
El Presidente José Antonio Kast anunció que se requerirán medidas que antes eran muy resistidas , señalando la determinación del gobierno de abordar la problemática de la violencia escolar de manera más contundente. Los proyectos de ley, a cargo de los ministerios de Educación, liderado por María Paz Arzola, y de Seguridad, encabezado por Trinidad Steinert, buscan fortalecer el control y el orden en las escuelas, así como endurecer las sanciones por delitos cometidos en recintos educacionales.
El primer proyecto, denominado Escuelas Protegidas , será presentado esta jornada a través de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y cuenta con las firmas del Presidente Kast y los ministros de Educación, Seguridad y Justicia. Esta iniciativa se centra en otorgar mayores atribuciones de monitoreo a los establecimientos educacionales y contempla cinco medidas clave.
Una de las medidas más debatidas es la posibilidad de inhabilitar a estudiantes para acceder al beneficio de la gratuidad en la educación superior en caso de ser condenados por delitos que atenten contra la vida, la integridad física o psíquica de las personas, contra la propiedad o contra la infraestructura pública. Esta propuesta busca establecer una conexión entre el comportamiento de los estudiantes y su acceso a la educación superior gratuita.
Otra medida contemplada en el proyecto es la revisión de mochilas y pertenencias personales de estudiantes y profesores. Los sostenedores de los colegios podrán implementar esta medida para prevenir el ingreso de elementos que puedan ser utilizados para agredir, incorporándola al reglamento interno del establecimiento. El gobierno es consciente de que esta medida podría ser objeto de controversia y posibles recursos ante el Tribunal Constitucional, por lo que se han incluido salvaguardias para garantizar el respeto a los derechos de los estudiantes y la no vulneración de garantías constitucionales. Se establece que las revisiones deben ser realizadas por personal especializado y con respeto a la honra de los estudiantes.
El proyecto también busca empoderar a los profesores, otorgándoles la posibilidad de implementar medidas pedagógicas, preventivas, correctivas y disciplinarias para resguardar el normal desarrollo de las clases. Estas medidas podrán ser inmediatas y de carácter obligatorio para los estudiantes, incluyendo expulsiones de las salas de clases y suspensiones. La iniciativa responde a la percepción del gobierno de que el respeto a los docentes ha disminuido en los últimos años.
Asimismo, se contemplan sanciones por interrumpir las clases, apuntando a episodios como las salidas convocadas en liceos emblemáticos, que interrumpen el desarrollo normal del día académico. El proyecto considera cualquier evento que afecte el normal funcionamiento del servicio educativo.
Finalmente, el proyecto establece la prohibición del uso de gorros, capuchas, pasamontañas o cualquier vestimenta que impida la identificación facial, salvo en casos justificados por motivos de salud o clima. También se prohibirá el uso de accesorios o vestimentas que promuevan la violencia, las drogas o conductas delictuales.
El segundo proyecto de ley se enfoca en el endurecimiento de las sanciones por delitos cometidos en recintos educacionales. Busca modificar el Código Penal para establecer una agravante para aquellos delitos que se cometan dentro de los establecimientos educacionales.
El gobierno espera que estas medidas contribuyan a restablecer el orden y el respeto en las escuelas, y a crear un ambiente de aprendizaje seguro y propicio para el desarrollo de los estudiantes. La presentación formal de los proyectos de ley se realizará este martes en La Moneda, con la presencia del Presidente Kast y las ministras Arzola y Steinert. La discusión y aprobación de estas iniciativas en el Congreso se espera que sea un proceso complejo, dada la sensibilidad de los temas involucrados y la posible oposición de algunos sectores. Sin embargo, el gobierno se muestra firme en su determinación de abordar la problemática de la violencia escolar de manera integral y efectiva.
