Los contribuyentes de Castilla y León que rehabiliten viviendas en el medio rural podrán beneficiarse de una deducción en la declaración de la Renta de 2025-2026, una medida diseñada para impulsar la recuperación del parque inmobiliario en pequeñas localidades y fomentar el alquiler en zonas con problemas de despoblación. La deducción autonómica permitirá reducir la cuota del IRPF en un 15% de las cantidades invertidas en obras de rehabilitación, siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos específicos establecidos por la normativa autonómica.
El objetivo principal de esta iniciativa es doble: mejorar el estado de las viviendas en las zonas rurales de Castilla y León y, al mismo tiempo, incrementar la oferta de viviendas disponibles para alquilar a precios asequibles, contribuyendo así a frenar la despoblación y dinamizar la economía local. Sin embargo, no todas las obras de mejora darán derecho a esta ventaja fiscal. Para poder aplicarla, los trabajos realizados deben ser considerados como rehabilitación de edificaciones según la normativa fiscal vigente.
En la práctica, se entiende por rehabilitación aquellos proyectos que se centren principalmente en la reconstrucción del inmueble. Esto implica que más de la mitad del coste total de la obra debe corresponder a actuaciones sobre elementos estructurales esenciales, como cimientos, fachadas o cubiertas, o a intervenciones directamente relacionadas con estos aspectos. Además, el coste de la reforma debe superar el 25% del valor de la vivienda, excluyendo el valor del suelo. Este valor se determinará en función del precio de compra si la vivienda fue adquirida en los dos años anteriores a la realización de las obras, o bien, en base al valor de mercado del inmueble en el momento en que se iniciaron las reformas.
La deducción fiscal está limitada a inmuebles situados en zonas rurales de Castilla y León. Concretamente, la vivienda debe estar ubicada en municipios o entidades locales que no superen los 10.000 habitantes. No obstante, este límite se reduce a 3.000 habitantes en aquellos casos en que la localidad se encuentre a menos de 30 kilómetros de la capital de la provincia. Esta restricción geográfica busca concentrar los esfuerzos en las zonas más afectadas por la despoblación y donde la necesidad de revitalizar el parque inmobiliario es más urgente.
Otro requisito fundamental para acceder a esta deducción es el valor de la vivienda. El inmueble no puede superar los 150.000 euros a efectos del impuesto que grava su adquisición. Esta limitación en el valor de la vivienda pretende asegurar que la deducción beneficie principalmente a aquellos contribuyentes que invierten en la rehabilitación de viviendas más modestas y asequibles.
En cuanto a la cuantía de la deducción, la base máxima sobre la que se aplica el 15% está limitada a 20.000 euros. Esto significa que, aunque el contribuyente haya invertido una cantidad superior en la rehabilitación de la vivienda, solo podrá deducirse hasta ese importe. Por lo tanto, la deducción máxima que se puede obtener es de 3.000 euros (el 15% de 20.000 euros).
Un aspecto crucial de esta deducción es la obligación de destinar la vivienda al alquiler durante un periodo mínimo de cinco años tras la finalización de las obras. Esta condición busca garantizar que la rehabilitación de las viviendas tenga un impacto real en la oferta de alquiler en las zonas rurales y que se contribuya a solucionar el problema de la falta de viviendas disponibles para alquilar. Además, el arrendamiento debe realizarse a personas que no tengan relación familiar directa con el propietario, excluyendo cónyuges, ascendientes, descendientes y familiares hasta el tercer grado.
En caso de que la vivienda no esté alquilada en algún momento durante ese periodo de cinco años, no se perderá automáticamente el derecho a la deducción. Sin embargo, se exigirá que el inmueble esté disponible en el mercado para ser alquilado. Para demostrarlo, el contribuyente deberá acreditar que está ofreciendo activamente la vivienda en alquiler, por ejemplo, mediante anuncios en portales inmobiliarios, agencias, carteles o cualquier otro medio publicitario.
Es importante destacar que, durante los periodos en que la vivienda permanezca desocupada, no podrá estar habitada por el propietario o por personas con las que tenga relación familiar. Un indicio de ello podría ser el consumo mínimo o inexistente de suministros como luz, agua o gas.
La normativa también establece un límite al precio del arrendamiento. La renta mensual no podrá superar los 300 euros, una condición que busca asegurar que las viviendas rehabilitadas se ofrezcan a precios asequibles para los potenciales inquilinos. En este importe podrán incluirse, si así se pacta en el contrato de arrendamiento, gastos como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), las tasas municipales o la cuota de la comunidad de propietarios. En caso de no especificarse nada en el contrato, estos costes corresponderán al propietario, tal y como establece la legislación civil.
Finalmente, es obligatorio depositar la fianza del alquiler conforme a la normativa vigente, otro requisito imprescindible para poder aplicar la deducción fiscal. El cumplimiento de todos estos requisitos permitirá a los contribuyentes de Castilla y León beneficiarse de esta importante ventaja fiscal y contribuir a la revitalización de las zonas rurales de la región.
