El Congreso debate modificaciones a la Ley de Glaciares en un contexto de creciente interés en el desarrollo minero y recientes fallos judiciales que habilitan nuevas concesiones. El oficialismo busca impulsar cambios que otorguen mayor autonomía a las provincias en la definición de criterios de preservación, atendiendo a reclamos de regiones con potencial minero. La discusión se centra en el alcance de la protección de las zonas periglaciares, áreas clave para las reservas de agua que también presentan un alto potencial para la actividad extractiva.
La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) argumenta que las modificaciones propuestas no comprometerán la protección del recurso hídrico, señalando que la actividad minera representa solo el 1% del consumo total de agua en el país. Para ilustrar este punto, la CAEM comparó el consumo de agua en la minería con el de otras industrias, destacando que la elaboración de una botella de vino requiere 650 litros de agua, una barra de chocolate 1.700 litros y una jarra de café 840 litros. La entidad enfatiza que los volúmenes utilizados por las operaciones mineras son comparables a los de otras actividades productivas y que gran parte del agua utilizada se recicla dentro de los procesos industriales.
El debate parlamentario se produce en un momento en que el Gobierno busca atraer inversiones en sectores estratégicos, especialmente en la minería, con el objetivo de generar divisas y fortalecer la economía. El esquema actual de control del uso del agua, basado en concesiones, auditorías y sanciones, podría verse modificado si la iniciativa prospera en el Congreso.
Un ejemplo concreto del interés en el desarrollo minero es el proyecto Taca-Taca, un yacimiento de cobre considerado entre los diez más grandes del mundo sin explotar. La minera canadiense First Quantum Minerals ratificó su compromiso de avanzar con este proyecto durante la Argentina Week en Nueva York, comprometiendo una inversión inicial de USD 4.200 millones y una capacidad de procesamiento de 40 millones de toneladas anuales. Se estima que el proyecto generará hasta 4.000 empleos durante la etapa de construcción y 2.000 puestos de trabajo en la fase operativa, con una producción anual de 291.000 toneladas de cobre durante la primera década y una vida útil de 35 años.
Para asegurar la viabilidad del proyecto y atraer financiamiento internacional, First Quantum Minerals se ha comprometido a cumplir con los criterios de sostenibilidad ambiental y social establecidos por la Corporación Financiera Internacional (IFC), buscando posicionar a Argentina como un destino competitivo para inversiones mineras a largo plazo.
Argentina posee importantes reservas de cobre y litio, minerales esenciales para la electrificación y las nuevas cadenas de suministro energético. El desarrollo de grandes proyectos mineros, bajo estándares internacionales y acuerdos de sostenibilidad, se considera clave para diversificar las exportaciones y consolidar la infraestructura del país. Las estimaciones privadas sugieren que la minería argentina podría multiplicar sus envíos en la próxima década, superando los USD 40.000 millones anuales hacia 2035, impulsada por nuevas inversiones y una alta demanda global de minerales críticos.
En paralelo al debate legislativo, la Corte de Justicia de Catamarca resolvió recientemente levantar la medida cautelar que pesaba sobre la cuenca del Río Los Patos, tras casi cuatro meses de parálisis. La decisión se basó en la entrega del Estudio de Gestión e Impacto Ambiental Acumulativo (EGIA), que concluyó que no existe daño ambiental provocado por la actividad minera actual en la zona.
El levantamiento de la cautelar habilita al Gobierno de Catamarca a otorgar nuevas concesiones mineras en el departamento de Antofagasta de la Sierra, una de las áreas más sensibles debido a la coexistencia de reservas hídricas y potencial minero. La disputa legal había sido iniciada por la comunidad indígena Atacameños del Altiplano, quienes denunciaron la falta de estudios ambientales integrales para la extracción de litio y otros minerales en el salar del Hombre Muerto.
La CAEM insiste en que la minería utiliza solo el 1% del agua disponible en el país y que la mayor parte de este recurso se recicla dentro de los ciclos industriales, minimizando el consumo neto. El agua se utiliza en diversas etapas de la minería, incluyendo el procesamiento de minerales, el transporte, el riego de caminos, la refrigeración, la limpieza y la protección ambiental mediante el control de polvo y temperatura, tanto en operaciones a cielo abierto como subterráneas.
Las operaciones mineras se abastecen principalmente de fuentes de agua subterránea, arroyos, ríos, lagos y fuentes marinas, bajo estrictas concesiones otorgadas por las autoridades provinciales o nacionales. La regulación actual establece límites máximos de consumo para cada empresa y contempla procedimientos de inspección y auditoría, con la posibilidad de sanciones o la revocación de la concesión en caso de incumplimiento. Este esquema busca garantizar un equilibrio entre los diferentes sectores económicos, priorizando los usos del agua a través de un sistema de permisos que involucra a todas las actividades productivas. El resultado del debate en la Cámara de Diputados será crucial para definir el futuro de la minería y la gestión de los recursos hídricos en Argentina.
