La reciente aprobación de la Ley 157 en Bolivia ha desatado una ola de críticas por parte de activistas y expertos legales, quienes advierten sobre la amenaza que representa para la protección de la pequeña propiedad, los derechos humanos y la soberanía alimentaria del país. La ley, que busca facilitar el acceso al crédito para el sector agropecuario, es acusada de priorizar la rentabilidad financiera sobre la función social de la tierra, abriendo la puerta a la mercantilización y el control extranjero de recursos vitales.
Según la abogada de derechos humanos y medio ambiente, Daniela Arratia, del Colectivo Lucha por la Amazonia Boliviana, la Ley 157 elimina la inembargabilidad de la pequeña propiedad, un derecho constitucional que protegía a los productores vulnerables de la pérdida de sus tierras ante deudas o crisis económicas. Esta medida, argumenta Arratia, convierte la tierra en una prenda comercial , exponiendo a los pequeños agricultores a un sistema financiero que no considera los riesgos climáticos ni la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria.
La ley también facilita un proceso de due diligence para capitales transnacionales, permitiendo una auditoría exhaustiva de los activos, lo que podría resultar en la adquisición de tierras por parte de inversores extranjeros. Además, se critica que la norma agiliza la regularización de predios con problemas legales, lo que podría legitimar la apropiación de tierras con antecedentes dudosos.
Arratia advierte que la Ley 157 viola el principio de progresividad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, desmantelando décadas de protección social en favor de una lógica de mercado extractivista. La eliminación de la inembargabilidad, subraya, pone en riesgo especialmente a las mujeres y los adultos mayores, quienes a menudo no figuran como propietarios formales de la tierra.
Finalmente, la ley es vista como una amenaza para el acceso al agua, ya que al permitir la ejecución de hipotecas sobre la tierra, también se podría adjudicar el control de las fuentes hídricas a los acreedores, poniendo en peligro el sustento de las comunidades y la sostenibilidad de los ecosistemas.
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