La reciente polémica en torno a la desvinculación de la directora del SernamEG, en medio de una grave enfermedad, ha reabierto el debate sobre las debilidades del sistema de Alta Dirección Pública (ADP) en Chile. El caso, más allá de las explicaciones administrativas, pone de manifiesto la necesidad de estándares mínimos de empatía en la gestión pública, especialmente en situaciones de vulnerabilidad.
Si bien el Ejecutivo ha matizado su postura inicial, el episodio revela un problema estructural: la amplia discrecionalidad que existe para remover a directivos públicos seleccionados por mérito y competencias. Este sistema híbrido, que combina la profesionalización en la selección con la posibilidad de remoción por razones políticas, reproduce dinámicas de patronazgo y dificulta la estabilidad institucional.
Datos revelan que más del 60% de los directivos seleccionados a través de concursos públicos son removidos con cada cambio de gobierno, con una duración promedio en el cargo que no supera los tres años. Esta alta rotación genera costos significativos para el Estado, incluyendo la repetición de procesos de selección, períodos de vacancia y la pérdida de inversión en el desarrollo de talentos.
Académicos como Ignacio Cienfuegos Spikin, de la Universidad de Chile, señalan que fortalecer la ADP no es solo una cuestión de probidad o profesionalización, sino una condición básica para un Estado más eficaz y responsable en el uso de los recursos públicos. La experiencia comparada con países como Reino Unido, Nueva Zelanda o Canadá, que cuentan con sistemas más robustos de dirección pública, demuestra la importancia de establecer resguardos institucionales más estrictos para asegurar la estabilidad y continuidad de los cargos directivos.
El desafío, por tanto, es avanzar hacia una institucionalidad que reduzca la discrecionalidad en la desvinculación, fortalezca los sistemas de evaluación de desempeño y garantice trayectorias profesionales que resguarden la continuidad del Estado más allá de los ciclos políticos. La discusión central radica en definir si el empleo público seguirá siendo un instrumento de gestión política o si avanzará hacia un modelo profesional y orientado al interés general.
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