La Relatora de la ONU advierte que Ecuador está avanzando en una "deriva autoritaria", señalando el uso de la Ley de Transparencia Social como herramienta para "amedrentar" a organizaciones no gubernamentales que ejercen la crítica hacia el gobierno. La experta basa su afirmación en la forma en que el gobierno del presidente Daniel Noboa ha implementado y utiliza la ley, aprobada en agosto pasado con el apoyo de la mayoría oficialista en el Parlamento.
La Ley de Transparencia Social, impulsada por la administración de Noboa, ha generado controversia desde su aprobación. Si bien el gobierno la presenta como un mecanismo para asegurar la rendición de cuentas y la correcta utilización de los recursos públicos, la Relatora de la ONU considera que su aplicación está teniendo un efecto disuasorio sobre la labor de las ONG que monitorean y cuestionan las políticas gubernamentales.
La preocupación central radica en la forma en que la ley se utiliza para exigir información detallada a las organizaciones no gubernamentales, información que, según la Relatora, no es necesaria para garantizar la transparencia y que, en la práctica, representa una carga administrativa considerable. Esta carga, sumada a la posibilidad de sanciones por incumplimiento, estaría generando un clima de temor entre las ONG, limitando su capacidad para realizar investigaciones y denunciar irregularidades.
La Relatora enfatiza que la libertad de expresión y la capacidad de la sociedad civil para participar en el debate público son pilares fundamentales de una democracia saludable. El uso de leyes, como la Ley de Transparencia Social, para silenciar o intimidar a las voces críticas, socava estos pilares y pone en riesgo la calidad de la democracia.
La experta de la ONU no ha detallado ejemplos específicos de ONG que hayan sido afectadas por la ley, pero sí ha señalado que el patrón de comportamiento observado es preocupante y requiere atención. La Relatora insta al gobierno ecuatoriano a revisar la aplicación de la Ley de Transparencia Social y a garantizar que no se utilice para restringir la libertad de expresión o para obstaculizar la labor de la sociedad civil.
La aprobación de la Ley de Transparencia Social en agosto pasado se produjo en un contexto de creciente polarización política en Ecuador. El gobierno de Daniel Noboa, que asumió el cargo en noviembre de 2023, ha prometido combatir la corrupción y mejorar la seguridad en el país. Sin embargo, sus críticos argumentan que algunas de sus políticas, incluyendo la Ley de Transparencia Social, podrían estar socavando las libertades civiles y los derechos humanos.
La advertencia de la Relatora de la ONU se suma a las preocupaciones expresadas por otras organizaciones internacionales y locales de derechos humanos, que también han denunciado el uso de la ley para presionar a las ONG. Estas organizaciones han solicitado al gobierno ecuatoriano que dialogue con la sociedad civil y que modifique la ley para garantizar que sea compatible con los estándares internacionales de derechos humanos.
El gobierno ecuatoriano aún no ha respondido a la advertencia de la Relatora de la ONU. Sin embargo, funcionarios del gobierno han defendido la Ley de Transparencia Social, argumentando que es una herramienta necesaria para combatir la corrupción y garantizar la rendición de cuentas. Afirman que la ley no tiene como objetivo silenciar a las ONG, sino simplemente asegurar que cumplan con sus obligaciones legales y que utilicen los recursos públicos de manera transparente.
La situación en Ecuador es monitoreada de cerca por la comunidad internacional. La Relatora de la ONU ha anunciado que continuará siguiendo de cerca la evolución de la situación y que presentará un informe más detallado sobre sus hallazgos en los próximos meses. La comunidad internacional espera que el gobierno ecuatoriano tome en serio las preocupaciones planteadas por la Relatora y que adopte medidas para proteger la libertad de expresión y la labor de la sociedad civil.
La preocupación de la ONU se centra en el impacto potencial de la ley en la capacidad de las ONG para realizar su trabajo esencial, que incluye la defensa de los derechos humanos, la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas, y la prestación de servicios a las comunidades vulnerables. La Relatora advierte que cualquier restricción injustificada a la labor de las ONG podría tener consecuencias negativas para la democracia y el estado de derecho en Ecuador.
La Relatora de la ONU insta al gobierno ecuatoriano a entablar un diálogo constructivo con la sociedad civil y a buscar soluciones que permitan garantizar la transparencia y la rendición de cuentas sin comprometer la libertad de expresión y la labor de las ONG. La experta subraya que la participación activa de la sociedad civil es esencial para el buen funcionamiento de una democracia y para la construcción de un futuro más justo y equitativo para todos los ecuatorianos.
