Panamá se enfrenta a un debate crucial sobre la naturaleza de su clase política y la persistencia de prácticas que difuminan la línea entre el servicio público y el beneficio privado. Un análisis profundo revela una realidad donde la plutocracia y el patrimonialismo, en sus formas modernas, socavan la calidad de la democracia y el Estado de Derecho.
El argumento central reside en la necesidad de que un gobernante se rodee de individuos más preparados y capaces que él mismo, profesionales con una sólida formación, inteligencia y, fundamentalmente, la valentía de expresar opiniones contrarias cuando sea necesario. No se trata de buscar adulación o acumular respaldos acríticos, sino de convocar voces sinceras y bien fundamentadas que actúen como límites claros al poder, recordando y respetando la importancia de mantener al líder con los pies en la tierra.
La experiencia panameña ha estado marcada por una clase política que oscila entre la consolidación de la riqueza y el patrimonialismo endémico, una situación tan común que a menudo se confunde con el éxito empresarial de los gobernantes. Sin embargo, es crucial distinguir entre el empresario que crea empleo a través de su propio esfuerzo y aquel que prospera gracias a un cargo público, sin ética ni escrúpulos. Esta confusión no es meramente moral, sino estructural, y afecta directamente la calidad de la democracia y del Estado de Derecho.
El concepto de patrimonialismo, desarrollado por Max Weber, describe una forma de ejercer el poder como una extensión del patrimonio personal del gobernante. En este modelo, el Estado y la administración pública se confunden con la esfera privada del líder, y los recursos públicos se gestionan como bienes personales. La autoridad se legitima por la tradición y por vínculos de lealtad personal, en lugar de por normas impersonales y racionales propias de un Estado moderno.
El neopatrimonialismo adapta este esquema a contextos contemporáneos, donde coexisten instituciones formales elecciones, constituciones y burocracias con redes informales de patronazgo. En estos regímenes, el poder se concentra en figuras personalistas, las normas se aplican selectivamente y las instituciones se instrumentalizan para sostener clientelas. Esta no es una anomalía pasajera, sino una forma de organización del poder que se adapta y persiste incluso en democracias formales.
Desde la teoría política normativa, Michael Walzer, en su obra "Esferas de la justicia", aporta una clave esencial para comprender esta distorsión. Cada esfera social la política, la economía o la justicia debe regirse por criterios propios y no ser colonizada por lógicas ajenas. Cuando el poder político se convierte en una vía para obtener ventajas económicas, se rompe esa separación y se generan formas de dominación injustas. Esta perspectiva permite distinguir claramente entre el empresario que prospera por innovación y competencia, y aquel que utiliza el cargo público como palanca de enriquecimiento personal, vaciando de contenido la función pública.
La informalidad, lejos de ser un simple defecto organizativo, puede convertirse en una estrategia deliberada de reproducción del poder. Al operar fuera de las reglas formales, el patrimonialismo se refuerza mediante la opacidad y la discrecionalidad, demostrando que no es una forma arcaica de gobierno, sino un patrón persistente y adaptativo.
Francis Fukuyama, en "Political Order and Political Decay", explica que el crecimiento económico y la modernización institucional no garantizan la superación de prácticas patrimoniales. Muchos Estados pueden crecer mientras mantienen estructuras de poder capturadas por élites políticas y económicas, especialmente cuando los mecanismos de control no evolucionan al mismo ritmo que la economía. La corrupción y el clientelismo, en estos casos, no son anomalías, sino síntomas de un orden político incompleto, donde las instituciones existen pero carecen de autonomía real.
Panamá, con sus ventajas estratégicas su posición geográfica, el Canal y un sector logístico y financiero desarrollado , también presenta vulnerabilidades institucionales. Esta centralidad convierte las decisiones sobre infraestructura y concesiones en puntos críticos donde confluyen intereses políticos y económicos, lo que puede impulsar el desarrollo o, por el contrario, reproducir redes clientelares.
Los recientes conflictos en torno a concesiones estratégicas y procesos judiciales por presunto enriquecimiento ilícito han evidenciado la fragilidad de los mecanismos de transparencia cuando las reglas se aplican de forma selectiva. La sociedad civil y los medios de comunicación han desempeñado un papel clave en la visibilización de estas tensiones, pero, sin instituciones independientes, protección a denunciantes e investigaciones imparciales, las iniciativas anticorrupción corren el riesgo de convertirse en instrumentos de control político.
Romper estas dinámicas exige separar con claridad lo público de lo privado, profesionalizar la administración mediante criterios meritocráticos, fortalecer los órganos de control y garantizar una transparencia efectiva en la gestión de recursos estratégicos. Comprender el patrimonialismo y sus manifestaciones contemporáneas es indispensable para fortalecer el Estado de Derecho y asegurar que las ventajas de Panamá se traduzcan en un desarrollo inclusivo y sostenible, y no en la perpetuación de redes de poder que limitan la competencia, la innovación y la justicia. La clave reside en transformar la percepción y la práctica de la política, pasando de ser una vía para el enriquecimiento personal a un verdadero servicio público.
