Los ministros de Economía de España, Alemania, Italia, Austria y Portugal han solicitado formalmente a la Comisión Europea la creación de un nuevo tributo coordinado sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, en respuesta al encarecimiento del petróleo provocado por la escalada bélica en Oriente Próximo y el conflicto con Irán. La propuesta, formalizada en una misiva fechada el 3 de abril y a la que ha tenido acceso EL PAÍS/Cinco Días, insta al Comisario de Clima, Cero Emisiones Netas y Crecimiento Limpio, Wopke Hoekstra, a desarrollar un marco legal sólido para gravar las rentas inesperadas del sector. El objetivo principal es evitar que el coste de la crisis energética recaiga exclusivamente sobre los consumidores y el erario público.
La iniciativa cuenta con el respaldo de Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa de España, junto a sus homólogos Giancarlo Giorgetti (Italia), Joaquim Miranda Sarmento (Portugal), Lars Klingbeil (Alemania) y Markus Marterbauer (Austria). Los firmantes argumentan que la actual volatilidad del mercado, exacerbada por las tensiones geopolíticas, ha generado distorsiones que exigen una intervención comunitaria inmediata.
El documento se basa en el precedente establecido en 2022, cuando la Unión Europea implementó una contribución temporal de solidaridad para hacer frente a la crisis de precios desencadenada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Los ministros sostienen que la situación actual presenta similitudes técnicas y fiscales que justifican la adopción de una herramienta similar, sin menoscabar las medidas que cada Estado miembro pueda implementar de forma individual.
En la misiva, los ministros enfatizan la importancia de enviar un mensaje de unidad política frente a las consecuencias de la guerra. Una solución europea de este tipo actuaría como una señal para los ciudadanos de nuestros Estados miembros y para la economía en general, demostrando que estamos unidos y somos capaces de tomar medidas. También enviaría el mensaje claro de que quienes se benefician de las consecuencias de la guerra deben poner de su parte para aliviar la carga sobre el público general , reza el texto.
La propuesta técnica introduce una novedad significativa en comparación con los instrumentos anteriores. Los cinco países solicitan a la Comisión Europea que estudie si y cómo se pueden incluir en este nuevo gravamen los beneficios obtenidos en el extranjero por las multinacionales petroleras. Este enfoque busca una fiscalidad más precisa y efectiva, con el fin de capturar el excedente de capital generado por las operaciones globales de las empresas energéticas durante el conflicto.
Este movimiento por parte de los cinco ministros se produce tras las discusiones mantenidas en la reunión del Eurogrupo el pasado 27 de marzo, donde se abordó la necesidad de proteger la estabilidad fiscal ante las restricciones presupuestarias existentes. La recaudación generada por este nuevo tributo permitiría financiar medidas de alivio para los consumidores y frenar la inflación sin incrementar el déficit de los presupuestos públicos nacionales, según el documento.
La Comisión Europea ha expresado su disposición a revisar la propuesta de manera acelerada, en un contexto marcado por la tendencia alcista del precio del barril de crudo debido a la inestabilidad en las rutas de suministro globales. Se espera que los servicios técnicos de Bruselas evalúen la base legal de este posible instrumento en las próximas semanas.
La propuesta de los cinco Estados miembros se fundamenta técnicamente en el Reglamento (UE) 2022/1854, el instrumento de emergencia activado tras la invasión de Ucrania. Dicha normativa estableció una contribución de solidaridad obligatoria del 33% sobre los beneficios de las empresas petroleras y gasistas que superaran en más de un 20% la media de los cuatro años previos. Los ministros argumentan que este precedente legal proporciona la seguridad jurídica necesaria para actuar con rapidez ante la actual volatilidad del crudo derivada del conflicto con Irán.
El objetivo primordial es recuperar este mecanismo para capturar los excedentes de las multinacionales y financiar medidas de alivio directo a los hogares y empresas. Según el texto remitido a la Comisión, la aplicación de un instrumento similar al de 2022 permitiría frenar la presión inflacionista sin comprometer la estabilidad de los presupuestos nacionales. Los firmantes destacan que la medida busca corregir las distorsiones del mercado que permiten al sector energético capitalizar el alza de precios mientras el resto de la economía asume el coste de la crisis.
En España, las medidas implementadas por el Gobierno han logrado reducir los precios de los carburantes tras la escalada provocada por el conflicto con Irán. Según los datos del último Boletín Petrolero de la Unión Europea, el precio medio del litro de gasolina se sitúa en 1,557 euros, lo que representa un descenso de 17 céntimos en comparación con la semana anterior. El gasóleo, por su parte, cotiza a 1,777 euros tras una bajada de 11 céntimos, consolidando el primer abaratamiento en las estaciones de servicio desde el estallido de las hostilidades.
Este alivio en los surtidores es resultado del paquete de choque que incluye el recorte del IVA de los combustibles del 21% al 10% y la reducción del impuesto especial sobre hidrocarburos. El Ejecutivo estima que el coste total de estas medidas asciende a los 5.000 millones de euros. Según analistas económicos, esta bonificación tributaria permitió amortiguar el Índice de Precios de Consumo (IPC) de marzo hasta el 3,3%, cifra que habría sido significativamente superior sin la intervención directa sobre la fiscalidad energética. La propuesta europea busca complementar estas medidas nacionales con una acción coordinada a nivel comunitario para maximizar el impacto en la protección de los ciudadanos y la estabilidad económica.
