Panamá experimenta un crecimiento económico significativo, con un Producto Interno Bruto (PIB) que alcanzó un 4.4% en 2025 y una variación interanual del 4.07% en el Índice Mensual de Actividad Económica en enero de 2026. Sin embargo, este progreso macroeconómico contrasta fuertemente con la realidad que enfrentan muchos panameños, evidenciada en cifras preocupantes de desempleo, informalidad y dificultades en el acceso a servicios básicos.
El desempleo total se sitúa en un 10.4%, con un desempleo abierto del 6.9%, mientras que la informalidad laboral alcanza al 47.1% de la población ocupada no agrícola. Esta situación revela una profunda desconexión entre el crecimiento económico y la mejora de las condiciones de vida de una parte considerable de la población. La economía, según se desprende, no se refleja en el bolsillo de los ciudadanos, sino en informes y estadísticas que poco tienen que ver con el precio de los alimentos, el costo del transporte, el pago de servicios, los gastos médicos y la incertidumbre ante imprevistos.
Para muchos panameños, tener un empleo no garantiza estabilidad económica. Los ingresos son a menudo insuficientes para cubrir las necesidades básicas, y el aumento constante del costo de la vida erosiona el poder adquisitivo. En este contexto, el crecimiento económico deja de ser percibido como una oportunidad y se convierte en una promesa distante, inalcanzable para quienes luchan día a día por sobrevivir.
La deficiencia en los servicios públicos agrava aún más esta situación. El sistema de salud, sobrecargado por la creciente demanda, muestra signos de desgaste. La Caja de Seguro Social, a la que los ciudadanos contribuyen durante años como un derecho adquirido, enfrenta demoras, trámites burocráticos y una sensación generalizada de abandono que socava la confianza en las instituciones. La situación actual del sistema de salud no es meramente administrativa; se asemeja a un organismo en tensión constante, peligrosamente cerca del colapso, requiriendo una intervención urgente para evitar consecuencias más graves.
El alto costo de los medicamentos representa otro obstáculo para el acceso a la salud. No basta con que los medicamentos estén disponibles; deben ser accesibles para todos. Cuando el acceso a un tratamiento depende de la capacidad económica, la desigualdad se manifiesta como un riesgo real para la vida.
El precio de la energía eléctrica también impacta directamente en el bolsillo de los ciudadanos. La percepción generalizada es que la factura eléctrica pesa cada vez más, y la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), encargada de la regulación y supervisión, no se percibe como un defensor eficaz de los derechos de los usuarios. No basta con recibir denuncias; es necesario garantizar respuestas efectivas y visibles.
El acceso al agua potable es otra deuda pendiente en la vida cotidiana de muchos panameños. La falta de acceso a este servicio básico afecta la salud, la higiene y la dignidad de las personas. La repetición de esta situación sin una solución definitiva erosiona la paciencia y la confianza en las autoridades.
La educación tampoco escapa a esta realidad. A pesar de los planes y discursos de modernización, persisten fallas en lo esencial. El programa del vaso de leche, destinado a proporcionar alimentación a estudiantes de bajos recursos, enfrenta retrasos y dudas en su implementación, afectando a aproximadamente 247,000 estudiantes en cerca de 879 escuelas, con una inversión de 16 millones de dólares. La demora en la ejecución de este programa básico y las dudas sobre la participación de productores nacionales son incomprensibles.
Además de estos problemas específicos, el transporte público deficiente, los tiempos perdidos en tranques, la atención deficiente en las instituciones y la dificultad para realizar trámites contribuyen a un desgaste diario que no se refleja en las estadísticas, pero sí en la vida cotidiana de los ciudadanos.
El impacto de estas deficiencias es mayor para quienes tienen menos ingresos, menos acceso y menos margen para resistir. Para ellos, cada falla del sistema pesa más y agrava su situación de vulnerabilidad.
El problema de fondo no es solo económico, sino institucional y de ejecución. La falta de confianza en las instituciones es un factor clave que impide que el crecimiento económico se traduzca en bienestar para todos. Cuando la población pierde la esperanza de que las cosas puedan mejorar, el crecimiento pierde su sentido.
Panamá no puede seguir considerando progreso un desarrollo que no llega a la gente. Un país no se mide solo por lo que produce, sino por la dignidad con la que viven sus ciudadanos. La factura no perdona, la educación no aterriza en la realidad de muchos, la salud es impostergable, el hambre no espera, el agua se necesita y casi nunca se pone en el centro a quienes no tienen casi nada de lo aquí señalado y todavía deben seguir esperando. Es imperativo que las autoridades tomen medidas urgentes para abordar estas deficiencias y garantizar que el crecimiento económico beneficie a todos los panameños, no solo a unos pocos.
