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Ciudad de México Senadores de Morena han expresado un fuerte rechazo al reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la desaparición forzada en México, calificándolo de inaceptable, tendencioso e injerencista . La crítica se suma a la postura ya manifestada por las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación, quienes cuestionan la falta de rigor y seriedad del documento elaborado por el Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la ONU.
Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), argumentó que el informe ignora los avances logrados por las administraciones de la llamada Cuarta Transformación (4T) en materia de búsqueda y atención a las víctimas de desaparición. Mier también criticó lo que considera una doble moral de la ONU, señalando su silencio cómplice ante tragedias en Gaza, Ucrania y Líbano, mientras que, según su perspectiva, se ejerce una lupa exagerada sobre la situación en México.
La ONU emite informes con una miopía alarmante , declaró el senador Mier, anunciando su intención de proponer a la Jucopo la formulación de una protesta formal contra la actitud que considera injerencista de la organización internacional.
El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara se sumó a las críticas, deplorando el sesgo del informe del CDF al enfocarse principalmente en datos de administraciones anteriores a la de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. Huerta argumentó que el informe, que se pretende presentar ante la Asamblea General de la ONU, carece de un soporte real al no tomar en cuenta el gran esfuerzo realizado en los últimos dos sexenios para abordar el problema de la desaparición forzada.
Huerta Ladrón de Guevara destacó el trabajo territorial realizado para depurar el padrón de desaparecidos, eliminando registros de personas ya encontradas y corrigiendo datos imprecisos. Reconoció la existencia de una cifra dura de personas desaparecidas, que describió como un dolor para todos, pero atribuyó una parte significativa de esta cifra a gobiernos anteriores, particularmente a la administración de Felipe Calderón, y a la estrategia de guerra contra el narco implementada durante su mandato.
Es verdad hay una cifra dura, que nos duele a todos, pero que en parte proviene de gobiernos anteriores, especialmente de la administración de Felipe Calderón, a partir de su guerra contra el narco , afirmó el senador.
Sin embargo, Huerta enfatizó que, más allá de las consideraciones políticas, existe un compromiso real por parte del gobierno actual para buscar a los desaparecidos, lo cual, según su opinión, se refleja en las cifras que el comité de la ONU no quiso ver .
La controversia surge en un contexto de creciente preocupación por el número de personas desaparecidas en México, un problema que ha generado fuertes críticas a las autoridades y ha impulsado la movilización de familiares de víctimas y organizaciones de la sociedad civil. El informe de la ONU, que aún no ha sido publicado en su totalidad, se espera que contenga recomendaciones para fortalecer las políticas públicas y mejorar la respuesta del Estado mexicano ante esta crisis humanitaria.
El gobierno mexicano ha argumentado que ha realizado avances significativos en la búsqueda de personas desaparecidas, incluyendo la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda y la implementación de protocolos de búsqueda coordinados entre diferentes niveles de gobierno. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil han cuestionado la efectividad de estas medidas y han denunciado la falta de transparencia y rendición de cuentas en las investigaciones.
La tensión entre el gobierno mexicano y la ONU en torno al tema de la desaparición forzada podría tener implicaciones en la cooperación internacional en materia de derechos humanos y en la credibilidad de México ante la comunidad internacional. La discusión sobre el informe de la ONU también pone de relieve la complejidad del problema de la desaparición forzada en México, un fenómeno que tiene raíces profundas en la violencia, la impunidad y la debilidad institucional.
La postura de los senadores de Morena refleja una tendencia creciente dentro del gobierno de López Obrador a cuestionar las críticas de organismos internacionales y a defender sus políticas como un cambio de paradigma en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Esta actitud ha generado controversia y ha sido criticada por sectores de la oposición y la sociedad civil, quienes argumentan que el gobierno está socavando los mecanismos de control y rendición de cuentas.
El debate sobre el informe de la ONU se suma a otros conflictos recientes entre el gobierno mexicano y organismos internacionales, como la disputa con el Banco de México por la política monetaria y las críticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la reforma al Instituto Nacional Electoral (INE). Estos conflictos ponen de manifiesto la tensión entre la soberanía nacional y la necesidad de respetar los estándares internacionales de derechos humanos y democracia.
