La Casa Rosada busca desviar la atención mediática del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de una reactivación de las gestiones políticas y la puesta en marcha de una agenda legislativa clave. Si bien se espera que Adorni mantenga un perfil dinámico, fuentes del Gabinete indican que otros actores serán los encargados de impulsar proyectos desde el Congreso de la Nación con el objetivo de ocupar los titulares de los medios.
La semana próxima, los legisladores libertarios planean sesionar el miércoles 8 para tratar la modificación de la Ley de Glaciares y el proyecto Hojarasca. La Ley de Glaciares, en particular, ha generado controversia y rechazo, con más de 100.000 personas intentando inscribirse para participar en la audiencia previa a su tratamiento en comisiones. A pesar de la oposición, el oficialismo confía en obtener la sanción definitiva.
El proyecto gubernamental cuenta con el respaldo de las provincias mineras, ya que permitiría la explotación de minerales en áreas actualmente consideradas periglaciares. Con el apoyo de esos gobernadores, otros aliados de las provincias y los bloques afines sentimos que vamos a tener los votos para poder aprobarla , afirmó una fuente de alto rango en la Cámara de Diputados.
La consolidación de vínculos con los gobernadores se considera crucial para que el Gobierno mantenga una agenda propositiva de reformas. Sin su apoyo, la aprobación de proyectos en el Congreso se volvería inviable. En la toma de decisiones políticas, el Gobierno considera que las alianzas con los gobernadores que han brindado apoyo a La Libertad Avanza se mantienen firmes. Creemos que tenemos hasta agosto para continuar con la dinámica que tuvimos desde las sesiones extraordinarias , sostienen desde el entorno gubernamental.
A pesar de que el presidente Javier Milei ha declarado que 2026 será el año más reformista de su gestión, marzo transcurrió con escasa actividad legislativa. Para revertir esta situación y fortalecer los lazos con los gobernadores, Milei adoptó una postura más conciliadora y firmó un decreto autorizando el desembolso de hasta $400.000 millones en concepto de adelanto de fondos de coparticipación para 12 jurisdicciones. Este decreto se publicará en el Boletín Oficial el próximo lunes.
El paquete de adelantos autorizados por el Ejecutivo incluye a provincias alineadas con el oficialismo, como Chaco, Mendoza, Salta, Tucumán, Catamarca y Misiones, pero también a distritos con fuerte oposición, como La Rioja y Tierra del Fuego, junto a Chubut, Corrientes, Río Negro y Santa Cruz.
Las gestiones políticas detrás de estos acuerdos son atribuidas al ministro del Interior, Diego Santilli, y al ministro de Economía, Luis Caputo, quienes trabajan en el aspecto político y fiscal, respectivamente.
Fue una buena jugada la del adelanto financiero a las provincias. Le sirve al Gobierno para ordenar la relación fiscal y financiera con los gobernadores que todos los meses les piden adelanto de copa. Fija un límite, lo cual es bueno. La mala es que las provincias están para atrás. No hay ninguna provincia que esté bien , comentó una fuente cercana al Gobierno.
La medida se adopta tras una caída del 11,3% en el reparto automático de impuestos en marzo, lo que agravó la situación financiera de las provincias y las obligó a buscar alternativas para evitar un mayor endeudamiento. La aprobación de este mecanismo anticipado responde a ocho meses consecutivos de deterioro en la recaudación y busca contener la crisis fiscal a nivel subnacional. Las provincias se quejan de una pérdida de 1 billón de pesos en la recaudación durante el primer trimestre de 2026 en comparación con el año anterior.
Eso se ve en la recaudación provincial. La situación es dramática, están todos preocupados sean del color que sea. Están todos con los frentes abiertos y las paritarias incendiadas , afirmaron. El adelanto de coparticipación es uno de los pocos recursos disponibles para el Gobierno para aliviar la situación de los gobernadores y evitar que la crisis provincial derive en un aumento de la deuda externa subnacional.
El mecanismo, que ya se había implementado para Entre Ríos en enero de 2026, se basa en la evaluación de la situación fiscal de cada provincia y establece la devolución del monto recibido antes de finalizar el año, con una tasa de interés del 15%. Esta política busca evitar que las administraciones locales recurran al crédito externo, donde los costos financieros oscilan entre el 30% y el 45%.
El hundimiento de los recursos coparticipables tuvo un impacto inmediato y transversal. Según los cálculos de Politikón Chaco, obtenidos por Clarín, las transferencias en marzo sumaron $5,05 billones, lo que representa una pérdida superior a $1,15 billones para el conjunto de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires en el primer trimestre de 2026. Estas cifras sitúan el comienzo de año como el segundo más bajo, superado solo por el resultado de 2024.
A pesar de la situación, ni Nación ni las provincias tienen un margen fiscal suficiente para reclamarse mutuamente. Las vacas flacas son para todos , dijo un funcionario del Gobierno Nacional.
La desesperación de algunos gobernadores ha llevado incluso a los más distantes del mileísmo a ceder en algunos aspectos de su política pública. Infobae informó el mes pasado que el gobernador fueguino Gustavo Melella impulsaría la adhesión de su provincia al RIGI, una de las políticas insignia de Milei, para buscar mayores inversiones en medio de una difícil situación financiera.
La flexibilización en los vínculos con Nación también alcanza a la gobernación de La Rioja, liderada por Ricardo Quintela. Días atrás, Ricardo Herrera, secretario general de la provincia, se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Las versiones sobre la reunión son diversas: en La Rioja se describe como un encuentro protocolario entre conocidos, mientras que los libertarios afirman que se solicitó para reclamar fondos.
Se rumorea que Nación estaría dispuesta a otorgar partidas presupuestarias a cambio de que Quintela implemente la Boleta Única Papel, se adhiera al RIGI y aplique una normativa de transparencia en el manejo de los fondos públicos. El representante riojano no habría garantizado estas medidas. Sin embargo, La Rioja fue una de las provincias que recibirán adelantos de coparticipación. Mientras tanto, la gobernación espera una resolución de la Corte Suprema respecto a un reclamo por USD 1.200 millones de fondos retenidos por el Estado Nacional.
