La diputada Merilyn Gómez Pozos impulsa una iniciativa legislativa para garantizar el acceso gratuito a la educación, desde la alfabetización hasta el nivel superior, y a programas de capacitación laboral avanzados para las personas privadas de su libertad en México. La propuesta, presentada ante la Cámara de Diputados, busca asegurar que la privación de la libertad no implique la suspensión de un derecho humano fundamental: la educación.
La iniciativa ha sido turnada a las comisiones unidas de Justicia y de Educación para su análisis detallado, según lo informado en el boletín oficial de la Cámara de Diputados. El proyecto de Gómez Pozos se distingue de reformas anteriores por su enfoque particular en las mujeres en reclusión, buscando abordar las desigualdades de género existentes en el sistema penitenciario.
La propuesta legislativa contempla la modificación del artículo 10 y la adición de la fracción IX Bis a la Ley Nacional de Ejecución Penal. Esta modificación otorgaría a las internas en centros de readaptación social el derecho a recibir educación gratuita en todos los niveles educativos. Esta medida busca superar la limitación histórica que ha restringido la oferta educativa para las mujeres en prisión a programas de alfabetización o niveles básicos, perpetuando roles laborales tradicionales y de género. La diputada Gómez Pozos argumenta que esta visión restringe las oportunidades de desarrollo personal y profesional de las mujeres en reclusión.
La iniciativa trasciende el periodo de cumplimiento de la pena, estableciendo que los servicios de apoyo contemplados en los artículos 7 y 207 de la Ley Nacional de Ejecución Penal deben continuar una vez que la persona haya obtenido la libertad anticipada o definitiva. Esto facilitará la conclusión de la formación educativa iniciada en prisión y la incorporación efectiva al mercado laboral. La continuidad de estos servicios busca evitar la interrupción del proceso de aprendizaje y proporcionar a las personas egresadas las herramientas necesarias para una reinserción exitosa en la sociedad.
El proyecto de ley enfatiza la obligación del Estado mexicano de garantizar el acceso a la educación media superior y superior para todas las personas internas en centros penitenciarios, ampliando el alcance más allá de la alfabetización. La iniciativa subraya que el derecho a la educación no debe ser suspendido por el hecho de estar privado de la libertad, y destaca que la juventud y la falta de oportunidades educativas son factores de riesgo importantes para la reincidencia delictiva.
Un componente innovador de la reforma consiste en la implementación de mecanismos de seguimiento obligatorio que vinculen la trayectoria educativa y la capacitación laboral dentro de la cárcel con la vida en libertad. El objetivo es impedir que el proceso de aprendizaje se interrumpa al concluir el internamiento y dotar a las personas egresadas de competencias reales para competir en el mercado laboral. Este seguimiento se considera especialmente importante para las mujeres, quienes enfrentan barreras diferenciadas derivadas de la oferta limitada de programas formativos orientados históricamente a funciones basadas en el género.
En términos legales, toda persona en situación de prisión preventiva o cumpliendo sanciones penales tendría derecho a esta cobertura educativa gratuita durante su estancia en el centro penitenciario. Además, los servicios de seguimiento obligatorio para la enseñanza y la inserción laboral se activarían automáticamente al momento de su liberación, en cumplimiento de los artículos 7 y 207 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Esto garantizaría una transición fluida y un apoyo continuo para las personas que buscan reconstruir sus vidas después de cumplir su pena.
La diputada Merilyn Gómez Pozos ha expresado su convicción de que la educación es la inversión más efectiva para la seguridad pública a largo plazo . Argumenta que la ignorancia y la falta de oportunidades refuerzan el ciclo de la criminalidad, y que la educación puede romper este ciclo al proporcionar a las personas las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas y construir un futuro mejor. Su iniciativa busca sentar un precedente normativo que obligue a las autoridades penitenciarias a ofrecer capacitación laboral avanzada y niveles educativos superiores, con el objetivo de transformar las trayectorias de vida de las personas egresadas del sistema penitenciario y optimizar su reinserción en la sociedad.
La iniciativa de la diputada Gómez Pozos representa un esfuerzo por abordar las deficiencias existentes en el sistema penitenciario mexicano y promover la reinserción social de las personas privadas de su libertad. Al garantizar el acceso a la educación y la capacitación laboral, se busca brindar a estas personas la oportunidad de adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para construir una vida digna y productiva después de cumplir su pena, contribuyendo así a la reducción de la reincidencia delictiva y a la construcción de una sociedad más justa y segura. La propuesta se presenta como una inversión en el futuro, reconociendo que la educación es una herramienta poderosa para transformar vidas y construir un mejor futuro para todos.
