El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que, hasta la fecha, no ha recibido solicitud formal alguna relacionada con la posible posesión de Wadith Manzur como senador de la República para el periodo 2026-2030. El pronunciamiento del CNE se da en el contexto de la situación judicial del actual representante a la Cámara, quien se encuentra privado de la libertad por su presunta implicación en el desvío de fondos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd).
Según declaraciones del presidente del CNE, Cristian Quiroz, ni el congresista Manzur, ni su equipo legal, ni ninguna otra parte interesada han presentado requerimientos ante la corporación electoral para que se autorice o estudie su posesión en la próxima legislatura, programada para el 20 de julio. No hemos recibido absolutamente ninguna solicitud. Una vez que recibamos cualquier solicitud proveniente de un juez de la República o de algún ente de control, procederemos a llevarlo a la sala plena para tomar decisiones y emitir el comunicado correspondiente. Pero, en este momento, no tenemos ninguna solicitud relacionada con estos dos representantes , afirmó Quiroz en una entrevista con La FM.
El presidente del CNE enfatizó que, en caso de que se emita una orden judicial o administrativa que indique la entrega de la credencial a Manzur para que asuma su cargo como senador, la entidad procederá de acuerdo con lo establecido en la ley. En este sentido, reiteró el carácter administrativo del organismo electoral y su obligación de acatar las decisiones de otras autoridades. Debemos ser respetuosos de las decisiones de los jueces de la República. Nosotros no somos un ente judicial, sino un ente administrativo que cumple con lo que le corresponde en democracia y administrativamente. Si se nos ordena entregar la credencial, debemos hacerlo. No nos corresponde a nosotros negar o no un derecho a las personas , indicó Quiroz.
Paralelamente, la Corte Suprema de Justicia remitió un oficio al Senado de la República solicitando que esta corporación determine la situación política del congresista y establezca si puede asumir su curul estando privado de libertad. La decisión de trasladar el caso al Legislativo se tomó después de que la defensa de Manzur presentara una solicitud para aclarar si la medida de aseguramiento impuesta en su contra afecta sus derechos políticos.
Diego González, secretario general del Senado, confirmó el 30 de marzo que el caso ya fue recibido y será objeto de un análisis exhaustivo. Según explicó, el estudio se centrará en la normatividad constitucional y legal aplicable para emitir una respuesta fundamentada sobre la posibilidad de posesión del congresista. Se realizará un análisis profundo de la normatividad constitucional y legal para poder dar una respuesta de fondo y de manera responsable , señaló González.
En el derecho de petición presentado por Francisco Javier Araújo Morelos, abogado de Manzur, a la Corte Suprema de Justicia, se argumentó la necesidad de aclarar el alcance de la medida de aseguramiento frente a los derechos políticos derivados del voto ciudadano. La defensa solicitó que se garantice la posibilidad de que Manzur pueda posesionarse el 20 de julio, mediante la autorización de traslado temporal, excepcional y bajo estrictas condiciones de custodia , con el fin de materializar el acto constitucional.
Sin embargo, el alto tribunal respondió que no emitiría un pronunciamiento de fondo sobre la solicitud y, por lo tanto, trasladó la responsabilidad al Senado. La Sala no tiene atribuciones consultivas o de emisión de conceptos, por lo que no se emitirá pronunciamiento. El despacho remitirá copia de la petición a la Presidencia y la Mesa Directiva del Senado de la República, para lo de su cargo , se indica en la comunicación enviada al presidente del Congreso.
El caso de Wadith Manzur se enmarca en un contexto más amplio relacionado con la situación de congresistas que enfrentan procesos judiciales. Tras su captura, al igual que la de la representante Karen Manrique, surgieron interrogantes sobre el futuro de sus curules tanto en el periodo actual como en el siguiente, para el cual ambos fueron reelegidos.
Actualmente, debido a la orden de captura vigente, ambos congresistas no podrán ejercer sus funciones durante lo que resta del periodo legislativo en curso, es decir, hasta el 20 de julio. En estos casos, la Constitución prevé la aplicación de la figura de la silla vacía , que impide que sean reemplazados por otros candidatos de sus respectivas listas.
El artículo 134 de la Constitución establece que en ningún caso podrán ser reemplazados quienes sean condenados por delitos comunes relacionados con ( ) delitos dolosos contra la administración pública ( ) Tampoco quienes renuncien habiendo sido vinculados formalmente ( ) ni las faltas temporales de aquellos contra quienes se profiera orden de captura . La situación de Manzur y Manrique plantea interrogantes sobre la aplicabilidad de esta norma y la interpretación de los derechos políticos de los congresistas procesados judicialmente. El análisis del Senado será crucial para definir el futuro de sus curules y establecer un precedente para casos similares que puedan surgir en el futuro.
