La muerte de un joven anestesista en Buenos Aires desató una investigación judicial que reveló una trama de robo de fármacos en hospitales, su posterior consumo recreativo en fiestas clandestinas conocidas como Propo fest , y posibles intentos de encubrimiento. El caso, que se mantuvo en secreto durante más de un mes, ha generado conmoción en la comunidad médica y ha puesto en tela de juicio los controles internos de las instituciones de salud.
El anestesista, identificado con las iniciales A.Z. y de 31 años, fue encontrado sin vida en su departamento del barrio de Palermo el 20 de febrero. El hallazgo inicial reveló la presencia de una vía intravenosa conectada a su pie derecho, insumos para inyecciones y dos potentes fármacos: propofol y fentanilo. Estos medicamentos, utilizados habitualmente en procedimientos médicos para inducir la anestesia y aliviar el dolor, no están disponibles para la venta libre ni para el consumo particular.
La investigación, que comenzó a partir de este hallazgo, rápidamente se centró en el origen de los fármacos. Los análisis determinaron que provenían del Hospital Italiano de Buenos Aires, lo que llevó a un allanamiento en la institución. Allí, las autoridades identificaron a dos presuntos responsables del robo: Hernán Boveri, un anestesista de planta, y Delfina Lanusse, una residente de tercer año. Boveri habría renunciado a su cargo una vez que se descubrió su vínculo con el caso, mientras que Lanusse se encuentra actualmente de baja médica.
La justicia ordenó allanamientos y restricciones de contacto para ambos imputados, quienes son acusados de haber robado los fármacos entre 2023 y mediados de febrero de 2026. Las indagaciones revelaron que los anestésicos eran utilizados fuera del acto médico, sin indicación clínica, sin monitoreo y en ámbitos ajenos a cualquier práctica asistencial , según documentos judiciales a los que accedió el diario La Nación.
Pero la investigación no se limitó al robo de los fármacos. A medida que avanzaba la causa, comenzaron a circular audios atribuidos a profesionales de la salud que describían la existencia de las Propo fest , fiestas en las que un grupo de anestesistas y residentes de distintos hospitales de la ciudad de Buenos Aires consumían los fármacos robados con fines recreativos.
Según los relatos, los medicamentos eran administrados por vía intravenosa, a menudo mediante bombas de infusión, y había una persona encargada de ambucear es decir, de ventilar manualmente a aquellos que sufrían apnea como consecuencia del consumo. Estas prácticas extremadamente peligrosas ponían en riesgo la vida de los participantes, ya que la administración de anestésicos fuera de un entorno médico controlado puede provocar complicaciones graves, como depresión respiratoria, paro cardíaco e incluso la muerte.
Si bien gran parte de estos relatos no forman parte del expediente judicial, han contribuido a crear un clima de indignación y preocupación en la comunidad médica. La posibilidad de que profesionales de la salud estén utilizando su conocimiento y acceso a fármacos peligrosos para fines recreativos plantea serias interrogantes sobre la ética profesional y la seguridad de los pacientes.
El Hospital Italiano, al hacerse público el caso, emitió un comunicado en el que informó haber tomado todas las medidas necesarias para analizar lo sucedido, actuar con las personas involucradas y generar procedimientos para prevenir hechos similares en el futuro . La institución también detalló que ha iniciado acciones judiciales internas y que todos los involucrados en el caso ya no desempeñan funciones en el hospital.
La Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires y la Federación Argentina de Asociaciones de Anestesia, Analgesia y Reanimación también emitieron comunicados desmintiendo versiones sobre un supuesto intento de encubrimiento por parte de entidades que agrupan a especialistas en anestesiología.
El caso de A.Z. y las Propo fest ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar los controles internos en los hospitales y de promover una cultura de responsabilidad y ética profesional entre los profesionales de la salud. La investigación continúa en curso y se espera que arroje más luz sobre las circunstancias de la muerte del joven anestesista y sobre la magnitud de la trama de robo y consumo de fármacos que ha sacudido a la anestesiología en Buenos Aires. La justicia busca determinar si hubo otros implicados y si las prácticas peligrosas descritas en los audios fueron más extendidas de lo que se ha revelado hasta ahora. El impacto de este escándalo en la confianza pública en el sistema de salud podría ser significativo, y se espera que las autoridades tomen medidas para prevenir que hechos similares vuelvan a ocurrir.
