El precio de la vivienda en España continúa su escalada imparable, alcanzando niveles no vistos desde 2007. El último informe de Tinsa by Accumin revela un incremento del 14,3% en el primer trimestre de 2026 en tasa interanual, duplicando el aumento del mismo periodo del año anterior. Esta subida generalizada, especialmente intensa en polos de empleo, zonas turísticas y la costa mediterránea, sitúa el precio medio del metro cuadrado en 1.987 euros, acercándose peligrosamente a la barrera de los 2.000 euros que marcó el techo de la burbuja inmobiliaria.
El informe detalla que el avance trimestral fue del 3,2%, confirmando que la inercia alcista persiste a pesar de las expectativas de moderación en el sector. Este incremento no solo afecta a la capacidad de compra, sino que también dificulta el acceso al mercado del alquiler, que también ha experimentado un aumento del 7,1% en el último año, situando el precio medio en 15 euros por metro cuadrado, el nivel más alto registrado hasta la fecha.
La situación es especialmente preocupante en algunas provincias, donde el esfuerzo económico que deben realizar los hogares para acceder a una vivienda supera ya el 35% de sus ingresos. Ocho provincias Islas Baleares, Málaga, Madrid, Barcelona, Alicante, Vizcaya, Santa Cruz de Tenerife y Cádiz se encuentran en esta situación, siendo Baleares el caso más extremo, con un esfuerzo que alcanza el 54% de la renta disponible. Le siguen Málaga y Madrid, ambas en torno al 49%.
A nivel de capitales, la presión es aún mayor. En 15 de las 52 ciudades analizadas se supera el nivel considerado razonable, y en seis de ellas la situación es crítica, con más del 45% de la renta comprometida: Madrid (60,2%), Barcelona (59,9%), San Sebastián (59,2%), Palma (51,7%), Málaga (50,3%) y Cádiz (49,3%). El mapa de la vivienda en España muestra una extensión de la dificultad de acceso, con un dinamismo de los precios que se traslada a provincias y áreas periféricas. En 40 de las 52 provincias, los precios han intensificado su ritmo de crecimiento en el último año, con subidas especialmente pronunciadas en Madrid y su entorno, las islas, la costa mediterránea y la cornisa cantábrica.
Toledo (+23,2%), Albacete (+19,6%), Madrid (+19,2%), Santa Cruz de Tenerife (+19%) y Alicante (+18,3%) lideran los incrementos provinciales. Zamora es la única excepción, siendo la única provincia donde la vivienda se ha abaratado en el último año. Este desplazamiento de la presión fuera de los grandes núcleos evidencia que la dificultad de acceso a la vivienda ya no es un fenómeno localizado, sino una tendencia cada vez más extendida.
La presión sobre la vivienda no se limita a la compraventa. El mercado del alquiler también se encuentra en máximos históricos, con un incremento del 7,1% en el último año y un repunte del 2,2% en el primer trimestre de 2026. Madrid se mantiene como la capital más cara para alquilar, con 23,2 euros por metro cuadrado, seguida de Barcelona (22,6 euros) y San Sebastián (18,8 euros).
A este escenario se suma la expiración de más de un millón de contratos de alquiler firmados durante la pandemia, que vencen antes de finales de 2026, afectando a cerca de 2,7 millones de personas. Estos contratos, firmados en un contexto de precios más bajos, enfrentan ahora un mercado claramente más caro, con estimaciones de subidas entre el 10% y el 20% en muchas renovaciones, e incluso incrementos que podrían alcanzar el 50% en determinados mercados.
Ante esta situación, el Gobierno ha intensificado sus llamamientos a los inquilinos que cumplan los requisitos para que soliciten la prórroga de sus contratos, aprovechando el margen previo a la convalidación del decreto en el Congreso. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el ministro Pablo Bustinduy han defendido que esta medida puede evitar el desplazamiento forzoso de miles de hogares. Sin embargo, la efectividad de esta medida y su impacto a largo plazo aún están por verse, en un contexto de mercado inmobiliario cada vez más tensionado y con una oferta que no logra responder a la creciente demanda. La situación actual plantea serias dudas sobre la sostenibilidad del acceso a la vivienda en España y exige medidas urgentes y efectivas para frenar la escalada de precios y garantizar un derecho fundamental para todos los ciudadanos.
