El anestesista Juan Maeso, condenado a 1.933 años de cárcel por contagiar el virus de la hepatitis C a 275 pacientes en hospitales de Valencia entre 1988 y 1998, ha fallecido este lunes a causa de una larga enfermedad. Maeso había obtenido la libertad condicional en 2023, después de cumplir casi 16 años de prisión, tras una sentencia que conmocionó a la sociedad española.
La Audiencia Provincial de Valencia dictó la sentencia condenatoria en mayo de 2007, ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo en 2009. Maeso fue hallado culpable de 275 delitos de lesiones, penados con siete años de cárcel cada uno, y de homicidio imprudente, con una pena de dos años por cada fallecimiento. La investigación reveló que el primer contagio atribuido al anestesista se produjo el 15 de diciembre de 1988, afectando a una niña de cinco años, mientras que el último caso documentado ocurrió el 27 de enero de 1998, con una paciente de 51 años intervenida por una rotura de cadera en la Casa de la Salud.
El caso de Juan Maeso se convirtió en uno de los mayores escándalos sanitarios de España. La investigación determinó que el anestesista, portador del virus de la hepatitis C, no había adoptado las medidas de seguridad adecuadas durante las intervenciones quirúrgicas, lo que provocó la transmisión del virus a un gran número de pacientes. La prohibición de ejercer en la Casa de la Salud llegó el 4 de febrero de 1998, tras un análisis positivo en el virus, y posteriormente cesó su actividad en La Fe, donde era Jefe de Servicio de Anestesia y Reanimación del Maternal, tras una reunión con sus superiores el 20 de febrero del mismo año.
Durante el juicio, que se prolongó por más de un año, Maeso siempre mantuvo su inocencia, alegando que se trataba de un "montaje" y que su genotipo había sido manipulado, argumentando que no todos los pacientes se contagiaron con el mismo genotipo del virus. Sin embargo, las pruebas presentadas por la acusación y las testimoniales de las víctimas fueron determinantes para la condena.
En los últimos años de su encarcelamiento, los abogados de Maeso solicitaron repetidamente su libertad condicional, argumentando su avanzada edad, sus problemas de salud y el riesgo de contagio de Covid-19 en prisión. Estas solicitudes fueron denegadas hasta 2023, cuando finalmente se le concedió la libertad condicional.
La sentencia impuesta a Maeso incluyó, además de la pena de prisión, importantes indemnizaciones a las víctimas. Se establecieron pagos de 49.065 euros para la viuda e hijos de un afectado, 150.000 euros para los herederos de cada uno de los cuatro pacientes fallecidos, y cantidades variables entre 60.000 y 120.000 euros para diferentes grupos de víctimas. Asimismo, se le obligó a compensar a los afectados con cerca de un millón de euros, y se declaró responsable civil subsidiaria de todas las indemnizaciones a la Conselleria de Sanidad.
El fallecimiento de Juan Maeso no cierra las heridas de las víctimas, que durante años sufrieron las consecuencias de la infección por hepatitis C, incluyendo problemas hepáticos graves, cirrosis e incluso cáncer de hígado. Muchas de ellas han tenido que someterse a tratamientos médicos prolongados y costosos, y han visto su calidad de vida afectada de manera significativa.
El caso Maeso puso de manifiesto las deficiencias en los protocolos de seguridad sanitaria en los hospitales valencianos en la década de los 90 y la necesidad de mejorar la prevención y el control de las infecciones nosocomiales. Tras el escándalo, se implementaron nuevas medidas de seguridad y se reforzó la vigilancia epidemiológica en los centros sanitarios para evitar que tragedias similares se repitieran.
La muerte del anestesista se produce en un momento en que la sociedad española sigue reflexionando sobre la importancia de la seguridad del paciente y la responsabilidad de los profesionales sanitarios. El caso Maeso es un recordatorio de que la negligencia médica puede tener consecuencias devastadoras para la salud y el bienestar de las personas, y que es fundamental garantizar que los pacientes reciban una atención médica segura y de calidad. El legado de este caso sigue presente en la memoria colectiva y en la lucha por la defensa de los derechos de los pacientes.
