El reciente cambio de fecha para las elecciones seccionales de 2026, movidas del 14 de febrero al 29 de noviembre, ha reabierto un debate recurrente en Ecuador: la conveniencia de reformar el artículo 123 del Código de la Democracia, conocido como la ley seca . Si bien la controversia inicial se centra en la legalidad y justificación del cambio de fecha dispuesto por el Consejo Nacional Electoral (CNE), sectores económicos y políticos aprovechan el momento para impulsar una revisión de la normativa que prohíbe la venta de alcohol durante los procesos electorales.
Para organizaciones políticas y gestores de opinión, la modificación de la fecha electoral es el tema central. Dirigentes políticos y la opinión pública han cuestionado la decisión del CNE, argumentando la falta de un sustento legal sólido para el cambio. Sin embargo, Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, defendió la medida, señalando que evitaría un impacto económico negativo durante el fin de semana de San Valentín, una de las fechas más importantes para el comercio y el turismo. Esta defensa generó críticas generalizadas.
En paralelo, el cambio de fecha ha revitalizado el pedido de sectores vinculados al turismo y la gastronomía para revisar la ley seca. El Buró del Centro Histórico de Quito, que agrupa a actores culturales, comerciales y turísticos del casco colonial desde 2005, insistió en la necesidad de una reforma. La organización argumenta que los efectos de la ley seca sobre el sector turístico son más perjudiciales en ciertas épocas del año, y que una revisión de la normativa podría mitigar estos impactos. Avancemos ya con la reforma del artículo 123 del Código de la Democracia; en cualquier época del año, los efectos de la ley seca sobre el sector turístico no serán tan graves como lo son hoy , señaló el Buró.
El artículo 123 del Código de la Democracia establece una prohibición total de venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas durante el día de las elecciones, así como en las 36 horas previas y las 12 posteriores. Para los empresarios, esta disposición representa una pérdida económica significativa, especialmente para los establecimientos que dependen del consumo de alcohol. El debate sobre la reforma se reactiva periódicamente en cada periodo electoral.
Un proyecto de reforma al artículo 123 fue presentado el 28 de noviembre de 2025 por Niels Olsen, integrante de ADN y presidente de la Asamblea. La propuesta busca reducir el periodo de restricción a solo 12 horas antes y seis horas después de las elecciones. Desde el 1 de diciembre, el proyecto se encuentra en la Comisión de Desarrollo Económico Productivo, a la espera de ser debatido y votado.
La Agremiación de Restaurantes de Pichincha también se ha pronunciado a favor de la reforma, enfatizando la necesidad de proteger el empleo y las actividades turísticas sin comprometer la integridad del proceso democrático. En un mensaje publicado en redes sociales, la agremiación expresó su apoyo a la reforma y solicitó a la Asamblea Nacional y a los legisladores mencionados que avancen con el proyecto.
El debate sobre la ley seca no es nuevo. A lo largo de los años, diversos sectores han argumentado que la prohibición total de venta de alcohol es desproporcionada y que existen alternativas que podrían garantizar la transparencia del proceso electoral sin afectar gravemente la economía. Algunos proponen la implementación de controles más estrictos en los establecimientos comerciales, en lugar de una prohibición total. Otros sugieren la posibilidad de permitir la venta de alcohol en horarios limitados durante el día de las elecciones.
La discusión se centra en encontrar un equilibrio entre la necesidad de garantizar un proceso electoral limpio y transparente, y la importancia de proteger la actividad económica y el empleo. Los defensores de la ley seca argumentan que la prohibición de venta de alcohol es necesaria para evitar la compra de votos y la alteración del orden público. Sin embargo, los críticos señalan que la medida afecta desproporcionadamente a los pequeños y medianos empresarios, y que no existe evidencia concluyente de que la prohibición de venta de alcohol tenga un impacto significativo en la transparencia del proceso electoral.
El futuro del artículo 123 del Código de la Democracia es incierto. El proyecto de reforma presentado por Niels Olsen aún debe ser debatido y votado en la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y, posteriormente, en el Pleno de la Asamblea Nacional. La decisión final dependerá de la voluntad política de los legisladores y de la capacidad de los diferentes sectores para llegar a un acuerdo que satisfaga sus intereses. Mientras tanto, el debate continúa, y la ley seca sigue siendo un tema polémico en Ecuador. La reactivación de este debate, impulsada por el cambio de fecha de las elecciones seccionales, pone de manifiesto la necesidad de una revisión integral de la normativa electoral, que tenga en cuenta tanto las necesidades de la democracia como las de la economía.
