La recolección de firmas para una Asamblea Nacional Constituyente cobró protagonismo durante un evento de campaña del candidato presidencial Iván Cepeda en Medellín, avivando el debate político en torno a la iniciativa impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro. El acto, realizado el 28 de marzo en el Parque de San Antonio, congregó a sectores afines a Cepeda y su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué.
Paralelamente a los discursos, un grupo de personas recolectaba firmas con planillas que mostraban la imagen del presidente Petro y el lema Pacto Histórico. Vamos por la Asamblea Nacional Constituyente , invitando a la ciudadanía a firmar bajo el argumento de que Cuando el sistema no sirve, el pueblo lo cambia .
Este hecho subraya cómo la propuesta constituyente se ha insertado en el escenario electoral, convirtiéndose en un punto de diferenciación clave entre los candidatos presidenciales. Iván Cepeda es el único aspirante puntero en las encuestas que no ha rechazado abiertamente la posibilidad de convocar una Asamblea Constituyente, una iniciativa promovida activamente por el Gobierno Petro.
Sin embargo, el candidato ha mostrado cierta flexibilidad al respecto, sugiriendo que estaría dispuesto a ceder en este punto en busca de acuerdos con otros sectores políticos, como el liderado por el exministro Juan Fernando Cristo. A pesar de esta apertura, la discusión sobre la Constituyente sigue siendo un eje central de su campaña y un factor de polarización, según analistas.
La propuesta constituyente ha sido objeto de controversia debido a los posibles riesgos que implica, incluyendo la modificación de la autonomía del Banco de la República y la apertura a reformas legales que podrían alterar la esencia de la Constitución de 1991.
La recolección de firmas no es una acción aislada, sino parte de una iniciativa formal que ha recibido el aval de la Registraduría Nacional. El comité promotor, respaldado por el presidente Petro y sectores del Pacto Histórico, deberá reunir cerca de 2,1 millones de firmas válidas, equivalentes al 5% del censo electoral, en un plazo de seis meses, según lo establecido en la Ley 1757 de 2015.
El objetivo es presentar el proyecto ante el Congreso el próximo 20 de julio, buscando abrir el camino institucional para una eventual transformación de la Constitución de 1991.
Desde el Gobierno, ministros como Antonio Sanguino y Armando Benedetti han defendido el proceso como una expresión legítima del poder constituyente , en respuesta a lo que el presidente Petro ha calificado como un bloqueo institucional a sus reformas.
No obstante, expertos y sectores políticos han advertido sobre los peligros del borrador del proyecto, que incluye un amplio margen para reformas legales que podrían alterar la Constitución vigente. Figuras como el exministro Alejandro Gaviria y el exvicepresidente Humberto de la Calle han expresado su preocupación por una posible instrumentalización política del mecanismo y la participación indebida del Ejecutivo en el proceso electoral.
Humberto de la Calle enfatizó que no es conveniente mezclar la propuesta constituyente con la campaña política, citando al cardenal Luis José Rueda para argumentar que, aunque una Asamblea Constitucional puede ser factible, no debería impulsarse en plena contienda electoral. No se puede convertir la Constitución en un arma de batalla. Reforma sí, pero no así , afirmó.
El presidente Petro, por su parte, negó cualquier interés electoral inmediato, asegurando que la constituyente no se realizará en época electoral y que el debate deberá darse en el próximo Congreso, aunque reconoció que la recolección de firmas ya está en marcha.
La división entre los grupos y clanes políticos es evidente, con algunos ya definiendo sus apoyos y otros esperando a ver cómo evoluciona la opinión pública antes de tomar una decisión. La propuesta de la Constituyente se presenta como un factor determinante en la configuración del panorama político de cara a las elecciones del 31 de mayo.
La iniciativa de la Constituyente se suma a otros temas relevantes en la agenda nacional, como el auge de las minigranjas solares, que han experimentado un crecimiento del 3.600% en los últimos tres años, aunque enfrentan desafíos en cuanto al almacenamiento de energía. También se destaca la situación de la EPS más grande del país, que lleva dos años sin mostrar sus cuentas y ha sido objeto de numerosas tutelas.
Además, la reciente anulación del nombramiento de Cielo Rusinque y la posterior reapertura de su hoja de vida por parte del Gobierno han generado controversia, mientras que Cartagena lidera la ocupación hotelera en Semana Santa con un 81,16%, proyectando un promedio nacional del 58,9% y más de 15 millones de viajeros.
