Costa Rica enfrenta serias críticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) por sus persistentes debilidades en la regulación del cabildeo (lobby) y el acceso a la información pública, factores que socavan la capacidad del país para prevenir y combatir la corrupción. El reciente informe Perspectivas de anticorrupción e integridad 2026 de la OCDE, que evalúa a 37 países miembros y 25 socios, revela que, a pesar de algunos avances recientes, la implementación de medidas anticorrupción en Costa Rica sigue siendo desigual y preocupantemente deficiente en áreas clave.
En lo que respecta al cabildeo, Costa Rica apenas alcanza un cumplimiento del 20% de los criterios normativos y un alarmante 0% de los criterios prácticos, cifras significativamente inferiores a los promedios de la OCDE, que se sitúan en 43% y 38% respectivamente. La principal deficiencia radica en la ausencia de una ley específica que regule esta práctica, dejando al país vulnerable a influencias indebidas en la toma de decisiones públicas.
Si bien existen algunas disposiciones aisladas, como los periodos de enfriamiento establecidos en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Administración Pública, la OCDE considera que el marco legal actual es insuficiente y carece de las herramientas esenciales para garantizar la transparencia. El organismo internacional insiste en la necesidad de definir legalmente qué constituye cabildeo y quiénes son considerados cabilderos, establecer sanciones efectivas por incumplimiento, crear una autoridad independiente encargada de supervisar estas prácticas y, fundamentalmente, implementar un registro público que permita transparentar las actividades de influencia.
La falta de transparencia se agrava aún más por la ausencia de mecanismos que obliguen a la divulgación de información sobre los beneficiarios finales de las sociedades, dificultando la identificación de posibles conflictos de interés y la rendición de cuentas.
La situación se torna aún más preocupante a la luz de los recientes acontecimientos en la Asamblea Legislativa. En marzo de 2024, la OCDE ya había expresado su preocupación a Costa Rica, instando a tomar medidas urgentes. Sin embargo, en agosto de 2025, la Comisión de Gobierno y Administración archivó un proyecto de ley (24.111) que pretendía regular el lobby político y las puertas giratorias la práctica de funcionarios públicos que pasan a trabajar para empresas que previamente regulaban. La decisión de archivar el proyecto fue tomada con el voto en contra de dos diputados del partido gobernante y una del Partido Liberación Nacional (PLN).
El proyecto de ley, presentado por el Frente Amplio (FA), proponía la creación de un Registro Público de Lobistas que incluiría información detallada sobre los cabilderos, las empresas que representan y su historial de cargos públicos. Además, establecía la obligación para funcionarios de alto nivel presidente, vicepresidentes, ministros, diputados, alcaldes, entre otros de mantener una agenda pública detallada de todas las reuniones en las que se realizaran gestiones de cabildeo, incluyendo la fecha, el lugar, el tema tratado y la identidad de los participantes.
En materia de acceso a la información pública, Costa Rica muestra un desempeño ligeramente mejor, aunque aún por debajo de los estándares de la OCDE. El país cumple con el 56% de los criterios normativos y el 46% de los criterios prácticos, en comparación con los promedios de la OCDE, que son del 72% y el 62% respectivamente.
La aprobación en 2024 de la Ley Marco de Acceso a la Información Pública amplió el derecho de acceso a la información a todas las personas, lo cual representa un avance significativo. No obstante, la OCDE advierte que persisten debilidades en su implementación. Entre ellas, destaca la ausencia de un órgano independiente encargado de supervisar el cumplimiento de este derecho, la falta de sanciones efectivas ante incumplimientos y la inexistencia de estadísticas confiables sobre las solicitudes de información.
Además, la OCDE señala que aún no se publican datos clave para fortalecer la transparencia, como las agendas de las sesiones del Gobierno, las agendas de los ministros y datos agregados sobre las actividades de cabildeo en la toma de decisiones públicas.
El informe de la OCDE subraya que fortalecer estas áreas es fundamental para proteger la toma de decisiones públicas y los recursos del Estado frente a los riesgos de corrupción, especialmente en ámbitos sensibles como la contratación pública, el fraude y el crimen organizado.
A nivel general, la OCDE constata que en sus países miembros persiste una brecha significativa entre la solidez de las normas y su aplicación efectiva, con una diferencia promedio del 19%. Reducir esta brecha, según el organismo, es esencial para reforzar los sistemas de integridad y mejorar la capacidad de los Estados para enfrentar los desafíos cada vez más complejos en materia de corrupción.
La OCDE recomienda adoptar enfoques basados en el riesgo, ampliar el uso de herramientas digitales y fortalecer los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas. La situación en Costa Rica, según el informe, exige una acción inmediata y coordinada para abordar las deficiencias identificadas y garantizar la transparencia y la integridad en la gestión pública. La falta de voluntad política para regular el lobby y mejorar el acceso a la información pública pone en riesgo la confianza ciudadana y la capacidad del país para avanzar hacia un desarrollo sostenible y equitativo.
