El futuro de Citgo, la refinería estadounidense de propiedad venezolana, permanece en el limbo mientras avanza una subasta judicial en Delaware, aunque el desenlace final dista de estar asegurado. A pesar de la aprobación en noviembre de 2025 de una oferta de Amber Energy por 5.900 millones de dólares para adquirir las acciones de PDV Holding, matriz de Citgo, la orden de venta ha sido apelada, sumiendo el proceso en una compleja fase legal donde las decisiones judiciales, la representación de Venezuela y los reclamos de acreedores podrían alterar significativamente el resultado.
Citgo, adquirida en 1982, se ha consolidado como una empresa moderna y rentable, ubicada en el corazón industrial de Estados Unidos. A pesar de las recurrentes crisis económicas en Venezuela, las refinerías en Texas, Luisiana e Illinois continuaron operando y generando ingresos, complementadas por una extensa red de oleoductos y 4.225 estaciones de servicio asociadas. Sin embargo, con la llegada de Hugo Chávez al poder, el complejo refinador, que competía con otras cinco grandes refinerías en el país, se transformó en una fuente de financiamiento para el régimen, utilizado como garantía para préstamos, respaldo de emisiones de deuda y moneda de cambio en negociaciones opacas.
Durante años, Citgo fue utilizada como un cajero automático por el gobierno venezolano, abriendo la puerta a una creciente lista de acreedores que no se dejaban llevar por promesas políticas, sino que exigían el cumplimiento de contratos firmados. La venta de Citgo no cubrirá la totalidad de las deudas pendientes, que ascienden a más de 20.000 millones de dólares, además de otros 178.940 millones de dólares que deberán ser reestructurados. El pago reciente a Crystallex, por ejemplo, no se tradujo en mejoras para la población venezolana, sino en beneficios para unos pocos y la satisfacción de un líder que se aferraba al poder.
El origen de la actual crisis se remonta a 2011, cuando Chávez revocó la concesión de la mina Las Cristinas, la mayor reserva de oro de América Latina, transfiriendo el control del yacimiento al Estado venezolano. La empresa minera, Crystallex, recurrió al arbitraje internacional, obteniendo en 2016 una sentencia favorable por 1.200 millones de dólares. Para hacer efectiva esta sentencia, Crystallex acudió a los tribunales de Delaware, aplicando la doctrina del alter ego , argumentando que Citgo era una extensión del Estado venezolano. Esta estrategia, respaldada por el testimonio del abogado José Ignacio Hernández, quien analizó la relación jurídica entre el Estado venezolano y PDVSA, permitió embargar el activo petrolero venezolano más importante en el exterior.
En 2018, el juez Leonard Stark aceptó la argumentación, poniendo a Citgo en riesgo real de ser embargada. A partir de ese momento, otros acreedores, como ConocoPhillips y Rusoro Mining, se sumaron al proceso judicial iniciado por Crystallex, convirtiéndolo en uno de los litigios más complejos relacionados con deuda soberana y arbitrajes internacionales.
La estrategia legal de la defensa venezolana, aunque limitada por la naturaleza de los litigios y la jurisdicción de los tribunales estadounidenses, buscaba proteger la estructura corporativa de Citgo, argumentando que la empresa estatal tenía personalidad jurídica propia y no podía ser utilizada para pagar las deudas de la República. Sin embargo, cada acreedor que se incorporaba al proceso aumentaba la presión judicial sobre Citgo y reducía el margen de maniobra, además de incrementar los costos legales asociados.
Citgo se convirtió en un barco en medio de una tormenta , con demasiados capitanes y un timón inmovilizado. La empresa, demasiado grande, valiosa y vulnerable, pasó de unas manos cuestionables a otras frágiles, sin control territorial y sin recursos. La emisión del bono PDVSA 2020 en 2016, con el 50,1% de las acciones de Citgo Holding como garantía, agravó aún más la situación. El impago de este bono en 2019 convirtió a los tenedores en acreedores con derecho directo sobre Citgo.
La Asamblea Nacional (2015) declaró nulo el bono 2020, pero esta declaración tuvo poco impacto en el ámbito del derecho financiero internacional, ya que los tenedores del bono lo habían adquirido y recibido pagos durante años. La estrategia de defensa, liderada inicialmente por Juan Guaidó como presidente interino, se basó en la creación de una estructura para gestionar y defender los activos venezolanos en el exterior, con José Ignacio Hernández al frente de la Procuraduría Especial. Posteriormente, Enrique Sánchez Falcón asumió este cargo.
Durante el interinato, se creó una estructura que concentraba la toma de decisiones sobre activos valorados en miles de millones de dólares en un grupo reducido de actores políticos, jurídicos y corporativos. La junta directiva de Citgo respondía a PDV Holding, registrada en Delaware, mientras que la junta ad hoc de PDVSA ejecutaba las decisiones corporativas. Sin embargo, esta estructura carecía de transparencia y rendición de cuentas, con decisiones tomadas en reuniones cerradas y criterios poco claros.
La defensa de Citgo se convirtió en un rompecabezas, con múltiples actores involucrados y una falta de coordinación evidente. Mientras en Caracas se libraban batallas políticas y en Washington se discutía la legitimidad de la oposición, los acreedores avanzaban con precisión y determinación.
La administración de Citgo, bajo el control de figuras sin trayectoria pública ni responsabilidad política, operó en la opacidad, sin actas, informes detallados ni ruedas de prensa técnicas. Esta falta de transparencia dificultó la rendición de cuentas y la justificación de las decisiones tomadas.
A pesar de los desafíos, Citgo sigue siendo una empresa operativa, rentable y estratégicamente importante. La reciente decisión del gobierno estadounidense de reconocer a Delcy Rodríguez como autoridad en Venezuela podría abrir nuevas oportunidades para la defensa de Citgo, al cuestionar la legitimidad de la representación anterior y permitir la revisión de las decisiones adoptadas durante el proceso judicial. Sin embargo, el resultado final dependerá de una estrategia legal efectiva, coherencia en la representación y capacidad de actuar dentro de las reglas del sistema judicial estadounidense. La batalla por Citgo continúa, y su futuro permanece incierto.
