La comunidad internacional observa con creciente preocupación la situación en Perú, donde recientes decisiones judiciales y acciones legislativas están generando interrogantes sobre el respeto a los derechos humanos, la independencia judicial y la solidez de la democracia. Bernard Duhaime, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no Repetición, advierte que la persecución a magistrados por aplicar estándares internacionales de derechos humanos, como los establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, debilita el Estado de derecho y resta credibilidad al país.
La advertencia de Duhaime se produce en un contexto de controversia por la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que liberó a Daniel Urresti, condenado previamente por el crimen del periodista Hugo Bustíos. La justificación del Tribunal, que argumenta que el crimen no podía ser considerado un crimen de lesa humanidad por haber ocurrido antes de la ratificación del Estatuto de Roma por parte de Perú en el 2002, ha sido cuestionada por expertos de la ONU.
Duhaime explica que este argumento, utilizado durante décadas en procesos judiciales, es erróneo. El Estatuto de Roma, según el Relator, no crea el crimen de lesa humanidad, sino que lo codifica para fines jurisdiccionales de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, el crimen de lesa humanidad, como tal, existe desde hace mucho tiempo, siendo reconocido incluso en los procesos de Núremberg tras la Segunda Guerra Mundial. En aquel entonces, la defensa también argumentó la necesidad de una codificación previa, pero la Corte reconoció que el crimen ya era parte del derecho internacional consuetudinario, es decir, normas internacionales obligatorias basadas en la práctica constante de los Estados y su reconocimiento general.
La situación se agrava con el hecho de que, a pesar de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Congreso peruano promulgó una ley que permite la prescripción de delitos de lesa humanidad. Esta decisión, según Duhaime, contraviene las obligaciones internacionales de Perú, que incluyen la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, tal como lo establece la Convención Americana de Derechos Humanos.
La preocupación de la ONU se extiende a las amenazas y hostigamientos dirigidos a los jueces que no aplican la mencionada ley. El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, y otros legisladores han amenazado con prisión a los magistrados que se resisten a aplicar la ley de amnistía, lo que, según Duhaime, constituye una clara interferencia en la independencia y la imparcialidad del Poder Judicial. Estas acciones, advierte, crean un clima de miedo y autocensura que es peligroso para la democracia y que el Estado debe prevenir, investigar y sancionar.
Duhaime señala que la situación actual en Perú recuerda a episodios anteriores en la historia reciente del país, donde el gobierno, a través del Poder Legislativo, intentó impedir que los jueces hicieran su trabajo y a través de leyes de amnistía interferir en los procesos judiciales. Considera que lo que está sucediendo es un precedente peligroso que debe ser monitoreado con atención.
El Relator Especial también destaca el retroceso en el cumplimiento de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte del gobierno peruano. Esta actitud, según Duhaime, debilita el Estado de derecho y afecta la credibilidad de las instituciones judiciales. La falta de respeto a la Convención Americana y a las sentencias de la Corte Interamericana socava la confianza en el sistema judicial y puede tener consecuencias negativas para la cooperación internacional y la inversión extranjera.
La ONU también observa con preocupación los proyectos de ley que buscan limitar las atribuciones de los jueces y someterlos a una fiscalización política, como la iniciativa para eliminar el control difuso. Duhaime enfatiza que estos intentos son incompatibles con el Estado de derecho y la democracia, y exige transparencia en el funcionamiento del sistema judicial para garantizar su independencia e imparcialidad.
Ante la pregunta sobre si Perú se dirige hacia una dictadura, Duhaime se muestra cauteloso, pero advierte que los ataques a la independencia del Poder Judicial son elementos preocupantes para la democracia. Recuerda que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya había denunciado esta problemática en el pasado, y que la OEA había incorporado recomendaciones para proteger la independencia judicial en el marco de la transición democrática.
Finalmente, Duhaime se refiere a la posibilidad de que candidatos a la Presidencia propongan medidas como la salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la adopción de un sistema penal similar al de Bukele, la pena de muerte y la reinstauración de jueces sin rostro. Advierte que estas propuestas son incompatibles con las obligaciones internacionales de Perú y que, aunque puedan tener un atractivo electoral a corto plazo, a largo plazo podrían tener consecuencias catastróficas.
El Relator Especial reitera la disposición de la ONU para acompañar a Perú en la defensa de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho, y ofrece su apoyo para implementar las recomendaciones de la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Subraya que el respeto a las normas del derecho internacional y los dictámenes de los tribunales internacionales es fundamental para el desarrollo y la estabilidad del país.
