El Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, ha implementado una nueva medida que permitirá remitir miles de solicitudes de asilo directamente a los tribunales de inmigración. El cambio fundamental de esta norma radica en que los solicitantes ya no tendrán el derecho a una entrevista previa para exponer sus casos antes de ser trasladados al sistema judicial administrativo.
Esta disposición fue anunciada el lunes por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el cual estableció que los funcionarios encargados de la revisión de las solicitudes de asilo ahora poseen la facultad de enviarlas a la corte de inmigración sin haber escuchado previamente el testimonio de los interesados. Este procedimiento tiene como consecuencia inmediata el inicio de un proceso de deportación para quienes sean remitidos bajo este esquema.
De acuerdo con la información proporcionada por el DHS en un comunicado oficial, la directriz entrará en vigor de manera inmediata este martes. El inicio de su aplicación coincide con la publicación de la versión final de la norma en el Registro Federal, asegurando así su validez legal y administrativa desde el momento de su difusión.
Joseph Edlow, director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), fue el encargado de presentar los cambios a través de un comunicado. Edlow argumentó que el objetivo de estas modificaciones es acelerar la resolución de las solicitudes de asilo. Asimismo, señaló que la medida busca eliminar los supuestos «usos indebidos» del sistema actual, el cual fue establecido originalmente en 1980 con el propósito de adaptar la legislación interna de Estados Unidos a los compromisos internacionales asumidos en materia de protección de refugiados.
El alcance de esta medida es considerable. Según se detalla en el documento provisional de la norma, se prevé que los cambios afecten a más de 440.000 casos de asilo, lo que representa un volumen significativo de personas que verán alterado su proceso migratorio.
Esta acción se enmarca en una estrategia más amplia desplegada por la administración de Donald Trump para reformar integralmente el sistema de asilo. Los objetivos declarados de esta campaña incluyen el aumento en el número de solicitudes denegadas y el incremento sostenido de las deportaciones desde el territorio estadounidense.
Para comprender el impacto de esta medida, es necesario analizar la estructura de las cortes de inmigración en Estados Unidos. Estos órganos son tribunales administrativos que dependen directamente del Poder Ejecutivo a través del Departamento de Justicia, y no forman parte del poder judicial ordinario. Esta estructura permite que el Ejecutivo tenga una influencia directa sobre la gestión de estos tribunales.
En este contexto, organizaciones y abogados especializados han denunciado que el Gobierno de Trump ha sustituido a decenas de jueces de inmigración. En su lugar, han sido nombrados nuevos magistrados cuyos perfiles están más alineados con la agenda de deportaciones masivas impulsada por la Casa Blanca.
A la par de estos nombramientos, el Departamento de Justicia ha flexibilizado los criterios para la designación de jueces de inmigración temporales. Bajo las nuevas reglas, ya no es un requisito indispensable que estos profesionales cuenten con experiencia previa en derecho migratorio, lo que permite que abogados sin trayectoria específica en esta materia puedan ocupar dichos cargos.
El endurecimiento de las decisiones judiciales ha sido documentado por diversas organizaciones especializadas. Datos proporcionados por el centro TRAC de la Universidad de Syracuse revelan que, tan solo en el mes de junio, las cortes de inmigración rechazaron aproximadamente el 94 % de las solicitudes de asilo que fueron resueltas.
Esta tendencia ha sido contrastada por la organización WOLA, que señaló que durante el Gobierno de Joe Biden las tasas de denegación se situaban habitualmente por debajo del 60 %. La comparación evidencia un cambio drástico en la resolución de los casos.
WOLA también ha documentado una progresión ascendente en la tasa de rechazos bajo la presidencia de Trump. Según sus registros, la tasa de denegación superó el 70 % en marzo de 2025, alcanzó el 80 % en enero de 2026 y llegó al 90 % en marzo de 2026. Estas cifras, según la organización, reflejan un endurecimiento sostenido y progresivo de las decisiones judiciales en materia de asilo durante la gestión de la actual Administración.
