La viceprefecta de Imbabura, Paolina Vercoutere, ha denunciado estar enfrentando dos procesos judiciales que, según su testimonio, forman parte de un patrón de persecución política dirigido a autoridades locales y líderes sociales en Ecuador. En una entrevista, Vercoutere detalló los cargos en su contra – enriquecimiento ilícito y supuesto financiamiento al terrorismo – y advirtió sobre un clima de temor que, a su juicio, está socavando el Estado de Derecho y los derechos fundamentales en el país.
Vercoutere, quien participó recientemente en el encuentro ‘El poder de nosotras en los territorios’ en Quito, enfatizó que su situación no es un caso aislado, sino que se repite con otros funcionarios y dirigentes a nivel nacional, especialmente tras el paro de septiembre pasado. La viceprefecta describió una estrategia sistemática para limitar su gestión, citando el bloqueo de sus cuentas bancarias y la suspensión de convenios cruciales para la alimentación de más de 3,600 niños y niñas de Imbabura. El Ministerio de Educación, según Vercoutere, canceló un presupuesto de 300,000 dólares destinado a programas de alimentación escolar, argumentando que asumirían la responsabilidad directamente, sin ofrecer una explicación clara.
“Hay hambre, tenemos niveles de deserción por precariedad económica, desempleo. Entre más de 160 escuelas, queríamos llegar a 45. Pero dijeron que se harían cargo”, lamentó Vercoutere, subrayando la urgencia de abordar la inseguridad alimentaria en su provincia.
La viceprefecta también denunció la imposibilidad de establecer un diálogo constructivo con el gobierno nacional. A pesar de sus intentos de comunicarse con la ministra correspondiente para garantizar la continuidad de los programas de alimentación, se encontró con una “nula” posibilidad de conversación o colaboración. Esta falta de comunicación se extiende a otros ámbitos, incluyendo la eliminación del Ministerio de la Mujer y la incertidumbre sobre quién está a cargo de las políticas de género. Vercoutere calificó esta situación como un “claro retroceso en derechos”.
La aprobación de la reforma al Cootad (Código Orgánico Territorial Administrativo y Descentralización) también fue objeto de críticas por parte de Vercoutere. Ella y la Red de Viceprefecturas solicitaron ser escuchadas durante el debate de la ley, pero sus peticiones fueron ignoradas. “Hay oídos sordos en todos los niveles del Estado, hasta en la Asamblea, con esa mayoría que promueve y aprueba leyes nefastas”, afirmó.
Vercoutere expresó su preocupación por lo que describe como una “falsa democracia” en Ecuador, caracterizada por una retórica discursiva y una presencia dominante de “seudomedios pautados” que replican la narrativa gubernamental. Denunció un patrón de persecución, falta de democracia y silenciamiento de la disidencia, así como la intimidación y limitación de la libertad de prensa. En su opinión, la democracia en Ecuador está en riesgo, especialmente para aquellos que defienden los derechos y se oponen al poder establecido. Subrayó la existencia de racismo en la persecución política.
La viceprefecta mencionó casos similares, como los juicios contra el presidente de la UNE y la excandidata a la Vicepresidencia Pacha Terán, como evidencia de una estrategia más amplia para desgastar a los opositores políticos. Reconoció el impacto personal de la persecución, incluyendo el desgaste psicológico y emocional, los ataques en espacios digitales y la necesidad de destinar una parte significativa de su salario a honorarios de abogados.
Vercoutere también expresó su solidaridad con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien también enfrenta acusaciones legales. A pesar del temor que admite sentir, reafirmó su compromiso con la vida política y su determinación de defender sus convicciones. “Con temor, pero cada día diciendo que es necesario estar de pie, nunca de rodillas, para defender lo que creemos”, declaró.
Hija de madre kichwa y padre francés, Paolina Vercoutere tiene una trayectoria en la administración pública y la política local. Es ingeniera en Desarrollo Social y Cultural, con una maestría en Género y Políticas Públicas. Ha ocupado cargos como gobernadora de Imbabura, directora provincial del Ministerio de Inclusión Económica y Social, asambleísta alterna y concejala. Su experiencia y su identidad indígena la convierten en una voz crítica y visible en el debate político ecuatoriano.
Vercoutere concluyó instando a las fuerzas progresistas a encontrar puntos en común para enfrentar lo que considera una política “antiderechos” que recuerda a situaciones similares en Estados Unidos. Su denuncia pone de manifiesto las tensiones políticas y la polarización que atraviesa Ecuador, y plantea interrogantes sobre el futuro de la democracia y el Estado de Derecho en el país.
