La Paz, 26 de marzo de 2026 (ABI). El Gobierno de Bolivia iniciará acciones legales contra las empresas transportadoras vinculadas al caso de las barcazas chinas, anunció el ministro de Defensa, Marcelo Salinas Gamarra, durante su presentación en la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Final 2025. La decisión se toma tras la conclusión de un proceso penal que resultó en sentencias de hasta 12 años de prisión para exfuncionarios involucrados en el proyecto.
Las barcazas fueron adquiridas durante la gestión del expresidente Evo Morales con el objetivo de fortalecer la capacidad logística del Estado. Sin embargo, la ejecución del proyecto se vio afectada por incumplimientos en la entrega de las embarcaciones, a pesar de que se habían realizado los pagos correspondientes. Esto generó procesos judiciales y cuestionamientos sobre la correcta implementación del proyecto, resultando en un daño económico estimado en cerca de 29 millones de dólares.
El ministro Salinas Gamarra explicó que, una vez finalizado el proceso penal, el enfoque del Gobierno se centrará en la recuperación de los recursos económicos erogados. Para lograrlo, se prepara una demanda contra la empresa fabricante de las barcazas. Además, se están analizando otras acciones legales complementarias que permitan resarcir el daño económico ocasionado al Estado boliviano.
Estas medidas buscan sentar un precedente en la defensa de los recursos públicos y evitar que hechos similares queden en la impunidad , remarcó el ministro Salinas Gamarra durante su presentación ante la Asamblea Legislativa. La declaración subraya el compromiso del gobierno actual con la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos del Estado.
El caso de las barcazas chinas ha sido objeto de controversia durante varios años. Las acusaciones iniciales se centraron en la falta de transparencia en el proceso de contratación y en la presunta sobrevaloración de las embarcaciones. A medida que avanzaba la investigación, se revelaron irregularidades en la entrega de las barcazas, con retrasos significativos y problemas técnicos que impedían su correcto funcionamiento.
La investigación judicial, que culminó con las recientes sentencias, determinó que varios exfuncionarios públicos se habían enriquecido ilícitamente a través de la manipulación del proceso de contratación y la recepción de sobornos. Las sentencias condenatorias buscan no solo castigar a los responsables de los actos de corrupción, sino también recuperar los fondos públicos malversados.
La demanda que se prepara contra la empresa fabricante se basará en el incumplimiento de contrato y en la entrega de productos defectuosos. El Gobierno espera que la empresa sea declarada responsable de los daños y perjuicios ocasionados al Estado boliviano y que se le obligue a restituir los 29 millones de dólares.
El análisis de las acciones legales complementarias se centrará en identificar a otras empresas o personas que pudieran haber participado en el esquema de corrupción. El objetivo es ampliar la investigación y asegurar que todos los responsables rindan cuentas ante la justicia.
El Gobierno ha manifestado su determinación de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización en la contratación de bienes y servicios para evitar que se repitan casos similares en el futuro. Se están implementando nuevas normas y procedimientos que buscan garantizar la transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos.
La Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Final 2025 es un evento anual en el que los ministros de Estado presentan un informe detallado de sus actividades y resultados durante el año anterior. La audiencia es una oportunidad para que los legisladores y la ciudadanía evalúen la gestión del Gobierno y formulen preguntas y recomendaciones.
El caso de las barcazas chinas es un ejemplo de los desafíos que enfrenta Bolivia en la lucha contra la corrupción y la impunidad. El Gobierno ha reiterado su compromiso de combatir estos flagelos y de promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas en todos los niveles del Estado. La recuperación de los recursos económicos erogados en este caso es un paso importante en esa dirección.
La decisión de iniciar acciones legales contra las empresas transportadoras vinculadas al caso de las barcazas chinas demuestra la determinación del Gobierno de defender los intereses del Estado y de garantizar que los responsables de actos de corrupción sean llevados ante la justicia. Se espera que esta medida contribuya a fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas y a promover una gestión más transparente y eficiente de los recursos del Estado.
