El Gobierno de Gabriel Boric ha decidido retirar del Congreso el proyecto de Ley de Pesca, una iniciativa que buscaba reemplazar la controvertida Ley Longueira. La decisión, confirmada por la Segpres, ha desatado una ola de críticas y acusaciones cruzadas entre parlamentarios de distintos sectores políticos. Mientras la oposición denuncia un claro favoritismo hacia la corrupción y los intereses de la gran industria pesquera, algunos legisladores oficialistas defienden la medida argumentando que el proyecto generaba incertidumbre y afectaba negativamente a la pesca artesanal.
El oficio de retiro del proyecto se hará efectivo durante la presente jornada, poniendo fin a un proceso legislativo que se inició a principios de 2024 y que se caracterizó por una tramitación con suma urgencia en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados. Al no haber sido votado en la Sala, el Ejecutivo aprovechó su facultad para retirar la iniciativa, manteniendo así en vigor la Ley Longueira, una normativa ampliamente criticada por su falta de transparencia y por los casos de corrupción que la rodearon.
La reacción de la oposición no se hizo esperar. El senador Daniel Núñez (PC) calificó la medida como un hecho gravísimo que evidencia el aval que el Gobierno de Kast está haciendo a la corrupción de la Ley Longueira . El parlamentario acusó al Ejecutivo de estar al servicio de los grupos económicos y de la gran industria , en particular de la empresa Corpesca, a la que acusó de beneficiarse de las irregularidades de la ley vigente.
Por su parte, el diputado Jorge Brito (FA), quien presidió la Comisión de Pesca de la Cámara, lamentó que se eche por la borda un trabajo de más de 200 audiencias realizadas en ocho regiones del país. Brito recordó que la Ley Longueira es la mayor verg enza de la política chilena , señalando que terminó con una diputada y un senador en la cárcel por corrupción . El legislador también denunció que la pesca artesanal está siendo duramente golpeada por el aumento del precio de los combustibles y la falta de ayuda por parte del Gobierno, y que la retirada del proyecto de ley les quita el futuro .
El diputado Luis Cuello (PC) se sumó a las críticas, calificando la decisión como un golpe bajo a la pesca artesanal y un proceso participativo que consistió en diálogos con los pescadores en las caletas. Cuello acusó al Gobierno de legitimar la corrupción al mantener en vigor la Ley Longueira.
El senador Diego Ibáñez (FA) también fue contundente en sus declaraciones, afirmando que el Gobierno del presidente Kast definitivamente no quiere cooperar y no quiere hacerse parte de la solución, sino parte del problema . Ibáñez recordó que el diputado Sergio Bobadilla presentó más de 200 indicaciones para retrasar la aprobación del proyecto, y que la retirada de la ley es una consecuencia lógica de esa actitud obstruccionista.
En contraposición a las críticas de la oposición, el diputado Sergio Bobadilla defendió la decisión del Gobierno, argumentando que el proyecto generaba cesantía, pobreza e incertidumbre desde el punto de vista jurídico . Bobadilla consideró que se deben realizar cambios que permitan generar los equilibrios entre la pesca artesanal y la pesca industrial , y destacó que la medida permitirá el progreso y desarrollo de la actividad pesquera, especialmente en la región del Bío Bío.
La polémica en torno a la Ley de Pesca se remonta a años atrás, cuando la Ley Longueira, promulgada en 2013, fue objeto de fuertes críticas por su falta de transparencia y por los privilegios que otorgaba a las grandes empresas pesqueras. La ley fue investigada por la Fiscalía por presuntos casos de corrupción, que involucraron a parlamentarios y funcionarios públicos.
El proyecto de ley impulsado por el Gobierno de Gabriel Boric buscaba reemplazar la Ley Longueira con una normativa más moderna y justa, que promoviera la pesca sostenible, protegiera los derechos de los pescadores artesanales y garantizara la transparencia en la gestión de los recursos pesqueros. Sin embargo, la iniciativa no logró avanzar en el Congreso debido a la falta de acuerdo entre los distintos sectores políticos y a la oposición de algunos legisladores que defendían los intereses de la gran industria pesquera.
La decisión del Gobierno de retirar el proyecto de ley ha generado incertidumbre sobre el futuro de la pesca en Chile y ha reabierto el debate sobre la necesidad de una reforma integral del sector. La oposición ha anunciado que buscará alternativas para impulsar una nueva ley que corrija las deficiencias de la Ley Longueira y garantice la sostenibilidad de los recursos pesqueros. Mientras tanto, la Ley Longueira seguirá vigente, manteniendo en el centro del debate las acusaciones de corrupción y los intereses contrapuestos de los distintos actores involucrados en la actividad pesquera. La controversia promete continuar, dejando en evidencia las tensiones políticas y económicas que rodean a uno de los sectores más importantes de la economía chilena.
