Hipoteca Fiscal: Congreso y Ejecutivo comprometen el futuro económico del Perú

El Perú enfrenta una crisis de sostenibilidad fiscal sin precedentes, producto de un incremento masivo del gasto público aprobado recientemente por el Congreso de la República y ratificado por el Poder Ejecutivo. Las medidas, centradas en aumentos de planillas y pensiones en el sector público, comprometen seriamente las finanzas del Estado para los próximos años, dejando al siguiente gobierno con escasas herramientas para una gestión fiscal responsable.

Según el presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, la situación es alarmante. Al siguiente Gobierno le han hipotecado todo [ ] La generación de nuevo gasto público es tan grande que compromete fuertemente el 2026 y el 2027. [La nueva gestión] se queda sin posibilidad de manejar las finanzas públicas de manera responsable , advirtió en entrevista con Gestión.

La aprobación, en menos de una semana de marzo, de tres propuestas legislativas con un impacto fiscal estimado en 11,500 millones de soles anuales, ha encendido las alarmas. Estas medidas incluyen cambios en las pensiones del personal militar y policial, la extensión de beneficios laborales (gratificaciones y CTS) a los trabajadores bajo el régimen CAS, y un incremento en las pensiones de maestros jubilados y cesantes a 3,300 soles.

La ley que modifica las pensiones del personal militar y policial fue promulgada el 22 de marzo, a pesar de las advertencias previas sobre su inviabilidad financiera. De igual forma, la extensión de beneficios a los trabajadores CAS también fue ratificada por el Ejecutivo el 23 de marzo. La propuesta de incremento de pensiones para maestros jubilados y cesantes, aprobada por insistencia tras la observación del Poder Ejecutivo, aún espera ser promulgada u observada.

El Consejo Fiscal estima que el costo adicional de estas tres medidas ascenderá a aproximadamente 6,500 millones de soles este año, ejerciendo una fuerte presión sobre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Los 5,000 millones de soles restantes se sumarán como un costo permanente para el Estado a partir de 2027.

Es brutal el efecto de desplazamiento de recursos, el presupuesto de lo que vas a tener que comenzar a cancelar y que, probablemente, no vas a encontrar suficientes partidas [presupuestales] en que puedas sustituir por la envergadura de esto , comentó Segura, enfatizando la magnitud del impacto.

La medida que representa el mayor gasto dentro de este paquete legislativo es el incremento de las pensiones para maestros jubilados y cesantes, con un costo estimado de más de 8,000 millones de soles anuales. Sin embargo, Segura aclara que esta cifra es parcial, ya que el costo se incrementará año tras año debido a la actualización de indicadores y la inclusión progresiva de más jubilados, incluyendo aquellos que previamente estuvieron en el sistema privado de pensiones. Además, la norma establece una pensión equivalente a la primera escala, la cual se ajustará con el tiempo, generando un efecto espejo prohibido por la Constitución.

Para dimensionar el impacto, el Consejo Fiscal compara este gasto con el presupuesto del sector educativo, señalando que los 8,000 millones de soles equivaldrían a la construcción de más de 1,000 colegios completos o a la contratación de más de 50,000 profesores.

El acceso a gratificaciones y CTS para los trabajadores CAS implicará un costo adicional de alrededor de 2,000 millones de soles anuales, sumado a otros 1,000 millones que ya se venían entregando a través de migraciones progresivas al régimen 728. El Congreso, en los últimos 18 meses, ha estado migrando al personal CAS entidad por entidad, otorgándoles estos beneficios de manera gradual.

En cuanto a las pensiones del personal militar y policial, el costo inicial es relativamente bajo, pero se espera que se incremente significativamente en las próximas dos décadas, debido a la incorporación de nuevos jubilados.

A pesar de este marzo rojo para la sostenibilidad fiscal, Segura advierte que aún existen decenas de proyectos de ley en camino al pleno que contemplan un mayor gasto público, muchos de los cuales ni siquiera han sido cuantificados. Entre ellos, destaca una propuesta para otorgar beneficios del Comité de Administración de los Fondos de Asistencia y Estímulo (Cafae) a los trabajadores de gobiernos regionales, lo que demandaría otros 2,800 millones de soles anuales.

Ante este escenario, el Gobierno se enfrenta al desafío de encontrar fuentes de financiamiento para cubrir estos gastos adicionales. Segura señala que el Ejecutivo podría optar por observar las leyes o elevarlas al Tribunal Constitucional, lo que sentaría un precedente positivo para la sostenibilidad fiscal y desincentivaría futuras medidas similares.

El incremento del gasto público en remuneraciones y pensiones ha sido una tendencia creciente en los últimos años. Entre 2012 y 2022, el incremento anual promedio fue inferior a los 4,000 millones de soles. Sin embargo, entre 2023 y 2025, este incremento se elevó a 7,000 millones de soles, llegando incluso a 10,000 millones de soles en el momento más crítico. Con las aprobaciones de este año, el incremento se disparó a 11,200 millones de soles, elevando el total a más de 17,500 millones de soles anuales.

Segura también destaca que el cumplimiento de la regla de déficit fiscal el año pasado fue más producto de factores externos, como el aumento del precio del oro y del cobre, y de pagos extraordinarios, que de una gestión fiscal responsable.

La situación actual exige una revisión profunda de las políticas fiscales y una mayor coordinación entre el Congreso y el Ejecutivo para evitar comprometer el futuro económico del Perú. La sostenibilidad fiscal es fundamental para garantizar la estabilidad económica y el bienestar de las futuras generaciones.