El Gobierno lanzó el Plan Chile Sale Adelante con ocho medidas para mitigar el impacto del alza en los combustibles, provocada por la guerra en Medio Oriente y la situación fiscal del país. Si bien se congelarán las tarifas del transporte público en Santiago hasta diciembre, en las regiones la promesa se limita a contener el alza , generando dudas sobre la efectividad de la medida a nivel nacional. La implementación del plan se complica aún más por la lentitud en la designación de las nuevas seremías regionales de Transporte, lo que retrasa la coordinación y ejecución de las medidas.
El alza de más de $370 en las bencinas y $580 en el diésel, resultado de las modificaciones al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), desató una ola de críticas que el Ejecutivo intenta acallar con este plan de apoyo. Sin embargo, la disparidad en el tratamiento de las tarifas de transporte entre la capital y las regiones ha generado suspicacias y cuestionamientos sobre la equidad de la propuesta.
El subsecretario de Transportes, Martín Mackenna, inicialmente aseguró que el congelamiento de tarifas se aplicaría a todo el país, replicando el modelo del Sistema Red en Santiago. No obstante, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, matizó esta afirmación, reconociendo que la situación en las regiones es más compleja debido a la diversidad de sistemas de transporte y la falta de una estructura integrada como la existente en la Región Metropolitana.
A diferencia de la región Metropolitana, donde existe un sistema integrado que puede permitir controlar la tarifa, la realidad en regiones es atomizada, son distintas líneas, algunas son interprovinciales , explicó Quiroz, señalando que la gestión de los recursos dependerá de cada región y escapa al control directo del Ministerio de Hacienda.
Esta declaración contradice la promesa inicial de Mackenna y pone en tela de juicio la efectividad del plan para proteger a los usuarios del transporte público en las regiones. El ministro Quiroz se limitó a asegurar que gestionará los recursos en coordinación con el Ministerio de Transportes para intentar contener el alza, pero no pudo garantizar que las tarifas no subirán.
La demora en la designación de las seremías regionales de Transporte agrava aún más la situación. Según fuentes de La Moneda, los nombramientos deberían concretarse esta semana, pero el proceso se ha ralentizado debido a la necesidad de realizar una revisión exhaustiva de los antecedentes de los candidatos. La falta de autoridades regionales dificulta la coordinación y la implementación de las medidas, lo que podría afectar la capacidad del Gobierno para cumplir con su promesa de contener el alza de las tarifas.
El Plan Chile Sale Adelante también contempla otras medidas, como la ampliación del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP) para congelar el precio de la parafina, la apertura de una línea de crédito por parte de BancoEstado para financiar taxis y colectivos eléctricos, y el fortalecimiento de la seguridad para el transporte de carga. Además, se mantendrá el Plan de Reconstrucción en marcha, aunque el Gobierno no ha proporcionado detalles específicos sobre estas últimas dos medidas.
En cuanto al transporte marítimo de pasajeros, el delegado regional de Los Lagos, Cristian Palma, aseguró que aquellos servicios que reciben aporte estatal mantendrán sus precios congelados. Sin embargo, el Grupo de Empresas CPT señaló que deberán revisar los precios de aquellos recorridos que no cuentan con subsidios, y esperan tomar una decisión durante los primeros diez días de abril.
El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados faculta al Ministerio de Hacienda a incrementar en 60 millones de dólares el FEPP, con el objetivo de congelar el precio de la parafina al nivel de febrero de 2026. La iniciativa original incluía un bono mensual de $100 mil para taxis y taxis colectivos, que luego se amplió a transportistas escolares y vehículos que prestan servicios de pasajeros bajo el Convenio por Carretera entre Tacna y Arica.
Sin embargo, tras las críticas de algunos parlamentarios, el proyecto fue modificado para excluir a las empresas que tributan bajo el régimen Pro Pyme de las mismas posibilidades de devolución del impuesto a los combustibles que actualmente tienen las compañías transportistas.
La línea de crédito ofrecida por BancoEstado para la adquisición de taxis y colectivos eléctricos requiere que los beneficiarios aporten el 10% del valor del vehículo y ofrece un plazo de pago de seis años, con el vencimiento de la primera cuota a los seis meses.
A pesar de las medidas anunciadas, la incertidumbre persiste en las regiones, donde la promesa de contener el alza de las tarifas se ve amenazada por la falta de coordinación, la lentitud en la designación de las autoridades regionales y la complejidad de los sistemas de transporte locales. La efectividad del Plan Chile Sale Adelante dependerá en gran medida de la capacidad del Gobierno para superar estos obstáculos y garantizar que los beneficios lleguen a todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia.
La situación plantea interrogantes sobre la viabilidad de aplicar un modelo único a todo el país, dada la diversidad de realidades regionales. La falta de claridad en la implementación de las medidas y la contradicción entre las declaraciones de los distintos ministros generan desconfianza y alimentan el escepticismo sobre la capacidad del Gobierno para controlar el impacto del alza de los combustibles en el bolsillo de los ciudadanos. El seguimiento de la implementación del plan y la evaluación de sus resultados serán cruciales para determinar si realmente contribuye a que Chile salga adelante o si se convierte en una promesa incumplida.
