Argentina se unió a Estados Unidos e Israel en el rechazo a una resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que calificaba la esclavitud africana como el crimen más grave contra la humanidad . La propuesta, impulsada por Ghana y la comunidad africana, fue aprobada por la mayoría de los Estados miembros, aunque varios países europeos se abstuvieron.
Desde la Cancillería argentina, liderada por Francisco Tropepi, justificaron el voto negativo argumentando que el texto no fue abierto a modificaciones y que el gobierno argentino se opone a jerarquizar la esclavitud por encima de otros crímenes de lesa humanidad. Según la postura oficial, la resolución contenía muchas subjetividades con las que no se adherían.
La resolución, aprobada con 123 votos a favor, 52 abstenciones y tres votos en contra, reconoce la trata y esclavitud de personas africanas como un crimen de lesa humanidad y ratifica la persistencia de la discriminación, el trauma y la explotación económica que continúan afectando a africanos y afrodescendientes en diversos continentes. Además, solicitaba la devolución inmediata, sin restricciones ni costo, de bienes culturales, piezas de arte y documentos históricos de valor para los países africanos de origen.
Organizaciones como Amnistía Internacional calificaron la votación como un paso trascendental hacia el reconocimiento legal y la reparación para las víctimas de la esclavitud en todo el mundo, destacando la necesidad de avanzar hacia la justicia para africanos y afrodescendientes en un contexto de ataques al derecho internacional.
La resolución subraya que los efectos de la esclavitud y la trata transatlántica persisten en formas estructurales de racismo, desigualdades raciales, subdesarrollo, exclusión y disparidades socioeconómicas, afectando a millones de personas en la actualidad. Asimismo, destaca la falta de un marco de reparación integral para las personas africanas esclavizadas y sus descendientes, a pesar de que se han concedido reparaciones a otros grupos afectados por violaciones graves de derechos humanos.
El gobierno de Ghana, principal impulsor de la iniciativa junto al presidente John Dramani Mahama, afirmó que la propuesta buscaba hacer avanzar el diálogo global más allá del reconocimiento simbólico hacia la responsabilidad jurídica , promoviendo una responsabilidad legal internacional con acciones concretas.
La postura argentina se enmarca en una serie de votaciones recientes en la ONU que han marcado un giro en su política exterior durante la presidencia de Javier Milei. Anteriormente, Argentina votó en contra de la resolución que respaldaba la solución de dos Estados para el conflicto israelí-palestino, alineándose con Estados Unidos e Israel, y también se opuso a la resolución que reclamaba el fin del embargo estadounidense sobre Cuba. En noviembre de 2024, Argentina fue el único país en rechazar una resolución sobre la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas, generando críticas a nivel nacional e internacional.
Ante las críticas, el canciller Pablo Quirno replicó un mensaje de la diputada nacional Sabrina Ajmechet, argumentando que la discusión en la ONU fue más compleja que simplemente estar contra la esclavitud . Según la diputada, se intentó imponer una lectura que jerarquiza culpas históricas según una agenda ideológica, y que Argentina no participó en ese juego. Ajmechet enfatizó que no hay esclavitudes peores y otras tolerables, y criticó lo que denominó narrativa woke .
La decisión argentina de votar en contra de la resolución sobre la esclavitud africana ha generado debate sobre su política exterior y su alineamiento con ciertos países, así como sobre la interpretación de la justicia histórica y la responsabilidad en crímenes de lesa humanidad. La controversia pone de manifiesto las tensiones existentes en la agenda internacional y la complejidad de abordar temas sensibles como la esclavitud y sus consecuencias a largo plazo. La falta de un marco de reparación integral para las víctimas de la esclavitud africana sigue siendo un desafío pendiente en la comunidad internacional, y la resolución de la ONU buscaba impulsar un debate más profundo sobre este tema.
