Nueva York, 26 de marzo de 2026 La segunda comparecencia del exmandatario venezolano Nicolás Maduro ante la justicia estadounidense se desarrolló este jueves en un tribunal federal de Nueva York, en medio de fuertes medidas de seguridad y un intenso debate sobre su derecho a una defensa adecuada. Maduro, de 63 años, permanece recluido desde inicios de enero en una prisión federal de Brooklyn junto a su esposa, Cilia Flores, tras su captura en una operación militar estadounidense en Caracas. Ambos se declararon no culpables en su primera audiencia en enero, alegando ser prisioneros de guerra .
La audiencia de hoy se centró principalmente en la solicitud de la defensa para acceder a fondos venezolanos para pagar los honorarios de su abogado, Barry Pollack. El gobierno estadounidense se opuso a esta solicitud, argumentando que los fondos en cuestión podrían estar relacionados con actividades ilícitas y que las sanciones impuestas a Venezuela impiden su acceso. El juez federal Alvin Hellerstein escuchó argumentos de ambas partes y se reservó el derecho a tomar una decisión.
El abogado de Maduro, Barry Pollack, argumentó que la negativa a permitir el acceso a los fondos vulnera los derechos constitucionales de su cliente a una defensa justa, amparados por la Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Citó el caso *Luis v. Estados Unidos*, en el que la Corte Suprema dictaminó que los acusados tienen derecho a elegir a su abogado y a utilizar fondos lícitos, incluso de terceros. Pollack enfatizó que el gobierno no ha impugnado el origen lícito de los fondos en cuestión.
El juez Hellerstein cuestionó la similitud entre el caso *Luisy el caso de Maduro, señalando que las sanciones impuestas a Venezuela podrían considerarse una contaminación de los fondos, impidiendo su uso para fines legales. Sin embargo, Pollack insistió en que las sanciones no deberían afectar el derecho de Maduro a una defensa adecuada.
La fiscalía federal, representada por el fiscal adjunto Wirshba, argumentó que el gobierno tiene un interés legítimo en bloquear el acceso a los fondos debido a preocupaciones de seguridad nacional y política exterior. Wirshba reconoció que la situación en Venezuela ha cambiado, pero insistió en que la decisión de levantar o modificar las sanciones corresponde a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
El juez Hellerstein expresó su preocupación por la posible interferencia con el proceso de defensa de Maduro. Señaló que el gobierno estadounidense ahora está haciendo negocios con Venezuela, particularmente en relación con el petróleo, lo que sugiere que las preocupaciones iniciales sobre la seguridad nacional podrían haber disminuido. Preguntó al fiscal qué interés tiene ahora el gobierno en bloquear los fondos.
La discusión se extendió a la complejidad de la investigación que deberá llevar a cabo la defensa, tanto en Venezuela como en Colombia. Pollack señaló que el caso podría requerir un extenso proceso de descubrimiento y presentación de mociones, similar al caso *Stein*. El juez Hellerstein preguntó sobre los recursos disponibles para los defensores federales o los abogados de la Ley de Justicia Penal (CJA).
Pollack argumentó que Maduro tiene derecho a elegir a su propio abogado si tiene fondos disponibles, y que el defensor público solo debe ser asignado a aquellos que no tienen recursos. El fiscal Wirshba respondió que el gobierno no reconoce que Maduro y Flores tengan fondos disponibles, y que desde 2019 ningún fondo del gobierno venezolano ha estado disponible para nadie en Estados Unidos.
El juez Hellerstein consideró la posibilidad de ordenar a la OFAC que otorgue una licencia específica para liberar los fondos, pero el fiscal Wirshba argumentó que el tribunal no tiene la autoridad para hacerlo. Wirshba sugirió que Maduro podría buscar una modificación de las sanciones a través de una demanda bajo la Ley de Procedimiento Administrativo (APA).
El juez Hellerstein también abordó la cuestión de la orden de protección y la producción de pruebas. La fiscalía solicitó que la información sensible no se comparta con los cuatro coacusados que aún no han sido detenidos, mientras que la defensa argumentó que necesitan intercambiar información con aquellos que tienen un interés común.
En un giro inesperado, el presidente Donald Trump emitió una declaración a la prensa en la Casa Blanca, advirtiendo que el proceso judicial contra Maduro podría ampliarse en el futuro. Trump afirmó que las acusaciones actuales representan solo una parte de los delitos que, según Washington, habría cometido, y que se presentarán nuevos cargos más adelante.
Fuera del tribunal, los alrededores se convirtieron en un escenario de protestas y contraprotestas. Simpatizantes de Maduro coreaban mensajes de apoyo y denunciaban una detención injusta, mientras que opositores venezolanos expresaban su rechazo al exmandatario. Un amplio despliegue policial evitó enfrentamientos físicos, pero no logró silenciar los intercambios verbales cargados de tensión.
La audiencia de este jueves podría marcar un punto de inflexión en el caso. La defensa busca que el caso sea desestimado por supuestas irregularidades procesales, mientras que la fiscalía insiste en que Maduro debe responder por los cargos que se le imputan. El juez Hellerstein se reservó el derecho a tomar una decisión, lo que deja el futuro del proceso judicial en sus manos.
La situación personal de Maduro y Flores en prisión también ha generado preocupación. Fuentes cercanas al entorno del exmandatario aseguran que se encuentran aislados y con acceso limitado a la comunicación. Sin embargo, se informa que Maduro dedica parte de su tiempo a la lectura religiosa y mantiene contacto telefónico restringido con su familia y abogados. Su hijo, Nicolás Maduro Guerra, ha afirmado que ambos se mantienen fuertes y con ánimo pese a las condiciones de reclusión.
El caso Maduro tiene implicaciones geopolíticas significativas, en un momento en que Estados Unidos y Venezuela buscan restablecer vínculos tras años de tensiones. La entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina tras la caída de Maduro, impulsando reformas orientadas a recomponer las relaciones con Washington, incluyendo cambios en la legislación petrolera y una ley de amnistía para presos políticos. La resolución de este caso podría influir en el futuro de las relaciones bilaterales y en la estabilidad política de Venezuela.
