Siete de los once consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) se desvinculan formalmente de un documento con observaciones al llamado “Plan B” de la reforma electoral, enviado a la Cámara de Senadores por la presidenta del INE, Guadalupe Taddei. La acción evidencia una creciente fractura interna dentro del organismo electoral y cuestiona la representatividad de la postura oficial ante la reforma.
A través de un comunicado público, los consejeros Arturo Castillo, Carla Humphrey, Martín Faz Mora, Rita Bell López, Jaime Rivera, Dania Ravel y Claudia Zavala aclararon que, hasta la fecha, el Consejo General del INE no ha emitido ninguna observación o propuesta formal respecto a la iniciativa de reforma. Por lo tanto, el documento en cuestión “no refleja ni representa una posición institucional” del INE.
Los consejeros firmantes expresaron su total desconocimiento sobre el origen, contenido y las circunstancias de la entrega de este documento al Senado. La situación se agrava al coincidir con la notificación de la titular de la Secretaría Ejecutiva del INE, Claudia Espino, a la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, informando la imposibilidad de los consejeros de asistir a la reunión programada para el lunes, debido a compromisos previos de agenda.
Esta desvinculación pública subraya una profunda falta de colegialidad en la toma de decisiones dentro del INE, un problema que ya había sido señalado anteriormente. Los consejeros reiteraron su disposición al diálogo y ofrecieron su experiencia técnica para cualquier eventual reforma electoral, comprometiéndose a atender cualquier requerimiento o solicitud que se les formule a través de los canales institucionales correspondientes.
La consejera Dania Ravel, en un mensaje aparte, enfatizó la importancia de que cualquier reforma electoral se construya a través del diálogo, un análisis riguroso y un sólido sustento técnico. Su declaración refuerza la preocupación de un sector del Consejo por la falta de transparencia y participación en el proceso de revisión del “Plan B”.
Este no es el primer incidente que revela tensiones internas en el INE bajo la presidencia de Guadalupe Taddei. Un episodio similar ocurrió durante la aprobación de las leyes secundarias de la reforma judicial, cuando a la consejera presidenta se le otorgó la facultad de designar a los titulares de Direcciones y Unidades Técnicas del instituto sin consultar a sus compañeros consejeros.
La decisión de Taddei de nombrar a Jesús Octavio García González como Director de Administración, a pesar de las acusaciones de conflicto de interés – dado su previo rol como representante de una empresa que buscaba obtener la licitación para la producción de las credenciales de elector – generó una fuerte controversia y exacerbó las tensiones dentro del Consejo General.
Otros desacuerdos recientes se presentaron durante la calificación de la elección judicial, donde algunos consejeros propusieron declarar la elección como no válida debido a la proliferación de materiales de campaña no autorizados, conocidos como “acordeones”, que contenían los nombres de los candidatos a jueces.
La situación actual plantea serias interrogantes sobre la capacidad del INE para actuar como un órgano colegiado y representativo en el proceso de reforma electoral. La falta de consenso y la aparente imposición de decisiones unilaterales por parte de la presidencia amenazan la legitimidad del instituto y su papel fundamental en la organización y vigilancia de los procesos electorales en México.
La desvinculación de siete consejeros del documento con observaciones al “Plan B” no solo pone en evidencia la división interna, sino que también podría complicar las negociaciones con el Senado y dificultar la construcción de un acuerdo que garantice la transparencia y la certeza jurídica de la reforma electoral. La falta de una posición institucional clara por parte del INE podría generar incertidumbre y desconfianza en el proceso, lo que a su vez podría afectar la credibilidad de las elecciones futuras.
El futuro del INE y su capacidad para cumplir con su mandato constitucional se encuentran en juego. La resolución de esta crisis interna y la búsqueda de un consenso entre los consejeros son cruciales para garantizar la estabilidad y la confianza en el sistema electoral mexicano. La sociedad civil y los partidos políticos deberán estar atentos a los acontecimientos y exigir transparencia y participación en el proceso de reforma, con el fin de proteger la integridad del sistema democrático.
