El Gobierno enfrenta el rechazo del Consejo Minero y la preocupación de otros sectores productivos ante la propuesta de modificar el impuesto al diésel, una medida destinada a mitigar el impacto del alza de los combustibles a raíz de la situación en Medio Oriente. La iniciativa, que busca suspender temporalmente el régimen de crédito diferenciado entre empresas transportistas y no transportistas, ha desatado una fuerte controversia, especialmente en la industria minera, que advierte sobre un impacto desproporcionado en sus costos y competitividad.
Las principales compañías mineras, incluyendo BHP, Anglo American, Codelco, Glencore y Freeport McMoRan, a través del Consejo Minero, han expresado su oposición a la medida, calificándola de “desvirtuadora” del diseño original del impuesto al diésel y “no equitativa”. Según Joaquín Villarino, presidente del gremio, la propuesta altera un impuesto para gravar selectivamente a sectores estratégicos, afectando su competitividad.
La propuesta del Ejecutivo consiste en aplicar a todas las empresas el esquema vigente para los transportistas, lo que implicaría que la mediana y gran minería, actualmente recupera el 100% del impuesto específico al diésel, pasaría a recuperar solo el 31%. Esto significaría, según Villarino, un pago del 69% sobre la tasa de UTM 1,5, lo que se traduciría en un aporte de cerca de US$ 100 millones por parte de la industria en solo seis meses, asumiendo así el 74% del costo total de la medida.
El informe financiero del proyecto ingresado al Congreso estima una recaudación fiscal de $124.463 millones (US$ 137 millones) durante su vigencia, que se extendería por seis meses o hasta que se normalice la situación del mercado. El Consejo Minero critica que esta medida se suma a otras implementadas por el Gobierno anterior para financiar cuentas eléctricas, en las que también la minería asumió una parte importante del costo sin justificación.
Aunque el gremio valora el esfuerzo por atenuar el precio de los combustibles, se opone a que la industria sea la principal responsable de financiar la iniciativa. En este sentido, confían en que la búsqueda de recursos públicos adicionales se oriente hacia mecanismos que resguarden las señales económicas necesarias para fomentar la inversión y el crecimiento del país.
La Sociedad Nacional de Minería (Sonami) ha declinado emitir comentarios al respecto.
Juan Cristóbal Ciudad, analista sénior de Plusmining, explica que la minería es considerada una empresa no transportista porque el diésel se utiliza en equipos que operan en faena y no en carreteras públicas, lo que le permite recuperar el 100% del impuesto específico. La propuesta del Gobierno suspendería este tratamiento, pasando a la industria al régimen de los transportistas de carga, lo que implicaría la recuperación de solo el 31% del impuesto y el pago del 69% restante como costo.
Según cálculos de Plusmining, el nuevo régimen impositivo tendría un efecto de alrededor de US$ 190 millones anuales para la minería del cobre en Chile, lo que se traduciría en un alza estimada de 1,6 centavos de dólar por libra de cobre, o un 1% adicional en el costo de caja (C1), restando competitividad a la industria.
El diésel representa el 92% del consumo de combustibles en la minería del cobre, y los combustibles representan alrededor del 6% del costo operacional total. Ciudad advierte que la medida empeora el costo caja, golpeando más a las operaciones intensivas en movimiento de material, especialmente rajos profundos y faenas de menor ley, donde el diésel pesa más por tonelada producida.
A largo plazo, la medida podría empujar a algunas operaciones marginales a subir la ley de corte, con un impacto potencial en las reservas explotables y la vida útil de mina. Sin embargo, también podría acelerar la agenda de descarbonización al mejorar la rentabilidad relativa de proyectos de electrificación o sustitución por otros combustibles.
Otros sectores también han manifestado su preocupación. Rodrigo O’Ryan, presidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma), indica que el impacto en el sector forestal requiere un análisis más profundo, pero anticipa efectos en el transporte y en el costo de los insumos. Corma espera un trabajo conjunto entre el sector público y privado para minimizar los efectos de la crisis.
Representantes de la industria salmonera agradecieron al Presidente Kast por reunirse con ellos para abordar el shock petrolero, anticipando efectos severos debido a la importancia del diésel en su cadena logística. Loreto Seguel, presidenta del Consejo del Salmón, admitió que la situación es “dura”, pero reconoció la honestidad del Gobierno al advertir sobre tiempos difíciles.
Carlos Odebret, presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, señaló que el incremento aumentará los costos de producción y afectará los resultados de las empresas, aunque considera que la sobrerregulación es el problema más importante del sector. Tomás Monge, gerente general de SalmonChile, espera que los impactos sean transitorios, pero reconoce que la industria, vinculada al sector marítimo-portuario y al transporte terrestre, se verá afectada.
La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) también ha advertido sobre los efectos del alza de los combustibles en el sector agrícola, destacando que el diésel es un insumo clave para la producción y el transporte de carga, lo que podría trasladarse al precio de los alimentos. Antonio Walker, presidente de la SNA, señaló que el ajuste responde a un escenario internacional complejo y a un déficit fiscal, pero que concentrar el alza en un solo movimiento es una decisión difícil pero necesaria.
Frutas de Chile y Fedeleche también han expresado su preocupación, evaluando el impacto en sus respectivas cadenas productivas y logísticas. Marcos Winckler, presidente de Fedeleche, explicó que el encarecimiento del diésel repercutirá en los procesos operativos, el transporte de la leche y la distribución, además de afectar la importación de insumos como fertilizantes y granos. Fedeleche ha activado un plan de contención que incluye mesas de diálogo ministerial y una reestructuración financiera de los productores.
En paralelo, se han presentado soluciones innovadoras para desafíos críticos del siglo XXI en áreas como minería sostenible, escasez hídrica y acceso a educación tecnológica. La creciente demanda por fondos de inversión añade volatilidad al mercado.
Finalmente, se ha anunciado una relicitación del estudio del proyecto de ampliación del Aeropuerto de Santiago, impulsado por el gobierno anterior, debido a la necesidad de ajustar la iniciativa al presupuesto disponible, actualizar las proyecciones de demanda y ampliar la participación de consultoras internacionales.
